Reforzar la base institucional
Panamá está en la mira de los inversionistas del mundo entero por múltiples razones, entre ellas, la ampliación de nuestro canal interoceánico y, por supuesto, la cantidad de oportunidades que se presentan con ocasión de contar a través de nuestro suelo, con el paso obligado de miles de buques que transportan las mercancías que se mueven en virtud del comercio global, a la par de tener como moneda de curso legal el dólar, y una relativa estabilidad política y social.
Según la prestigiosa revista The Economist, la economía panameña crece sostenidamente a las mismas tasas que la china, y eso podría ayudarnos a insertarnos entre los países desarrollados, a muy corto plazo; pero también se advierte que uno de los factores del retraso en lograr ese objetivo es la débil base institucional con la que cuenta el país.
Para nadie es un secreto que nuestras instituciones han ido perdiendo la confianza de la ciudadanía, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el ámbito de de la legislación. La desconfianza se basa en el rejuego político, que en muchas ocasiones logra que se desvirtúe no sólo el espíritu, sino el texto mismo de las disposiciones legales.
En los últimos cinco años, a partir del año 2002, hemos contado con legislación moderna en materia de transparencia gubernamental y últimamente en lo que toca con la contratación pública. Sin embargo, la base institucionalidad de la administración de justicia panameña sigue siendo muy débil, lo que muy poco ayuda al propósito de generar la suficiente seguridad jurídica que permita a Panamá servir de imán poderoso de la inversión extranjera, más que por su posición geográfica, por la confianza que genere el país mismo, como sede segura de inversiones productivas. Ese debe ser el principal propósito nacional, para lograr el desarrollo.
Según la prestigiosa revista The Economist, la economía panameña crece sostenidamente a las mismas tasas que la china, y eso podría ayudarnos a insertarnos entre los países desarrollados, a muy corto plazo; pero también se advierte que uno de los factores del retraso en lograr ese objetivo es la débil base institucional con la que cuenta el país.
Para nadie es un secreto que nuestras instituciones han ido perdiendo la confianza de la ciudadanía, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el ámbito de de la legislación. La desconfianza se basa en el rejuego político, que en muchas ocasiones logra que se desvirtúe no sólo el espíritu, sino el texto mismo de las disposiciones legales.
En los últimos cinco años, a partir del año 2002, hemos contado con legislación moderna en materia de transparencia gubernamental y últimamente en lo que toca con la contratación pública. Sin embargo, la base institucionalidad de la administración de justicia panameña sigue siendo muy débil, lo que muy poco ayuda al propósito de generar la suficiente seguridad jurídica que permita a Panamá servir de imán poderoso de la inversión extranjera, más que por su posición geográfica, por la confianza que genere el país mismo, como sede segura de inversiones productivas. Ese debe ser el principal propósito nacional, para lograr el desarrollo.
