República neutral
En diciembre de 1999, recién inaugurado el Gobierno de Mireya Moscoso, su ministro de Gobierno y Justicia propuso una llamada Estrategia de Seguridad Nacional. Los EU estaban por dejar sus bases militares en nuestro a país en virtud de los Tratados Torrijos-Carter y no hubo dirigente del país que, por convicción o por oportunismo, estuviera dispuesto a acordar su prolongación. El Presidente Pérez Balladares estuvo a punto de iniciar conversaciones para hacerlo y casi acordó un Centro Multilateral Antinarcóticos que incluía una virtual base militar. Sin embargo, por razones que todavía no han sido completamente esclarecidas, rehusó al último momento aceptar el texto que su negociador, sin duda con su visto bueno, había negociado.
Así el Gobierno de la Presidenta Moscoso se encontró con un país que había de asumir a muy corto plazo plena responsabilidad por un Canal interoceánico, con sus desafíos a la seguridad por encima de los que enfrenta normalmente cualquier país. Sin embargo, Panamá había eliminado constitucionalmente cualquier ejército (de todos modos un ejército sería inútil como defensa militar por el costo prohibitivo de armamento y tecnología realmente modernas). Y ya no quedarían bases norteamericanas para proporcionarnos seguridad.
En estas circunstancias fue un acto de responsabilidad del Ministro de Gobierno y Justicia proponer por primera vez en nuestra historia republicana una doctrina de seguridad para nuestro país. Objetivamente se necesitaba y a dicho ministro le competía responder a esta necesidad. Desgraciadamente, su propuesta suponía un concepto tradicional de la seguridad nacional centrada en el Estado y su territorio, partiendo del principio de derecho internacional que legitima el que un Estado recurra a la guerra contra otro Estado en determinadas circunstancias, y sugería un germen de lo que pudiera con el tiempo convertirse en un ejército. Cuando el equipo del PDC (ahora Partido Popular) acompañó al presidente del partido a entrevistarse con el ministro para darle su evaluación del documento, planteó la necesidad de fundamentarlo en el nuevo concepto de Seguridad Humana, desarrollado por el PNUD, como parte integrante del concepto de Desarrollo Humano Sostenible, centrado en el sujeto humano y en sus capacidades y necesidades. Y argumentó que dada nuestra realidad debíamos buscar nuestra seguridad completando la neutralidad del Canal con la de todo nuestro país. El PRD también formuló objeciones de fondo convergentes con las del PDC, y ambos partidos aceptaron, cada uno por su cuenta, trabajar con el Ministro de Gobierno y Justicia en elaborar un documento alternativo.
El trabajo tripartito se realizó durante cinco meses, durante los cuales la presencia del Lic. Marcel Salamín como representante del ministro facilitó que acordáramos un texto por consenso, que luego fue aprobado por una Resolución de Gabinete del 21 de julio de 2000 y firmado por todos los partidos nacionales en existencia. Intitulado Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, este texto contenía la primera política de Estado formalmente identificada como tal. De acuerdo con la misma: 1. "El marco conceptual y filosófico de la Seguridad integral de la República de Panamá es la Doctrina de la Seguridad Humana tal que la concibe el Programa de las Naciones Unidas como componente del desarrollo humano sostenible." 2.Entre los objetivos de la Seguridad, se encuentra: "4.3. Preservar la neutralidad del Canal de Panamá y promover una política exterior tendiente a la neutralidad activa del país que garantice que el Istmo de Panamá no será objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo ni se verá involucrado en confrontaciones violentas entre Estados o dentro de los Estados".
En virtud de esta política de Estado el Poder Ejecutivo se comprometió a una política exterior que condujera a la neutralidad plena y efectiva de todo Panamá como medio de lograr nuestra seguridad. Pero paradójicamente, la Presidenta que formalizó esta política y sus cancilleres la han desconocido reiteradamente
Apenas una año después de la adopción de la política de neutralidad en cuestión, la Presidenta aceptó ser la primera jefa de Estado en visitar al recién electo Presidente de Taiwán. En este contexto firmó un comunicado conjunto con dicho presidente. Si bien como expresión de la visión propia de Panamá algunos principios mencionados en el comunicado son en general válidos, sin embargo incluidos en un comunicado conjunto con el Presidente de Taiwán acerca de las relaciones entre la isla y la tierra firme sugieren una parcialización de parte de Panamá. Y si añadimos a esto la necesaria invitación de visita recíproca por parte del Presidente de Taiwán a Panamá y el apoyo de Panamá a los esfuerzos de Taiwán por ingresar como Estado miembro a algunas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se concluye que el Gobierno de Panamá no ha mantenido el equilibrio de la neutralidad. Ello podría suscitar consecuencias negativas para nuestro país, como cuando China Popular boicoteó el Congreso del Canal que organizó el Presidente Pérez Balladares, sobre todo porque en su visita privada a Beijing como presidente electo, Pérez Balladares le habría dicho al Primer Ministro de China Popular que Panamá reconocería su gobierno en vez del de Taiwán durante su período presidencial, y no lo hizo.
