Religión en tiempos de democracia
PRÓXIMAMENTE, el Pleno de la Asamblea pasará a discutir el proyecto de Ley 163 "que declara el mes de la Biblia y establece su celebración". Dicho proyecto fue presentado originalmente en noviembre del 2004 por Vladimir Herrera, diputado por Molirena en San Miguelito, y reiterado en septiembre pasado por él mismo. Hace pocas semanas el proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión de Educación presidida ahora por Denis Arce. Como se dice, pues, el proyecto "está caminando".
El articulado propuesto es muy escueto: son tres artículos, el primero de los cuales establece el mes de septiembre como el mes de la Biblia, el segundo declara el 30 de septiembre como el día de la Biblia y el tercero faculta a los municipios, y a las escuelas públicas y privadas, "a promover el mes de la Biblia con la finalidad de elevar y mantener los valores que nos señala la Palabra de Dios". Como se ve, de lo que se trata es de legalizar una serie de actividades de los municipios y las escuelas, que aparentan ser de naturaleza "educativa", pero que más propiamente son de proselitismo religioso. De ser aprobado, el proyecto le permitiría a los políticos -conocidos o encubiertos- llegarle al pueblo "a través de Dios" y facilitaría la asignación de fondos públicos para el desarrollo de estas actividades a cargo de organizaciones religiosas. Según el artículo inicial, el mes de la Biblia, como evento oficial del calendario nacional, se establece con el propósito de "conservar, divulgar y promover la buena moral, la justicia, la tolerancia y la fe, la reconciliación, la paz y el amor al prójimo, para que se desarrolle aún más los valores sociales y familiares, y seguir la palabra de Dios". Si el Estado panameño llegara a hacer suya la idea de que sólo a través de la Biblia se puede promover "la buena moral", dejaríamos de ser una democracia para convertirnos en una especie de teocracia populista. No exagero: en la exposición de motivos, el diputado Herrera afirma que este proyecto envía un mensaje muy claro al pueblo panameño: "La palabra de Dios, la Biblia como fundamento moral es nuestro mejor Proyecto de Nación".
Poco importa que actualmente, y desde hace varios años, en el distrito capital y en San Miguelito, iglesias evangélicas acostumbren festejar en el mes de septiembre el mes de la Biblia. Lo que hay que pensar seriamente es cuáles son las consecuencias para la vida pública cuando se tienen políticos y autoridades que en sus actuaciones tienen el reconocimiento oficial de "seguir la palabra de Dios". Hay que detenerse a pensar en qué queda nuestra democracia si ciertos políticos y autoridades logran efectivamente tener el reconocimiento mayoritario de la población, en ciertos distritos, de que sus actuaciones "siguen los pasos de Dios".
Este no es el lugar para explicar que la lectura de la Biblia ha coexistido con toda clase de regímenes políticos, antes y después del surgimiento de la democracia moderna, o que entre los enemigos de la democracia y las libertades siempre encontramos a personas que buscan imponer una supuesta "realidad superior", hecha de banalidades y lugares comunes, que pretenden sustraídos del cuestionamiento humano porque provienen "directamente de Dios". Tampoco quiero polemizar contra ciertas opiniones para las cuales no existe la separación entre la Iglesia y el Estado, ni daré lecciones sobre la diferencia entre fe, dogma, religión, culto, iglesia y secta.
Creo más apropiado reiterar la posición que expresé en la sesión de la Comisión de Educación en la que se discutió dicho proyecto y a la que fui invitado, junto con otros colegas, por cortesía de la diputada Susana Richa de Torrijos, en ese entonces presidenta de dicha Comisión. En aquella reunión hubo intervenciones brillantes y esclarecedoras de varios juristas que abordaron la cuestión desde puntos de vista muy diversos. Juan Camilo Salas, profesor de la USMA, explicó por qué las creencias religiosas, siendo libertades esenciales en la democracia, no pueden constituir el fundamento de ella en una sociedad abierta y multicultural. Edgardo Molina Mola explicó cómo el proyecto en cuestión atenta contra los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico. Carlos Alfredo López Guevara hizo una explicación histórica de las relaciones entre la iglesia y el Estado y afirmó que la propuesta constituye un retroceso peligroso para las libertades. Rigoberto González explicó cómo el proyecto viola varias disposiciones constitucionales y es indeseable para la democracia. Los cuatro juristas mencionados pidieron el rechazo del proyecto y yo uní mi voz a su petición, pero agregué que si se quiere fomentar los valores de la democracia, sin beneficiar directamente a grupos específicos en detrimento de otros, habría que modificar el proyecto en el sentido de establecer "el día de la espiritualidad" y "el mes de la lectura de los textos sagrados", de modo que no se estableciesen exclusiones de ningún tipo.
No sólo todas las iglesias de credo judeocristiano, sino todas las religiones también, podrían realizar actos conmemorativos del día de la espiritualidad. Es más, los deístas, agnósticos y los ateos, fervientes o no, también tendrían derecho a reclamar su espacio en esta celebración. Les enseñaríamos a los niños que no hay una religión que sea buena y otra mala, y que todo el mundo tiene derecho a que se respete su credo y no se le discrimine por él. Que el Estado es de todos y no de ninguna religión en particular y que tenemos la dicha de contar con una mayoría de ciudadanos bautizados en la Iglesia Católica que está de acuerdo en que así sea.
