¿Reformas para qué?
Las reformas a la Constitución Nacional se han convertido en el mote de nuestros gobernantes. Cada vez que confrontamos una crisis traen a colación el tema para distraernos, cloroformarnos. Desean mitigar el hambre del pueblo con circo porque eso es lo único de lo que son capaces. Jamás concretan nada y omiten informarnos en qué consisten las reformas que tanto ansían, pues muchos ni siquiera conocen lo que involucra semejante tarea. Algunos abogan por las reformas por boga y otros tantos sólo pretenden ver cómo pescan en río revuelto. Son poquísimos los que responsablemente han dado a conocer el contenido y alcance de las mismas.
La Constitución Nacional de un país es el conjunto de normas que le dan una fisonomía al Estado y exige, por consiguiente, el pleno conocimiento e interpretación de los numerosos y confusos conocimientos sociales que proporcionan el alcance y limitaciones de los conceptos de soberanía, poder público, poder constituyente, interdependencia, pueblo, nación y Estado. Es la Carta Magna la que señala la determinación del pueblo de establecer para su gobierno los principios, que según él, conduzca al mayor bien de la nación.
Los neoliberales, por supuesto, son los más interesados que se derogue o cambie la actual Constitución, pues los principios sociales en ella consagrados constituyen un obstáculo a sus pretensiones. Existen en nuestra Constitución Nacional innumerables principios que estatuyen obligaciones al Estado, sobre todo en lo que concierne al trabajo, la salud, la educación, vivienda, etc., que constituyen una obligación para la clase gobernante y aunque en la práctica no cumplen, su simple evocación molesta a muchos.
222...la mayor parte de las reformas de carácter político que el país reclama pueden ser ejecutadas de inmediato sin necesidad de modificar el texto constitucional vigente.
Determinadas las reformas y su alcance, conocidas las aspiraciones del pueblo, tarea primaria y esencial, tenemos que confrontar luego el no menos serio problema de determinar ¿quiénes serán los constituyentes y cómo habrán de ser seleccionados? Problema grave pues si los constituyentes manifiestan analogía con los políticos que actualmente se agitan en el entorno político, no obtendremos nada diferente a la hecatombe por la que hoy atravesamos. Es fundamental que la reforma a la Constitución no tenga ningún sesgo de partidocracia, por consiguiente, debemos iniciar por una rigurosa selección de los constituyentes que no basta mantengan una vida acrisolada, sino también tenga el suficiente sentido social como para comprender y estatuir la limitación contra la autoridad, contra el poder de las clases privilegiadas, el abuso de los fuertes, el derecho plenamente garantizado a la salud, el trabajo, a la vivienda, a la educación, etc.
Habida cuenta de lo anterior, la idea de promover una reforma constitucional no nos parece afortunada en estos momentos. El país no está hoy en las mejores condiciones para acometer la reforma de la ley suprema. Por otro lado, quienes detentan el poder político son una elite que su protagonismo, además de vergonzoso, no ofrece ninguna confiabilidad. Lo que los panameños necesitamos no es precisamente reformar la Constitución sino asegurar que se cumpla la actual. Y, sobre todo, exigir que el país sea gobernado con espíritu de austeridad, transparencia, honestidad, institucionalidad y democráticamente, principios plenamente establecidos en nuestra vigente Constitución Nacional.
Juzgamos que no es conveniente sumar nuevos problemas de naturaleza institucional a los muchos que hoy nos agobian. Creemos que la mayor parte de las reformas de carácter político que el país reclama pueden ser ejecutadas de inmediato sin necesidad de modificar el texto constitucional vigente. No es preciso una reforma constitucional para lograr una reestructuración total de los gastos del Estado, con base a un orden prioritario donde las necesidades de las mayorías prevalezcan; nada se opone a que se recorten ya mismo los gastos de los diferentes Organos del Estado, iniciando por los altísimos salarios que devengan algunos funcionarios que para nada se compadecen con la economía nacional ni con el trabajo realizado; nada impide que de una vez los gobernantes cesen con el nepotismo, que se establezca una política judicial en la que se persigan los delitos y se acabe con la impunidad a igual que se ponga en vigencia una reforma fiscal en donde quienes más ganan más tributen; etc.
