Respuesta de un viejo intelectual
En su réplica del miércoles, Ricardo Arias Calderón me distingue con expresiones de aprecio personal, que le retribuyo con creces. También desestima mi crítica a su recomendación de "superar el discurso antimilitarista de rescate de la civilidad para desarrollar un nuevo discurso de perfeccionamiento de la civilidad". Son dos los argumentos que emplea para descalificar mi opinión: primero, mi supuesta falta de madurez y experiencia, la cual contrasta con su condición de "viejo intelectual"; segundo, que no sustento la crítica con razonamientos "nuevos ni muy válidos".
Por cuanto la solidez del raciocinio nada tiene que ver con la edad de quien lo propone, no es necesario comentar el primer argumento. Sí merece atención, en aras del mejoramiento de la calidad del debate político, la opinión de que no sustento mi crítica con razonamientos sensatos. A mi juicio, el caso no es que mi crítica carezca de sustento, sino que Arias Calderón y yo nos suscribimos a distintas definiciones del término "militarismo". La suya, claramente, es una definición restringida del concepto: la "preponderancia de los militares, de la política militar o del espíritu militar en una nación", según lo establece el diccionario. De allí que para Arias Calderón, la eliminación del ejército mediante la reforma constitucional de 1994 haya bastado para extirpar el cáncer militarista. Según este raciocinio, si no hay militarismo porque la Constitución eliminó el ejército, entonces no hay objeción a cooperar con el partido de la dictadura militar en la etapa "post-militarista".
En contraste, propongo un más amplio entendimiento del fenómeno militarista, fundamentado en la teoría historicista ("path dependent theory", en inglés) y la traumática experiencia de 1968-1989. Además del predominio del elemento militar en el manejo de la cosa pública, el militarismo panameño significó el reemplazo de un ordenamiento jurídico democrático por un engranaje legal autoritario. El militarismo panameño no puede segregarse del fenómeno de la corrupción. Autoritarismo y venalidad son, entonces, las dos caras de la moneda militarista -el legado principal de la dictadura- tal como lo expliqué en "Ilegitimidad y hegemonía" (Editorial La Prensa, 1994). Y ese legado funesto condiciona aún hoy la vida política de la nación, porque el sector político que desde 1989 controla los destinos del país no ha querido promover un cambio fundamental, una profunda democratización de las estructuras formales e informales que se instituyeron bajo la tiranía castrense, como tampoco ha querido impulsar un proceso transparente de esclarecimiento y resarcimiento de las innumerables ilegalidades que ocurrieron durante ese período.
Cuando se entiende el militarismo como una experiencia más amplia, se comprenden mejor las profundas implicaciones que para la vida política del país ha tenido la dictadura militar. Esa dictadura pretendió legitimarse a través de la constitución de 1972, dictada por los cuarteles y todavía vigente, aunque con enmiendas adoptadas en 1978, 1983 y 1994, que aparentemente para Arias Calderón completaron su mutación en un texto democrático. Aparte de su vicio de origen--su imposición como consecuencia de un golpe militar, en que la ciudadanía no tuvo participación alguna, lo que de salida la descalifica como texto democrático--la constitución de 1972 contiene varios ingredientes autoritarios, claramente inspirados por el militarismo.
En lo que respecta al diseño de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, las disposiciones constitucionales vigentes, adoptadas en 1983, desnaturalizaron la representación democrática y el balance de poderes para concentrar el poder político en un órgano ejecutivo entonces dominado por los militares. Este aspecto lo abordé detalladamente en el estudio sobre el comportamiento político de los legisladores ("Forsaken Virtue", febrero de 2001), que Betty Brannan Jaén resumió en su columna de La Prensa (14 de marzo de 2001).
Las estructuras formales e informales del autoritarismo militar--entre las que sobresalen, además de la constitución, el régimen electoral, las "leyes mordaza", las partidas circuitales y otras--aún permanecen vigentes. Por ello, el legado del militarismo aún condiciona, en medida no despreciable, la vida política de la Nación. Además, en los organismos de seguridad, bastiones del militarismo bajo la dictadura, aún siguen vigentes actitudes e individuos vinculados al pasado militarista, como el ideólogo de la doctrina norieguista de seguridad nacional, que hoy ejerce un cargo directivo en la Policía Municipal del distrito capital. Peor aún, como lo confirma El Panamá América (30 de mayo), elementos ligados a las extintas Fuerzas de Defensa todavía poseen suficiente poder como para constituir una seria amenaza a la administración de justicia. Por ello sostengo que mientras no se superen estos resabios de militarismo y no se consolide plenamente el concepto de la ciudadanía democrática, es un error abandonar el "discurso antimilitarista de rescate de la civilidad".