La acción de la Presidenta Moscoso agravó la frustración de China Popular con nuestro gobierno.
Más recientemente, el 11 de febrero de 2003, la Presidenta Moscoso, que no es una asidua asistente a las diversas cumbres presidenciales, sorprendió al país con la celebración en Panamá de una reunión de los presidentes de Centroamérica y del canciller argentino con el Presidente de Colombia. El propósito fue la firma de un comunicado conjunto en el cual calificaron de "terroristas" a "los grupos armados al margen de la ley" que recurren a la violencia en Colombia, la cual trasciende la frontera hacia Panamá. Mencionaron, específicamente, a las FARC. En consecuencia, hicieron un llamado a un severo endurecimiento en el trato con los mismos, hasta que se "elimine todo vínculo, facilidad o relación con dichos grupos terroristas".
El gobierno panameño así asumió el cambio radical de actitud hacia los grupos armados que se ha producido en Colombia bajo el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez y que sólo parece dejar abierta, por lo menos explícitamente, la posibilidad de una lucha hasta la eliminación definitiva de uno del adversario. Es evidente que esta acción por parte de Panamá, el único país limítrofe con Colombia que no sólo participó en el evento, sino que lo patrocinó, niega toda neutralidad en el conflicto colombiano, a pesar de que el Gobierno de Colombia no se ha mostrado hasta ahora capaz de ponerle un alto al desborde de la violencia hacia nuestro territorio. Si bien es verdad que nuestro trato anterior hacia los grupos armados no nos había ahorrado sus violentas intervenciones, nada indica que el nuevo trato no genere intervenciones más violentas todavía. Y si no recurrimos a organizaciones internacionales multilaterales para que nos ayuden aumentar nuestra seguridad, la dinámica violenta de la situación puede llevar al Gobierno a aceptar una vez más la presencia militar norteamericana. Retrocederíamos, entonces, a etapas que pensábamos superadas en el modelo de la relación entre Panamá y los EU.
El 17 de marzo recién pasado, la Presidenta dio otro paso en contra de la neutralidad del país, al firmar junto con los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua un comunicado de apoyo a la posición política del Presidente Bush con respecto a Irak. En su decisión, la Presidenta no tomó en cuenta que Guatemala y Costa Rica, países de nuestra subregión no firmaron el documento. No le dio importancia al hecho de que ninguno de los países grandes latinoamericanos, incluyendo los dos que representan a nuestra región en el Consejo de Seguridad, apoyó la posición norteamericana. No valoró el hecho de que los dos países vecinos de los EU, México y Canadá, con los cuales tiene las relaciones comerciales más fuertes e incluso un tratado de libre comercio, no han compartido su política en este caso. No prestó atención a la más alta autoridad espiritual, por lo menos del mundo occidental, S.S. Juan Pablo II, quien se ha pronunciado contundentemente contra esta guerra. El coraje moral de los Obispos de EU al considerar que la guerra en Irak no satisfacía las exigencias de una guerra justa, no la impresionó. Y no le preocupó el daño que la postura norteamericana le hace a la Organización de las Naciones Unidas, aunque para una país pequeño como el nuestro es una de las pocas garantías que tenemos de no vivir internacionalmente bajo la ley de la selva, sino en un entorno que posee jirones de civilización.
Con estos actos la Presidenta y sus ministros de Relaciones Exteriores han desechado de manera cada vez más manifiesta el compromiso de orientar la política exterior de Panamá hacia la neutralidad activa de todo nuestro país. Lo han hecho sin siquiera sentir la necesidad, puesto que se trata de una política de Estado avalada por todos los partidos políticos del país, de reunir a los partidos y proporcionarles una explicación.
Debemos tener claras las consecuencias de esta grave incoherencia de la política exterior del Gobierno. Habiendo eliminado constitucionalmente todo ejército y, aunque tuviéramos un ejército, no teniendo la economía para dotarnos de armamento moderno para defender nuestro Canal y nuestro país militarmente, sólo quedan dos caminos para lograr nuestra seguridad: o nos declaramos neutrales y practicamos la neutralidad, mientras nos esforzamos diplomáticamente porque el hecho sea reconocido por la comunidad internacional, o podemos caer en la tentación de colocarnos bajo la protección militar de alguna gran potencia, al costo de nuestra real independencia y soberanía, y en condiciones en las cuales puede renacer una voluntad de remilitarización parcial o total. Quienes no trabajen a favor de la neutralidad están buscando, aún si ésta no su intención, una condición de dependencia militar de otro Estado que nos proteja, comprometiendo así nuestra soberanía, e igualmente están preparando la opinión pública para que tolere alguna forma de remilitarización.