Nuestro problema no es de orden Constitucional. Nuestra Constitución, en términos generales, nos conduce por el camino de la equidad y justicia social. Nuestro problema es de actitudes, de las cualidades de la clase política. Por ello es fundamental que se tome conciencia de que ninguna reforma técnica o institucional será suficiente si no se modifica, a la vez, el concepto de lo que significa la acción política como acto de servicio y renovación moral.
(egrimal@cableonda.net)
La Constitución Nacional de un país es el conjunto de normas que le dan una fisonomía al Estado y exige, por consiguiente, el pleno conocimiento e interpretación de los numerosos y confusos conocimientos sociales que proporcionan el alcance y limitaciones de los conceptos de soberanía, poder público, poder constituyente, interdependencia, pueblo, nación y Estado. Es la Carta Magna la que señala la determinación del pueblo de establecer para su gobierno los principios, que según él, conduzca al mayor bien de la nación.
Los neoliberales, por supuesto, son los más interesados que se derogue o cambie la actual Constitución, pues los principios sociales en ella consagrados constituyen un obstáculo a sus pretensiones. Existen en nuestra Constitución Nacional innumerables principios que estatuyen obligaciones al Estado, sobre todo en lo que concierne al trabajo, la salud, la educación, vivienda, etc., que constituyen una obligación para la clase gobernante y aunque en la práctica no cumplen, su simple evocación molesta a muchos.
222...la mayor parte de las reformas de carácter político que el país reclama pueden ser ejecutadas de inmediato sin necesidad de modificar el texto constitucional vigente.
Determinadas las reformas y su alcance, conocidas las aspiraciones del pueblo, tarea primaria y esencial, tenemos que confrontar luego el no menos serio problema de determinar ¿quiénes serán los constituyentes y cómo habrán de ser seleccionados? Problema grave pues si los constituyentes manifiestan analogía con los políticos que actualmente se agitan en el entorno político, no obtendremos nada diferente a la hecatombe por la que hoy atravesamos. Es fundamental que la reforma a la Constitución no tenga ningún sesgo de partidocracia, por consiguiente, debemos iniciar por una rigurosa selección de los constituyentes que no basta mantengan una vida acrisolada, sino también tenga el suficiente sentido social como para comprender y estatuir la limitación contra la autoridad, contra el poder de las clases privilegiadas, el abuso de los fuertes, el derecho plenamente garantizado a la salud, el trabajo, a la vivienda, a la educación, etc.
Habida cuenta de lo anterior, la idea de promover una reforma constitucional no nos parece afortunada en estos momentos. El país no está hoy en las mejores condiciones para acometer la reforma de la ley suprema. Por otro lado, quienes detentan el poder político son una elite que su protagonismo, además de vergonzoso, no ofrece ninguna confiabilidad. Lo que los panameños necesitamos no es precisamente reformar la Constitución sino asegurar que se cumpla la actual. Y, sobre todo, exigir que el país sea gobernado con espíritu de austeridad, transparencia, honestidad, institucionalidad y democráticamente, principios plenamente establecidos en nuestra vigente Constitución Nacional.
Juzgamos que no es conveniente sumar nuevos problemas de naturaleza institucional a los muchos que hoy nos agobian. Creemos que la mayor parte de las reformas de carácter político que el país reclama pueden ser ejecutadas de inmediato sin necesidad de modificar el texto constitucional vigente. No es preciso una reforma constitucional para lograr una reestructuración total de los gastos del Estado, con base a un orden prioritario donde las necesidades de las mayorías prevalezcan; nada se opone a que se recorten ya mismo los gastos de los diferentes Organos del Estado, iniciando por los altísimos salarios que devengan algunos funcionarios que para nada se compadecen con la economía nacional ni con el trabajo realizado; nada impide que de una vez los gobernantes cesen con el nepotismo, que se establezca una política judicial en la que se persigan los delitos y se acabe con la impunidad a igual que se ponga en vigencia una reforma fiscal en donde quienes más ganan más tributen; etc.
Nuestro problema no es de orden Constitucional. Nuestra Constitución, en términos generales, nos conduce por el camino de la equidad y justicia social. Nuestro problema es de actitudes, de las cualidades de la clase política. Por ello es fundamental que se tome conciencia de que ninguna reforma técnica o institucional será suficiente si no se modifica, a la vez, el concepto de lo que significa la acción política como acto de servicio y renovación moral.
(egrimal@cableonda.net)
