Renta Cinco: decisión que nunca llega
El deteriorado complejo de Renta Cinco, ubicado en el corregimiento de Calidonia, es actualmente motivo de preocupación para los vecinos del área, que se sienten amenazados por antisociales, los espectáculos inmorales y por la contaminación que se genera en el lugar.
Los moradores señalan que ya no pueden dejar las puertas de sus casas abiertas porque los ladrones entran "como Pedro por su casa y con pistola en mano se llevan lo que les da la gana".
Señalan que en diversas ocasiones han denunciado esas anomalías ante la Policía Nacional y el representante del corregimiento, Ramón Ashby, pero todo los esfuerzos por solucionar el problema han sido infructuosos, y al contrario, el problema se agrava cada día.
Renta Cinco fue un proyecto habitacional de la Caja de Seguro Social, pero con los años las infraestructuras se deterioraron y fueron condenadas, reubicando a sus habitantes.
No obstante, intrusos de no muy buena costumbres abrieron las puertas y establecieron su residencia en el viejo inmueble, en perjuicio de los vecinos, que tienen que soportar las filtraciones de aguas negras, porque la tuberías están averiadas y no las arreglan porque la casa está condenada, indicaron.
Los moradores de los alrededores, que denunciaron el problema a este diario, pidieron la reserva de su nombre por temor a represalias, ya que otras veces que han puesto denuncias al Ministerio de Salud por la contaminación y suciedad, cuando llegan los inspectores, la gente del edificio los bombardean de piedras, le tiran basura a sus balcones y los intimidan cuando salen a la calle.
Reiteran que ya no saben que hacer para que las autoridades hagan su trabajo y desocupen el lugar, que según ellos, está poblado de rateros, piedreros e indocumentados y sólo unas cuantas familias propietarias permanecen en los apartamentos, porque no tienen recursos o no quieren reubicarse.
En el pasado mes de diciembre, las autoridades decidieron desalojar el edificio, para derrumbarlo, pero activistas de los Derechos Humanos y el representante de Calidonia se opusieron, alegando que en esa fecha no se pueden dar lanzamientos.
Sin embargo, para los afectados, luego de la prohibida fecha no han visto señales de solución, en detrimento de la seguridad de los que viven en las cercanías del "monumento a la desidia".
Por su parte, el encargado de proyectos de la Junta Comunal de Calidonia, Simón Gutiérrez, manifestó que la administración del representante Ashby se opone a que el Ministerio de Vivienda (MIVI) desaloje a los ciudadanos del inmueble sin tener donde ubicarlos, porque tampoco se pueden quedar en la calle.
Los moradores señalan que ya no pueden dejar las puertas de sus casas abiertas porque los ladrones entran "como Pedro por su casa y con pistola en mano se llevan lo que les da la gana".
Señalan que en diversas ocasiones han denunciado esas anomalías ante la Policía Nacional y el representante del corregimiento, Ramón Ashby, pero todo los esfuerzos por solucionar el problema han sido infructuosos, y al contrario, el problema se agrava cada día.
Renta Cinco fue un proyecto habitacional de la Caja de Seguro Social, pero con los años las infraestructuras se deterioraron y fueron condenadas, reubicando a sus habitantes.
No obstante, intrusos de no muy buena costumbres abrieron las puertas y establecieron su residencia en el viejo inmueble, en perjuicio de los vecinos, que tienen que soportar las filtraciones de aguas negras, porque la tuberías están averiadas y no las arreglan porque la casa está condenada, indicaron.
Los moradores de los alrededores, que denunciaron el problema a este diario, pidieron la reserva de su nombre por temor a represalias, ya que otras veces que han puesto denuncias al Ministerio de Salud por la contaminación y suciedad, cuando llegan los inspectores, la gente del edificio los bombardean de piedras, le tiran basura a sus balcones y los intimidan cuando salen a la calle.
Reiteran que ya no saben que hacer para que las autoridades hagan su trabajo y desocupen el lugar, que según ellos, está poblado de rateros, piedreros e indocumentados y sólo unas cuantas familias propietarias permanecen en los apartamentos, porque no tienen recursos o no quieren reubicarse.
En el pasado mes de diciembre, las autoridades decidieron desalojar el edificio, para derrumbarlo, pero activistas de los Derechos Humanos y el representante de Calidonia se opusieron, alegando que en esa fecha no se pueden dar lanzamientos.
Sin embargo, para los afectados, luego de la prohibida fecha no han visto señales de solución, en detrimento de la seguridad de los que viven en las cercanías del "monumento a la desidia".
Por su parte, el encargado de proyectos de la Junta Comunal de Calidonia, Simón Gutiérrez, manifestó que la administración del representante Ashby se opone a que el Ministerio de Vivienda (MIVI) desaloje a los ciudadanos del inmueble sin tener donde ubicarlos, porque tampoco se pueden quedar en la calle.