Para continuar siendo una República realmente independiente y desmilitarizada, tenemos que trabajar para llegar a ser una República verdaderamente neutral.
(ariyan@sinfo.net)
Así el Gobierno de la Presidenta Moscoso se encontró con un país que había de asumir a muy corto plazo plena responsabilidad por un Canal interoceánico, con sus desafíos a la seguridad por encima de los que enfrenta normalmente cualquier país. Sin embargo, Panamá había eliminado constitucionalmente cualquier ejército (de todos modos un ejército sería inútil como defensa militar por el costo prohibitivo de armamento y tecnología realmente modernas). Y ya no quedarían bases norteamericanas para proporcionarnos seguridad.
En estas circunstancias fue un acto de responsabilidad del Ministro de Gobierno y Justicia proponer por primera vez en nuestra historia republicana una doctrina de seguridad para nuestro país. Objetivamente se necesitaba y a dicho ministro le competía responder a esta necesidad. Desgraciadamente, su propuesta suponía un concepto tradicional de la seguridad nacional centrada en el Estado y su territorio, partiendo del principio de derecho internacional que legitima el que un Estado recurra a la guerra contra otro Estado en determinadas circunstancias, y sugería un germen de lo que pudiera con el tiempo convertirse en un ejército. Cuando el equipo del PDC (ahora Partido Popular) acompañó al presidente del partido a entrevistarse con el ministro para darle su evaluación del documento, planteó la necesidad de fundamentarlo en el nuevo concepto de Seguridad Humana, desarrollado por el PNUD, como parte integrante del concepto de Desarrollo Humano Sostenible, centrado en el sujeto humano y en sus capacidades y necesidades. Y argumentó que dada nuestra realidad debíamos buscar nuestra seguridad completando la neutralidad del Canal con la de todo nuestro país. El PRD también formuló objeciones de fondo convergentes con las del PDC, y ambos partidos aceptaron, cada uno por su cuenta, trabajar con el Ministro de Gobierno y Justicia en elaborar un documento alternativo.
El trabajo tripartito se realizó durante cinco meses, durante los cuales la presencia del Lic. Marcel Salamín como representante del ministro facilitó que acordáramos un texto por consenso, que luego fue aprobado por una Resolución de Gabinete del 21 de julio de 2000 y firmado por todos los partidos nacionales en existencia. Intitulado Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, este texto contenía la primera política de Estado formalmente identificada como tal. De acuerdo con la misma: 1. "El marco conceptual y filosófico de la Seguridad integral de la República de Panamá es la Doctrina de la Seguridad Humana tal que la concibe el Programa de las Naciones Unidas como componente del desarrollo humano sostenible." 2.Entre los objetivos de la Seguridad, se encuentra: "4.3. Preservar la neutralidad del Canal de Panamá y promover una política exterior tendiente a la neutralidad activa del país que garantice que el Istmo de Panamá no será objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo ni se verá involucrado en confrontaciones violentas entre Estados o dentro de los Estados".
En virtud de esta política de Estado el Poder Ejecutivo se comprometió a una política exterior que condujera a la neutralidad plena y efectiva de todo Panamá como medio de lograr nuestra seguridad. Pero paradójicamente, la Presidenta que formalizó esta política y sus cancilleres la han desconocido reiteradamente
Apenas una año después de la adopción de la política de neutralidad en cuestión, la Presidenta aceptó ser la primera jefa de Estado en visitar al recién electo Presidente de Taiwán. En este contexto firmó un comunicado conjunto con dicho presidente. Si bien como expresión de la visión propia de Panamá algunos principios mencionados en el comunicado son en general válidos, sin embargo incluidos en un comunicado conjunto con el Presidente de Taiwán acerca de las relaciones entre la isla y la tierra firme sugieren una parcialización de parte de Panamá. Y si añadimos a esto la necesaria invitación de visita recíproca por parte del Presidente de Taiwán a Panamá y el apoyo de Panamá a los esfuerzos de Taiwán por ingresar como Estado miembro a algunas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se concluye que el Gobierno de Panamá no ha mantenido el equilibrio de la neutralidad. Ello podría suscitar consecuencias negativas para nuestro país, como cuando China Popular boicoteó el Congreso del Canal que organizó el Presidente Pérez Balladares, sobre todo porque en su visita privada a Beijing como presidente electo, Pérez Balladares le habría dicho al Primer Ministro de China Popular que Panamá reconocería su gobierno en vez del de Taiwán durante su período presidencial, y no lo hizo.
La acción de la Presidenta Moscoso agravó la frustración de China Popular con nuestro gobierno.
