¿Reformas para qué?
En su precipitada carrera por huir lo más que puedan de un Estado de Derecho Constitucional, los detentadores de los órganos del Estado y sus ujieres no escatiman los medios para escapar a cualquier instrumento limitador y organizador de los poderes del Estado. Enemigos solapados de la democracia representativa, también lo son de la democracia participativa aún cuando ambas son imperativos impuestos por la realidad y por la historia. Por eso buscan la vía reformista que les permita actuar de espaldas a los más caros principios de la soberanía popular y, por ende, de espalda también a los más caros objetivos e intereses populares.
Desde el momento en que han amputado y decapitado al pueblo de sus facultades soberanas, empezando por el ejercicio del poder constituyente, la vía de las reformas que se viene utilizando permite el recurrir a una serie de "argucias" y "triquiñuelas" que recurren a todos los medios a su alcance para evitar seguir el debido proceso en la presentación, discusión, aprobación y aplicación de medidas o normas de carácter económico, social o político.
El panorama no puede ser más angustiante frente a los urgentes cambios estructurales que exige la sociedad panameña y las deshauciadas instituciones del Estado existente. Y no puede ser de otra manera porque las reformas electorales, tributarias, judiciales y demás, se traducen en verdaderas operaciones de fraude al constitucionalismo que debería primar en los momentos en que nos encontramos. La fórmula del fraude constitucional a la cual se viene recurriendo, a través de las denominadas "reformas" , lo que persiguen es crear un nuevo régimen electoral, tributario, económico y político mucho más antipopular, antidemocrático y antinacional del actualmente existente. Ello es así, porque lo que realmente los motiva es evitar cualquier cambio constitucional verdadero, cualquier grado de participación ciudadana en los asuntos de gobierno y, de manera muy especial, permitir el pleno ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión.
Tal vez sea conveniente recordar -la historia ayuda a la memoria- que Hitler consiguió el poder, implantó la más execrable dictadura y aniquiló la estructura constitucional de la República de Weimar, apelando a la propia legalidad de la Constitución de 1919. Los actuales gobernantes panameños y sus nuevos socios "en sociedad asociada", al tiempo en que se han convertido en los más mordaces defensores de la constitución militarista de 1972 y en los principales adversarios a un cambio constitucional, se dedican a evitar por todos los medios la destrucción del sistema constitucional autoritario y a darle su propia legalidad, antes solo perredista, ahora también arnulfista.
En un país como el nuestro, con una vida democrática tan precaria y una ausencia tan grande de sentimiento constitucional, en el cual las interpertaciones arbitrarias e interesadas están por encima de la legalidad y la legitimidad, las reformas electorales, así como las reformas tributarias, vienen a cumplir el papel de restringir al máximo la participación ciudadana y a desterrar -lo más lejos posible en el tiempo y en la distancia- al ejercicio del poder constituyente y a la tarea cívica de dotarnos de nuevas y democraticas estructuras de poder, de gobierno, de actuación institucional, dentro de un marco de institucionalidad democrática y no dedocrática.
La vía reformista, como lo demuestra el contenido de las reformas que han sido planteadas, busca evadir el principio político democrático al igual que el principio jurídico de la supremacía constitucional. Los gobernantes de espaldas a los gobernados. Los gobernados privados del pleno ejercicio de su voluntad y sin un sistema pleno de garantías y de garantías plenas para asegurar sus libertades. Por eso es que es necesario preguntarse: ¿reforma para qué, si la democracia no se ve?
Estamos en manos de quienes nos demuestran cotidianamente que no les importa quedar cegatos si logran que los ciudadanos queden tuertos. Pero todavía debe quedarnos la esperanza de hacer realidad que "en el país de los ciegos, el tuerto es rey" y, es por ello, que debemos redoblar nuestros esfuerzos de conocer más y mejor nuestros derechos para poder ejercerlos.
(mabernal@sinfo.net)
Desde el momento en que han amputado y decapitado al pueblo de sus facultades soberanas, empezando por el ejercicio del poder constituyente, la vía de las reformas que se viene utilizando permite el recurrir a una serie de "argucias" y "triquiñuelas" que recurren a todos los medios a su alcance para evitar seguir el debido proceso en la presentación, discusión, aprobación y aplicación de medidas o normas de carácter económico, social o político.
El panorama no puede ser más angustiante frente a los urgentes cambios estructurales que exige la sociedad panameña y las deshauciadas instituciones del Estado existente. Y no puede ser de otra manera porque las reformas electorales, tributarias, judiciales y demás, se traducen en verdaderas operaciones de fraude al constitucionalismo que debería primar en los momentos en que nos encontramos. La fórmula del fraude constitucional a la cual se viene recurriendo, a través de las denominadas "reformas" , lo que persiguen es crear un nuevo régimen electoral, tributario, económico y político mucho más antipopular, antidemocrático y antinacional del actualmente existente. Ello es así, porque lo que realmente los motiva es evitar cualquier cambio constitucional verdadero, cualquier grado de participación ciudadana en los asuntos de gobierno y, de manera muy especial, permitir el pleno ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión.
Tal vez sea conveniente recordar -la historia ayuda a la memoria- que Hitler consiguió el poder, implantó la más execrable dictadura y aniquiló la estructura constitucional de la República de Weimar, apelando a la propia legalidad de la Constitución de 1919. Los actuales gobernantes panameños y sus nuevos socios "en sociedad asociada", al tiempo en que se han convertido en los más mordaces defensores de la constitución militarista de 1972 y en los principales adversarios a un cambio constitucional, se dedican a evitar por todos los medios la destrucción del sistema constitucional autoritario y a darle su propia legalidad, antes solo perredista, ahora también arnulfista.
En un país como el nuestro, con una vida democrática tan precaria y una ausencia tan grande de sentimiento constitucional, en el cual las interpertaciones arbitrarias e interesadas están por encima de la legalidad y la legitimidad, las reformas electorales, así como las reformas tributarias, vienen a cumplir el papel de restringir al máximo la participación ciudadana y a desterrar -lo más lejos posible en el tiempo y en la distancia- al ejercicio del poder constituyente y a la tarea cívica de dotarnos de nuevas y democraticas estructuras de poder, de gobierno, de actuación institucional, dentro de un marco de institucionalidad democrática y no dedocrática.
La vía reformista, como lo demuestra el contenido de las reformas que han sido planteadas, busca evadir el principio político democrático al igual que el principio jurídico de la supremacía constitucional. Los gobernantes de espaldas a los gobernados. Los gobernados privados del pleno ejercicio de su voluntad y sin un sistema pleno de garantías y de garantías plenas para asegurar sus libertades. Por eso es que es necesario preguntarse: ¿reforma para qué, si la democracia no se ve?
Estamos en manos de quienes nos demuestran cotidianamente que no les importa quedar cegatos si logran que los ciudadanos queden tuertos. Pero todavía debe quedarnos la esperanza de hacer realidad que "en el país de los ciegos, el tuerto es rey" y, es por ello, que debemos redoblar nuestros esfuerzos de conocer más y mejor nuestros derechos para poder ejercerlos.
(mabernal@sinfo.net)
