Represión no es solución
CUANDO LA inseguridad aumenta, la población se siente atemorizada y exige mano dura, perdiendo muchas veces de vista las verdaderas causas de la situación. Esto es lo que estamos viviendo.
Los datos exponen un aumento en los casos de delincuencia y violencia entre jóvenes, lo que provoca un impacto negativo sobre la opinión pública; no obstante, este incremento se origina más en su expansión demográfica. Aún así, del total de casos jóvenes involucrados en problemas con la justicia, representan sólo el 2% de la juventud.
Además, de la totalidad de casos de delitos graves, únicamente un 3.1% puede atribuirse a las y los jóvenes (II Informe Nacional de Desarrollo Humano 2004).
De acuerdo con datos oficiales, sólo uno de cada diez delitos son cometido por adolescentes; y de los delitos graves (homicidio, violación, secuestro, tráfico ilícito de drogas, robo y lesiones personales) dos de cada cien delitos son cometidos por adolescentes. Pese a esto, el Gobierno propone aumentarles la pena hasta en 12 años, según reza el proyecto de Ley 292.
Por ello, me solidarizo con la declaración de UNICEF al señalar y denunciar que si el Gobierno de Panamá endurece las leyes penales contra la adolescencia violará la Convención sobre Derechos del Niño (CDN), pues la intención de penalizar y tratar a los adolescentes infractores como si fueran adultos es una flagrante violación a la letra y el espíritu de la CDN (artículos 37 y 40) que fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la ONU resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 y que fue firmada y ratificada por la República de Panamá en 1990.
"Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad". (CDN art 37)
La UNICEF, a través del director regional, Nils Kastberg, expone no estar de acuerdo "con una política de mano dura, ni de mano blanda, pero sí con una política de mano justa y sabia. El Estado y la sociedad panameña tienen el deber de garantizar el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes para que conjuntamente con los adultos contribuyan al futuro del país con democracia y justicia para todos".
El proyecto gubernamental establece que la jurisdicción de los jóvenes infractores que tienen entre 18 a 21 años ya no estará más en el MIDES. El nuevo proyecto que busca modificar las penas a los jóvenes infractores determina que esta jurisdicción pasará al Ministerio de Gobierno y Justicia, tal como ocurre en el caso de los mayores que delinquen.
En el artículo 18 del proyecto de Ley 292, establece que los menores permanecerán en los centros de cumplimiento hasta el momento de cumplir 18 años; una vez llegado a esa edad, deberán ser trasladados a un centro penitenciario. Como señala Carlos Lee, es altamente conocido que los centros penitenciarios no reúnen las condiciones necesaria para la resocialización, por tanto el menor que cumpla los 18 años y aún no ha cumplido su condena, interrumpe el proceso de resocialización, perdiéndose la inversión que se haya hecho durante su estadía en el Centro de Cumplimiento de Menores, será absorbido por la criminalidad adulta con más facilidad y eficacia durante sus últimos años de reclusión.
Por otra parte, trasladar la responsabilidad de los centros de cumplimiento de menores al sistema penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia, desnaturaliza el principio de jurisdicción especial de menores.
Hasta la fecha, y a lo largo de todos esos años, el sistema penitenciario no ha podido garantizar a los privados de libertad las condiciones mínimas reconocidas por el orden constitucional y legal nacional y los convenios internacionales; ahora, con estas nuevas responsabilidades, se agravará tanto para los menores como para los adultos privados de libertad.
Creo que estamos asistiendo a la estigmatización de los jóvenes como violentos a la par que vivimos una creciente violencia hacia los jóvenes. El discurso que se incrementa en estos momentos lleva a la criminalización de la juventud.
En América Latina, el que difundió la idea del joven como criminal fue el propio Estado que encontró en la figura del delincuente juvenil un chivo expiatorio para justificar su propia incapacidad de frenar la inseguridad creciente y de resolver muchos problemas, y los medios de comunicación hallaron una mina de oro en esta criminalización de los jóvenes. Esto no significa negar la existencia de violencia creciente en la juventud, pero hay que saber distinguir las representaciones de la criminalización juvenil; así como los comportamientos y acciones de los jóvenes concretos.
Más de la mitad de la población panameña es menor de 25 años y el 57% de los pobres tiene menos de 20 años. Mucha de la responsabilidad de lo que pasa con algunos jóvenes la tiene la propia sociedad que nos les proporciona oportunidades, los invisibiliza y estigmatiza, prevalece la impunidad (Si no es así, cuente los delincuentes de "cuello blanco" que están purgando penas).
Acentuar la dimensión de lo punitivo como lo esencial es un error y en el caso de los jóvenes craso error. Si no existe la prevención traducido en mejores condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y educativas; y si no se desarrolla una verdadera rehabilitación y socialización, estas medidas a larga no solucionan nada como lo han demostrado experiencias en otros países.
raulleisr@hotmail.com
Ronald Barsenas: "Pienso que esta medida perjudicará el tránsito vehicular. Ahora tenemos que dar más vueltas para llegar a nuestro destino. Considero que la ATTT debe buscar otra vía para implementar esta medida".