En mi propuesta también pedí reemplazar el artículo tercero del proyecto por la siguiente prohibición: "Ninguna autoridad de la República podrá asistir a eventos de celebración del día de la espiritualidad en calidad de tal. No podrán financiarse estas actividades con fondos públicos". Esta es la mejor manera de promover una democracia centrada en valores y educar a la comunidad en el principio de igualdad y no discriminación, elementos indispensables del proyecto de una nación que ha hecho de la democracia su camino y su destino.
El articulado propuesto es muy escueto: son tres artículos, el primero de los cuales establece el mes de septiembre como el mes de la Biblia, el segundo declara el 30 de septiembre como el día de la Biblia y el tercero faculta a los municipios, y a las escuelas públicas y privadas, "a promover el mes de la Biblia con la finalidad de elevar y mantener los valores que nos señala la Palabra de Dios". Como se ve, de lo que se trata es de legalizar una serie de actividades de los municipios y las escuelas, que aparentan ser de naturaleza "educativa", pero que más propiamente son de proselitismo religioso. De ser aprobado, el proyecto le permitiría a los políticos -conocidos o encubiertos- llegarle al pueblo "a través de Dios" y facilitaría la asignación de fondos públicos para el desarrollo de estas actividades a cargo de organizaciones religiosas. Según el artículo inicial, el mes de la Biblia, como evento oficial del calendario nacional, se establece con el propósito de "conservar, divulgar y promover la buena moral, la justicia, la tolerancia y la fe, la reconciliación, la paz y el amor al prójimo, para que se desarrolle aún más los valores sociales y familiares, y seguir la palabra de Dios". Si el Estado panameño llegara a hacer suya la idea de que sólo a través de la Biblia se puede promover "la buena moral", dejaríamos de ser una democracia para convertirnos en una especie de teocracia populista. No exagero: en la exposición de motivos, el diputado Herrera afirma que este proyecto envía un mensaje muy claro al pueblo panameño: "La palabra de Dios, la Biblia como fundamento moral es nuestro mejor Proyecto de Nación".
Poco importa que actualmente, y desde hace varios años, en el distrito capital y en San Miguelito, iglesias evangélicas acostumbren festejar en el mes de septiembre el mes de la Biblia. Lo que hay que pensar seriamente es cuáles son las consecuencias para la vida pública cuando se tienen políticos y autoridades que en sus actuaciones tienen el reconocimiento oficial de "seguir la palabra de Dios". Hay que detenerse a pensar en qué queda nuestra democracia si ciertos políticos y autoridades logran efectivamente tener el reconocimiento mayoritario de la población, en ciertos distritos, de que sus actuaciones "siguen los pasos de Dios".
Este no es el lugar para explicar que la lectura de la Biblia ha coexistido con toda clase de regímenes políticos, antes y después del surgimiento de la democracia moderna, o que entre los enemigos de la democracia y las libertades siempre encontramos a personas que buscan imponer una supuesta "realidad superior", hecha de banalidades y lugares comunes, que pretenden sustraídos del cuestionamiento humano porque provienen "directamente de Dios". Tampoco quiero polemizar contra ciertas opiniones para las cuales no existe la separación entre la Iglesia y el Estado, ni daré lecciones sobre la diferencia entre fe, dogma, religión, culto, iglesia y secta.
Creo más apropiado reiterar la posición que expresé en la sesión de la Comisión de Educación en la que se discutió dicho proyecto y a la que fui invitado, junto con otros colegas, por cortesía de la diputada Susana Richa de Torrijos, en ese entonces presidenta de dicha Comisión. En aquella reunión hubo intervenciones brillantes y esclarecedoras de varios juristas que abordaron la cuestión desde puntos de vista muy diversos. Juan Camilo Salas, profesor de la USMA, explicó por qué las creencias religiosas, siendo libertades esenciales en la democracia, no pueden constituir el fundamento de ella en una sociedad abierta y multicultural. Edgardo Molina Mola explicó cómo el proyecto en cuestión atenta contra los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico. Carlos Alfredo López Guevara hizo una explicación histórica de las relaciones entre la iglesia y el Estado y afirmó que la propuesta constituye un retroceso peligroso para las libertades. Rigoberto González explicó cómo el proyecto viola varias disposiciones constitucionales y es indeseable para la democracia. Los cuatro juristas mencionados pidieron el rechazo del proyecto y yo uní mi voz a su petición, pero agregué que si se quiere fomentar los valores de la democracia, sin beneficiar directamente a grupos específicos en detrimento de otros, habría que modificar el proyecto en el sentido de establecer "el día de la espiritualidad" y "el mes de la lectura de los textos sagrados", de modo que no se estableciesen exclusiones de ningún tipo.
No sólo todas las iglesias de credo judeocristiano, sino todas las religiones también, podrían realizar actos conmemorativos del día de la espiritualidad. Es más, los deístas, agnósticos y los ateos, fervientes o no, también tendrían derecho a reclamar su espacio en esta celebración. Les enseñaríamos a los niños que no hay una religión que sea buena y otra mala, y que todo el mundo tiene derecho a que se respete su credo y no se le discrimine por él. Que el Estado es de todos y no de ninguna religión en particular y que tenemos la dicha de contar con una mayoría de ciudadanos bautizados en la Iglesia Católica que está de acuerdo en que así sea.
En mi propuesta también pedí reemplazar el artículo tercero del proyecto por la siguiente prohibición: "Ninguna autoridad de la República podrá asistir a eventos de celebración del día de la espiritualidad en calidad de tal. No podrán financiarse estas actividades con fondos públicos". Esta es la mejor manera de promover una democracia centrada en valores y educar a la comunidad en el principio de igualdad y no discriminación, elementos indispensables del proyecto de una nación que ha hecho de la democracia su camino y su destino.
