Responsabilidad del Estado
Casi nunca que se ejecutan trabajos de construcción o reparación de calles por parte de empleados del Estado o de sus contratistas, se toman el cuidado de advertir a automovilistas o transeúntes sobre el peligro que la ejecución de las obras representa. Pocos lo saben, pero existe una normativa de vieja data y fallos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que establecen que el Estado responde de los daños y perjuicios en que incurra por acción u omisión, en esos casos, por las deficiencias de los servicios que preste.
Es discutible que, habiendo sido privatizados los servicios públicos de teléfono y electricidad, deba responder el Estado frente a los particulares perjudicados, por dicho concepto. Se dirá que hay empresas privadas concesionarias que asumen ese riesgo y que así el Estado se desliga y lava sus manos. Pero eso no eso es tan cierto. A fin de cuentas, son servicios cuya titularidad es del Estado, que los da en concesión particular; pero no por eso se desliga de su responsabilidad solidaria, junto con la empresa que presta directamente el servicio. Obviamente, pocos creen necesario demandar al Estado cuando ocurren situaciones de perjuicio por mal funcionamiento, porque las empresas encargadas son solventes y pagan seguros. Pero la responsabilidad existe.
Cuando un automóvil cae en un bache inadvertido y pierde una llanta, amortiguador o sufre cualquier otro daño comprobable, se puede demandar al Estado y al contratista por daños y perjuicios. Con demasiada frecuencia el ciudadano común lo ignora y piensa que es mala suerte y que nadie le responderá. Pero se asombrará que, con frecuencia, el Estado pierde y ha sido condenado. Igual acontece cuando alguien cae por un puente sin barandal.
Igual responsabilidad para el Estado nace, cuando funcionarios incurren en demora injustificada, negativas arbitrarias, abusos de autoridad y manipulaciones que perjudican a los ciudadanos que requieren de su servicio, como es el caso de aprobaciones para empezar a operar un negocio o construir un edificio, o algún mal servicio de salud en un hospital público. Hay incontables fallos de condena contra entidades estatales a las que se ha comprobado haber actuado con dolo o culpa; y junto con el Estado, el respectivo funcionario que ha de responder con su casa, carro, ahorros y con lo que tenga en el bolsillo. Pero lo ignoran. Los ciudadanos y los funcionarios, debieran ser conscientes de sus derechos y responsabilidades.
Es discutible que, habiendo sido privatizados los servicios públicos de teléfono y electricidad, deba responder el Estado frente a los particulares perjudicados, por dicho concepto. Se dirá que hay empresas privadas concesionarias que asumen ese riesgo y que así el Estado se desliga y lava sus manos. Pero eso no eso es tan cierto. A fin de cuentas, son servicios cuya titularidad es del Estado, que los da en concesión particular; pero no por eso se desliga de su responsabilidad solidaria, junto con la empresa que presta directamente el servicio. Obviamente, pocos creen necesario demandar al Estado cuando ocurren situaciones de perjuicio por mal funcionamiento, porque las empresas encargadas son solventes y pagan seguros. Pero la responsabilidad existe.
Cuando un automóvil cae en un bache inadvertido y pierde una llanta, amortiguador o sufre cualquier otro daño comprobable, se puede demandar al Estado y al contratista por daños y perjuicios. Con demasiada frecuencia el ciudadano común lo ignora y piensa que es mala suerte y que nadie le responderá. Pero se asombrará que, con frecuencia, el Estado pierde y ha sido condenado. Igual acontece cuando alguien cae por un puente sin barandal.
Igual responsabilidad para el Estado nace, cuando funcionarios incurren en demora injustificada, negativas arbitrarias, abusos de autoridad y manipulaciones que perjudican a los ciudadanos que requieren de su servicio, como es el caso de aprobaciones para empezar a operar un negocio o construir un edificio, o algún mal servicio de salud en un hospital público. Hay incontables fallos de condena contra entidades estatales a las que se ha comprobado haber actuado con dolo o culpa; y junto con el Estado, el respectivo funcionario que ha de responder con su casa, carro, ahorros y con lo que tenga en el bolsillo. Pero lo ignoran. Los ciudadanos y los funcionarios, debieran ser conscientes de sus derechos y responsabilidades.
