Reingeniería de la salud pública

¿Cuántos muertos más vendrán? El sistema de salud pública ha generado más de cien víctimas fatales en los últimos diez años debido a diversas fallas en la prestación del servicio. Son tres los casos de muertes masivas desde 1995, a una rata de un gran desastre cada tres años. El primero fue el de los pacientes de hemodiálisis del Seguro Social. Más de una treintena falleció prematuramente por mal manejo de las máquinas y sus dosificadores. Después fue el de los sobre radiados del Oncológico, por la misma causa de deficiente manejo del equipo. En el primer caso, hubo un solo condenado por la Justicia, y ese fue el ex presidente Endara por llamar "asesinos" a los encargados. En el segundo, hubo algunas condenas penales por negligencia y destituciones.
El de los envenenados con dietilenglicol entremezclado con medicamentos elaborados por el Seguro Social es más grave porque era gente sana que fue en busca de alivio a males pasajeros y encontró la muerte. Nadie sabe cuántos son ni cuántos más seguirán sumándose al goteo fatal. El veneno destruye riñones sanos y mata a las víctimas sin mayores opciones. La letalidad es enorme; muchísimo mayor que la provocada por el hanta virus durante la crisis tan bien manejada por el ministro de Salud de entonces, José Manuel Terán.
¿Quién responde por los muertos? ¿Quién indemnizará a sus deudos? Posiblemente nadie, salvo algún vendedor de empanadas o un abogado que nada tiene que ver. Pero si en vez de tener a un Seguro Social fabricando medicinas y administrando hospitales, lo tuviéramos fiscalizando la prestación del mismo servicio por clínicas y laboratorios de prestigio, en estos momentos no estaría en el lastimoso papel de sentado en el banquillo, sino de pie, defendiendo el interés de los afectados.
Lo dijimos mil veces, mientras discutíamos la ley del Seguro Social. La entidad debe dedicarse a lo que bien sabe, a cobrar cuotas, perseguir morosos, administrar los fondos de los asegurados, pagar pensiones y encargar el tratamiento de sus beneficiarios a clínicas y laboratorios privados solventes, que garanticen con su patrimonio y prestigio el buen servicio que la gente pobre se merece y por cuya buena atención pagamos quienes más cuotas aportamos y no sacamos provecho alguno.