Represión y prevención del delito

En los últimos años en Panamá se ha generalizado los actos delictuales, cada vez es más común observar la disputa de territorio a causa del narcotráfico entre pandillas, los ajusticiamientos bajo la modalidad colombiana, o los asaltos a distintas entidades bancarias. Ante este escenario, se escucha un clamor de la ciudadanía por un aumento de la seguridad, que incluye equipar a la Policía Nacional con mejor armamento y medios de comunicación más sofisticado, aumentos de las penas para el infractor de la justicia ordinaria, situación ya realizada con las modificaciones recientes al Código Penal.

Esa tendencia es conocida en la criminología como “la represión del delito”, la cual tiene su participación directa para que el castigo sea efectivo, logrando una política orientada hacia preservar el orden público y la paz social, funcionando como un elemento de disuasión para que el delincuente no elija el camino del crimen.

No obstante, si bien es cierto que se necesita mejorar y fortalecer los sistemas de seguridad, la denominada “mano dura”, por sí sola, es insuficiente para lograr la paz social. Muchas veces nos enfocamos en el árbol olvidando el bosque; se requiere de una política criminal integral, donde se formulen políticas públicas que ataquen el problema que lleva a una persona a delinquir.

Debe desarrollarse un trabajo social que establezca centro de recepción para jóvenes desempleados, rehabilitación de niños y menores infractores, creación de programas culturales y deportivos, campaña en los medios de comunicación desarrollando un mensaje claro de que la delincuencia no paga, que sólo ofrece dos caminos la muerte o la cárcel.

Debemos frenar los antivalores sociales y resaltar los valores positivos de la juventud, sino logramos realizar una reingeniería social de nuestra sociedad, el aumento de la delincuencia seguirá creciendo con la existencia de mano dura o con cualquier otro plan de seguridad. Los ciudadanos deben ser conscientes y no mirar hacia otro lado, porque el problema de la delincuencia no es tan solo del gobierno, sino es un asunto de Estado, y el Estado somos todos; por ende, los actores sociales deben integrarse para buscar una solución en conjunto, las fundaciones de carácter cívico en defensa de los valores, la iglesia católica, las entidades gubernamentales y la empresa privada.

Unicamente con la integración de las fuerzas vivas del país se puede frenar el flagelo de la delincuencia.