Reformas penales
Auspiciado por la Corte Suprema de Justicia, se aprobó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que persigue dar mayor participación a las víctimas de delitos en los procesos, donde se investiga y juzga a sus supuestos agresores.
Se trata de un concepto nuevo en nuestro medio y en la misma disciplina del Derecho Penal, acostumbrado a victimizar a los delincuentes, responsabilizar a la sociedad e ignorar a los agraviados. Se procura en consecuencia, tutelar el derecho de las víctimas, facilitando su intervención en el proceso con miras a que obtenga una reparación de sus perjuicios y un justo castigo para el responsable.
Paralelamente, el legislador Víctor Méndez Fábrega impulsa otro proyecto que tiende a incrementar las penas, incluyendo la incorporación de la cadena perpetua como máxima sanción en casos de delitos particularmente horrendos.
Pero como siempre, han surgido las voces acostumbradas que se suelen distinguir por su particular defensa de los delincuentes, repitiendo sus argumentos usuales en favor de la resocialización, la prevención y la victimización de los criminales, oponiéndose al incremento de las penas.
Dicen en esencia que el incremento de las penas no garantiza el descenso de los índices de delincuencia. Mas sin embargo, replicamos que mucho menos es solución el devolver alegremente a las calles a peligrosos antisociales por el sólo hecho de que las cárceles están colmadas.
Porque a fin de cuentas, el hacinamiento carcelario no está siendo afrontado con más amplios y eficientes centros de reclusión, sino echando a los delincuentes a la calle y exponiendo a la ciudadanía a su acción cotidiana.
¿Qué otra cosa ocurrió, por ejemplo, a una de nuestras compañeras de labores mientras retornaba a casa en su automóvil por la autopista Arraiján-La Chorrera, cuando fue agredida a pedradas por delincuentes que se parapetaron tras el puente del desvío a Vacamonte, al comprobar que nadie podía ser detenido por un simple "daño a la propiedad ajena"? ¿No fue acaso tentativa de asalto o algo peor? ¿Por qué aguardar a que ocurra una víctima para ponerlos a buen resguardo?
La verdad es que nuestro régimen penal está plagado de leyes permisivas, que sólo protegen a los delincuentes y dejan inerme al resto de la sociedad. No es justo que por el hecho de no contar con instrumentos de resocialización, el gobierno se haga de la vista gorda y oídos sordos con la delincuencia, dando la espalda a quienes pagan sus impuestos para que el Estado, entre otras cosas, cumpla con su deber elemental de proporcionarle un mínimo de seguridad.
Se trata de un concepto nuevo en nuestro medio y en la misma disciplina del Derecho Penal, acostumbrado a victimizar a los delincuentes, responsabilizar a la sociedad e ignorar a los agraviados. Se procura en consecuencia, tutelar el derecho de las víctimas, facilitando su intervención en el proceso con miras a que obtenga una reparación de sus perjuicios y un justo castigo para el responsable.
Paralelamente, el legislador Víctor Méndez Fábrega impulsa otro proyecto que tiende a incrementar las penas, incluyendo la incorporación de la cadena perpetua como máxima sanción en casos de delitos particularmente horrendos.
Pero como siempre, han surgido las voces acostumbradas que se suelen distinguir por su particular defensa de los delincuentes, repitiendo sus argumentos usuales en favor de la resocialización, la prevención y la victimización de los criminales, oponiéndose al incremento de las penas.
Dicen en esencia que el incremento de las penas no garantiza el descenso de los índices de delincuencia. Mas sin embargo, replicamos que mucho menos es solución el devolver alegremente a las calles a peligrosos antisociales por el sólo hecho de que las cárceles están colmadas.
Porque a fin de cuentas, el hacinamiento carcelario no está siendo afrontado con más amplios y eficientes centros de reclusión, sino echando a los delincuentes a la calle y exponiendo a la ciudadanía a su acción cotidiana.
¿Qué otra cosa ocurrió, por ejemplo, a una de nuestras compañeras de labores mientras retornaba a casa en su automóvil por la autopista Arraiján-La Chorrera, cuando fue agredida a pedradas por delincuentes que se parapetaron tras el puente del desvío a Vacamonte, al comprobar que nadie podía ser detenido por un simple "daño a la propiedad ajena"? ¿No fue acaso tentativa de asalto o algo peor? ¿Por qué aguardar a que ocurra una víctima para ponerlos a buen resguardo?
La verdad es que nuestro régimen penal está plagado de leyes permisivas, que sólo protegen a los delincuentes y dejan inerme al resto de la sociedad. No es justo que por el hecho de no contar con instrumentos de resocialización, el gobierno se haga de la vista gorda y oídos sordos con la delincuencia, dando la espalda a quienes pagan sus impuestos para que el Estado, entre otras cosas, cumpla con su deber elemental de proporcionarle un mínimo de seguridad.