Los datos exponen un aumento en los casos de delincuencia y violencia entre jóvenes, lo que provoca un impacto negativo sobre la opinión pública; no obstante, este incremento se origina más en su expansión demográfica. Aún así, del total de casos jóvenes involucrados en problemas con la justicia, representan sólo el 2% de la juventud.
Además, de la totalidad de casos de delitos graves, únicamente un 3.1% puede atribuirse a las y los jóvenes (II Informe Nacional de Desarrollo Humano 2004).
De acuerdo con datos oficiales, sólo uno de cada diez delitos son cometido por adolescentes; y de los delitos graves (homicidio, violación, secuestro, tráfico ilícito de drogas, robo y lesiones personales) dos de cada cien delitos son cometidos por adolescentes. Pese a esto, el Gobierno propone aumentarles la pena hasta en 12 años, según reza el proyecto de Ley 292.
Por ello, me solidarizo con la declaración de UNICEF al señalar y denunciar que si el Gobierno de Panamá endurece las leyes penales contra la adolescencia violará la Convención sobre Derechos del Niño (CDN), pues la intención de penalizar y tratar a los adolescentes infractores como si fueran adultos es una flagrante violación a la letra y el espíritu de la CDN (artículos 37 y 40) que fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la ONU resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 y que fue firmada y ratificada por la República de Panamá en 1990.
"Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad". (CDN art 37)
La UNICEF, a través del director regional, Nils Kastberg, expone no estar de acuerdo "con una política de mano dura, ni de mano blanda, pero sí con una política de mano justa y sabia. El Estado y la sociedad panameña tienen el deber de garantizar el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes para que conjuntamente con los adultos contribuyan al futuro del país con democracia y justicia para todos".
El proyecto gubernamental establece que la jurisdicción de los jóvenes infractores que tienen entre 18 a 21 años ya no estará más en el MIDES. El nuevo proyecto que busca modificar las penas a los jóvenes infractores determina que esta jurisdicción pasará al Ministerio de Gobierno y Justicia, tal como ocurre en el caso de los mayores que delinquen.
En el artículo 18 del proyecto de Ley 292, establece que los menores permanecerán en los centros de cumplimiento hasta el momento de cumplir 18 años; una vez llegado a esa edad, deberán ser trasladados a un centro penitenciario. Como señala Carlos Lee, es altamente conocido que los centros penitenciarios no reúnen las condiciones necesaria para la resocialización, por tanto el menor que cumpla los 18 años y aún no ha cumplido su condena, interrumpe el proceso de resocialización, perdiéndose la inversión que se haya hecho durante su estadía en el Centro de Cumplimiento de Menores, será absorbido por la criminalidad adulta con más facilidad y eficacia durante sus últimos años de reclusión.
Por otra parte, trasladar la responsabilidad de los centros de cumplimiento de menores al sistema penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia, desnaturaliza el principio de jurisdicción especial de menores.
Hasta la fecha, y a lo largo de todos esos años, el sistema penitenciario no ha podido garantizar a los privados de libertad las condiciones mínimas reconocidas por el orden constitucional y legal nacional y los convenios internacionales; ahora, con estas nuevas responsabilidades, se agravará tanto para los menores como para los adultos privados de libertad.
Creo que estamos asistiendo a la estigmatización de los jóvenes como violentos a la par que vivimos una creciente violencia hacia los jóvenes. El discurso que se incrementa en estos momentos lleva a la criminalización de la juventud.
En América Latina, el que difundió la idea del joven como criminal fue el propio Estado que encontró en la figura del delincuente juvenil un chivo expiatorio para justificar su propia incapacidad de frenar la inseguridad creciente y de resolver muchos problemas, y los medios de comunicación hallaron una mina de oro en esta criminalización de los jóvenes. Esto no significa negar la existencia de violencia creciente en la juventud, pero hay que saber distinguir las representaciones de la criminalización juvenil; así como los comportamientos y acciones de los jóvenes concretos.
Más de la mitad de la población panameña es menor de 25 años y el 57% de los pobres tiene menos de 20 años. Mucha de la responsabilidad de lo que pasa con algunos jóvenes la tiene la propia sociedad que nos les proporciona oportunidades, los invisibiliza y estigmatiza, prevalece la impunidad (Si no es así, cuente los delincuentes de "cuello blanco" que están purgando penas).
Acentuar la dimensión de lo punitivo como lo esencial es un error y en el caso de los jóvenes craso error. Si no existe la prevención traducido en mejores condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y educativas; y si no se desarrolla una verdadera rehabilitación y socialización, estas medidas a larga no solucionan nada como lo han demostrado experiencias en otros países.
raulleisr@hotmail.com
Ronald Barsenas: "Pienso que esta medida perjudicará el tránsito vehicular. Ahora tenemos que dar más vueltas para llegar a nuestro destino. Considero que la ATTT debe buscar otra vía para implementar esta medida".
