Regulaciones impiden el crecimiento
Los más destacados economistas del siglo XX, como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Milton Friedman, nos enseñaron que la pesada mano de la intervención gubernamental impide el crecimiento económico de las naciones. Ahora, eso mismo lo están diciendo los funcionarios del Banco Mundial (BM). Según el informe recién publicado por el BM, "las naciones pobres luchan por reducir la burocracia que enfrentan los negocios y pierden importantes oportunidades de crecimiento". Qué increíblemente positivo es oír a la burocracia internacional decir que hay que reducir la burocracia nacional para eliminar los obstáculos al crecimiento económico.
Otra sorprendente noticia es que Colombia es uno de los dos países que, en el último año, lograron el mayor éxito mejorando el ambiente para fomentar inversiones privadas. El otro es Eslovaquia. Si eso lo está logrando hacer el país latinoamericano acosado por guerrillas comunistas, no existen excusas para que las demás naciones del hemisferio dejen de hacer lo mismo. El avance lo han logrado reduciendo las demoras burocráticas, uno de los mayores dolores de cabeza de los empresarios latinoamericanos e inmensa fuente de corrupción, aumentando la flexibilidad de las leyes laborales y mejorando la información crediticia.
Los países pobres siguen siendo pobres porque es allí considerablemente más difícil operar un negocio, los trámites oficiales son mucho más largos y costosos, a la vez que es deficiente la protección a los derechos de propiedad. La burocracia latinoamericana suele ver a los comerciantes e industriales como enemigos, a quienes hay que encarecerle y dificultarle toda operación, sin darse cuenta que todo ello lo termina pagando el pueblo consumidor de bienes y servicios, con precios más altos y menos alternativas de consumo.
Lamentablemente, Colombia y Eslovaquia son excepciones entre los países pobres. Según Michael Klein, vicepresidente del BM, "los países pobres que necesitan imperiosamente nuevas empresas y trabajos corren el riesgo de rezagarse aún más respecto de los países ricos, que están simplificando las regulaciones y haciendo su ambiente para las inversiones más favorable para los negocios". El informe examina siete tipos de indicadores sobre el ambiente de los negocios en 145 países: la facilidad o dificultad de comenzar un negocio, contratar y despedir trabajadores, el cumplimento de los contratos, la obtención de crédito, la liquidación de una empresa, el registro de propiedades y la protección de los inversores.
En los países que se están empobreciendo, como Cuba, Haití, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Honduras y Paraguay, los políticos y funcionarios dificultan el establecimiento de nuevas empresas, a la vez que hacen más inflexibles las leyes laborales que rigen la contratación y despido de trabajadores. También suelen incumplir los contratos firmados por el gobierno, burlando los derechos de propiedad, con lo cual se ahuyenta toda inversión que no sea efectuada por los amigos del presidente y de su partido, quienes reciben privilegios y protección.
Inclusive políticos latinoamericanos bien intencionados siguen creyendo que el aumento de las indemnizaciones por despido beneficia al pueblo cuando está comprobado que sólo desincentiva la creación de nuevos puestos de trabajo, a la vez que mantiene a trabajadores casados con una empresa en particular -para no perder su indemnización-, cuando sus habilidades podrían ser mejor utilizadas por otras compañías en franco crecimiento. El informe del BM estima que estos costos escondidos de la intervención gubernamental en las operaciones de las empresas son tres veces más altos que los encontrados en los países ricos.
Sin estado de derecho, el crédito no existe. En los países más pobres el crédito bancario fluye hacia los gobiernos, donde la utilización de los fondos se rige por razones políticas, no por su rendimiento económico.
El informe concluye que "los países africanos, seguidos por los de América Latina, han sido los que menos reformaron y los que presentan mayores obstáculos regulatorios para hacer negocios".
(*)Director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.
©www.aipenet.com
Otra sorprendente noticia es que Colombia es uno de los dos países que, en el último año, lograron el mayor éxito mejorando el ambiente para fomentar inversiones privadas. El otro es Eslovaquia. Si eso lo está logrando hacer el país latinoamericano acosado por guerrillas comunistas, no existen excusas para que las demás naciones del hemisferio dejen de hacer lo mismo. El avance lo han logrado reduciendo las demoras burocráticas, uno de los mayores dolores de cabeza de los empresarios latinoamericanos e inmensa fuente de corrupción, aumentando la flexibilidad de las leyes laborales y mejorando la información crediticia.
Los países pobres siguen siendo pobres porque es allí considerablemente más difícil operar un negocio, los trámites oficiales son mucho más largos y costosos, a la vez que es deficiente la protección a los derechos de propiedad. La burocracia latinoamericana suele ver a los comerciantes e industriales como enemigos, a quienes hay que encarecerle y dificultarle toda operación, sin darse cuenta que todo ello lo termina pagando el pueblo consumidor de bienes y servicios, con precios más altos y menos alternativas de consumo.
Lamentablemente, Colombia y Eslovaquia son excepciones entre los países pobres. Según Michael Klein, vicepresidente del BM, "los países pobres que necesitan imperiosamente nuevas empresas y trabajos corren el riesgo de rezagarse aún más respecto de los países ricos, que están simplificando las regulaciones y haciendo su ambiente para las inversiones más favorable para los negocios". El informe examina siete tipos de indicadores sobre el ambiente de los negocios en 145 países: la facilidad o dificultad de comenzar un negocio, contratar y despedir trabajadores, el cumplimento de los contratos, la obtención de crédito, la liquidación de una empresa, el registro de propiedades y la protección de los inversores.
En los países que se están empobreciendo, como Cuba, Haití, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Honduras y Paraguay, los políticos y funcionarios dificultan el establecimiento de nuevas empresas, a la vez que hacen más inflexibles las leyes laborales que rigen la contratación y despido de trabajadores. También suelen incumplir los contratos firmados por el gobierno, burlando los derechos de propiedad, con lo cual se ahuyenta toda inversión que no sea efectuada por los amigos del presidente y de su partido, quienes reciben privilegios y protección.
Inclusive políticos latinoamericanos bien intencionados siguen creyendo que el aumento de las indemnizaciones por despido beneficia al pueblo cuando está comprobado que sólo desincentiva la creación de nuevos puestos de trabajo, a la vez que mantiene a trabajadores casados con una empresa en particular -para no perder su indemnización-, cuando sus habilidades podrían ser mejor utilizadas por otras compañías en franco crecimiento. El informe del BM estima que estos costos escondidos de la intervención gubernamental en las operaciones de las empresas son tres veces más altos que los encontrados en los países ricos.
Sin estado de derecho, el crédito no existe. En los países más pobres el crédito bancario fluye hacia los gobiernos, donde la utilización de los fondos se rige por razones políticas, no por su rendimiento económico.
El informe concluye que "los países africanos, seguidos por los de América Latina, han sido los que menos reformaron y los que presentan mayores obstáculos regulatorios para hacer negocios".
(*)Director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.
©www.aipenet.com