Más recientemente, el 11 de febrero de 2003, la Presidenta Moscoso, que no es una asidua asistente a las diversas cumbres presidenciales, sorprendió al país con la celebración en Panamá de una reunión de los presidentes de Centroamérica y del canciller argentino con el Presidente de Colombia. El propósito fue la firma de un comunicado conjunto en el cual calificaron de "terroristas" a "los grupos armados al margen de la ley" que recurren a la violencia en Colombia, la cual trasciende la frontera hacia Panamá. Mencionaron, específicamente, a las FARC. En consecuencia, hicieron un llamado a un severo endurecimiento en el trato con los mismos, hasta que se "elimine todo vínculo, facilidad o relación con dichos grupos terroristas".
El gobierno panameño así asumió el cambio radical de actitud hacia los grupos armados que se ha producido en Colombia bajo el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez y que sólo parece dejar abierta, por lo menos explícitamente, la posibilidad de una lucha hasta la eliminación definitiva de uno del adversario. Es evidente que esta acción por parte de Panamá, el único país limítrofe con Colombia que no sólo participó en el evento, sino que lo patrocinó, niega toda neutralidad en el conflicto colombiano, a pesar de que el Gobierno de Colombia no se ha mostrado hasta ahora capaz de ponerle un alto al desborde de la violencia hacia nuestro territorio. Si bien es verdad que nuestro trato anterior hacia los grupos armados no nos había ahorrado sus violentas intervenciones, nada indica que el nuevo trato no genere intervenciones más violentas todavía. Y si no recurrimos a organizaciones internacionales multilaterales para que nos ayuden aumentar nuestra seguridad, la dinámica violenta de la situación puede llevar al Gobierno a aceptar una vez más la presencia militar norteamericana. Retrocederíamos, entonces, a etapas que pensábamos superadas en el modelo de la relación entre Panamá y los EU.
El 17 de marzo recién pasado, la Presidenta dio otro paso en contra de la neutralidad del país, al firmar junto con los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua un comunicado de apoyo a la posición política del Presidente Bush con respecto a Irak. En su decisión, la Presidenta no tomó en cuenta que Guatemala y Costa Rica, países de nuestra subregión no firmaron el documento. No le dio importancia al hecho de que ninguno de los países grandes latinoamericanos, incluyendo los dos que representan a nuestra región en el Consejo de Seguridad, apoyó la posición norteamericana. No valoró el hecho de que los dos países vecinos de los EU, México y Canadá, con los cuales tiene las relaciones comerciales más fuertes e incluso un tratado de libre comercio, no han compartido su política en este caso. No prestó atención a la más alta autoridad espiritual, por lo menos del mundo occidental, S.S. Juan Pablo II, quien se ha pronunciado contundentemente contra esta guerra. El coraje moral de los Obispos de EU al considerar que la guerra en Irak no satisfacía las exigencias de una guerra justa, no la impresionó. Y no le preocupó el daño que la postura norteamericana le hace a la Organización de las Naciones Unidas, aunque para una país pequeño como el nuestro es una de las pocas garantías que tenemos de no vivir internacionalmente bajo la ley de la selva, sino en un entorno que posee jirones de civilización.
Con estos actos la Presidenta y sus ministros de Relaciones Exteriores han desechado de manera cada vez más manifiesta el compromiso de orientar la política exterior de Panamá hacia la neutralidad activa de todo nuestro país. Lo han hecho sin siquiera sentir la necesidad, puesto que se trata de una política de Estado avalada por todos los partidos políticos del país, de reunir a los partidos y proporcionarles una explicación.
Debemos tener claras las consecuencias de esta grave incoherencia de la política exterior del Gobierno. Habiendo eliminado constitucionalmente todo ejército y, aunque tuviéramos un ejército, no teniendo la economía para dotarnos de armamento moderno para defender nuestro Canal y nuestro país militarmente, sólo quedan dos caminos para lograr nuestra seguridad: o nos declaramos neutrales y practicamos la neutralidad, mientras nos esforzamos diplomáticamente porque el hecho sea reconocido por la comunidad internacional, o podemos caer en la tentación de colocarnos bajo la protección militar de alguna gran potencia, al costo de nuestra real independencia y soberanía, y en condiciones en las cuales puede renacer una voluntad de remilitarización parcial o total. Quienes no trabajen a favor de la neutralidad están buscando, aún si ésta no su intención, una condición de dependencia militar de otro Estado que nos proteja, comprometiendo así nuestra soberanía, e igualmente están preparando la opinión pública para que tolere alguna forma de remilitarización.
Para continuar siendo una República realmente independiente y desmilitarizada, tenemos que trabajar para llegar a ser una República verdaderamente neutral.
(ariyan@sinfo.net)