Ricardo Arias Calderón podrá no compartir la definición de "militarismo" que propongo. Pero no puede descartar tan ligeramente mi interpretación como falta de "innovación y de futuro", cuando esa interpretación tiene referentes sólidos en la ciencia política y la realidad panameña, y cuando ha recibido un tratamiento sin precedentes en "Ilegitimidad y hegemonía" y "Forsaken Virtue". Por ello lo exhorto a que revise, con la agudeza que lo caracteriza, esas modestas contribuciones al estudio de la política. Demás está decir que aguardo sus comentarios con sumo interés.
Por cuanto la solidez del raciocinio nada tiene que ver con la edad de quien lo propone, no es necesario comentar el primer argumento. Sí merece atención, en aras del mejoramiento de la calidad del debate político, la opinión de que no sustento mi crítica con razonamientos sensatos. A mi juicio, el caso no es que mi crítica carezca de sustento, sino que Arias Calderón y yo nos suscribimos a distintas definiciones del término "militarismo". La suya, claramente, es una definición restringida del concepto: la "preponderancia de los militares, de la política militar o del espíritu militar en una nación", según lo establece el diccionario. De allí que para Arias Calderón, la eliminación del ejército mediante la reforma constitucional de 1994 haya bastado para extirpar el cáncer militarista. Según este raciocinio, si no hay militarismo porque la Constitución eliminó el ejército, entonces no hay objeción a cooperar con el partido de la dictadura militar en la etapa "post-militarista".
En contraste, propongo un más amplio entendimiento del fenómeno militarista, fundamentado en la teoría historicista ("path dependent theory", en inglés) y la traumática experiencia de 1968-1989. Además del predominio del elemento militar en el manejo de la cosa pública, el militarismo panameño significó el reemplazo de un ordenamiento jurídico democrático por un engranaje legal autoritario. El militarismo panameño no puede segregarse del fenómeno de la corrupción. Autoritarismo y venalidad son, entonces, las dos caras de la moneda militarista -el legado principal de la dictadura- tal como lo expliqué en "Ilegitimidad y hegemonía" (Editorial La Prensa, 1994). Y ese legado funesto condiciona aún hoy la vida política de la nación, porque el sector político que desde 1989 controla los destinos del país no ha querido promover un cambio fundamental, una profunda democratización de las estructuras formales e informales que se instituyeron bajo la tiranía castrense, como tampoco ha querido impulsar un proceso transparente de esclarecimiento y resarcimiento de las innumerables ilegalidades que ocurrieron durante ese período.
Cuando se entiende el militarismo como una experiencia más amplia, se comprenden mejor las profundas implicaciones que para la vida política del país ha tenido la dictadura militar. Esa dictadura pretendió legitimarse a través de la constitución de 1972, dictada por los cuarteles y todavía vigente, aunque con enmiendas adoptadas en 1978, 1983 y 1994, que aparentemente para Arias Calderón completaron su mutación en un texto democrático. Aparte de su vicio de origen--su imposición como consecuencia de un golpe militar, en que la ciudadanía no tuvo participación alguna, lo que de salida la descalifica como texto democrático--la constitución de 1972 contiene varios ingredientes autoritarios, claramente inspirados por el militarismo.
En lo que respecta al diseño de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, las disposiciones constitucionales vigentes, adoptadas en 1983, desnaturalizaron la representación democrática y el balance de poderes para concentrar el poder político en un órgano ejecutivo entonces dominado por los militares. Este aspecto lo abordé detalladamente en el estudio sobre el comportamiento político de los legisladores ("Forsaken Virtue", febrero de 2001), que Betty Brannan Jaén resumió en su columna de La Prensa (14 de marzo de 2001).
Las estructuras formales e informales del autoritarismo militar--entre las que sobresalen, además de la constitución, el régimen electoral, las "leyes mordaza", las partidas circuitales y otras--aún permanecen vigentes. Por ello, el legado del militarismo aún condiciona, en medida no despreciable, la vida política de la Nación. Además, en los organismos de seguridad, bastiones del militarismo bajo la dictadura, aún siguen vigentes actitudes e individuos vinculados al pasado militarista, como el ideólogo de la doctrina norieguista de seguridad nacional, que hoy ejerce un cargo directivo en la Policía Municipal del distrito capital. Peor aún, como lo confirma El Panamá América (30 de mayo), elementos ligados a las extintas Fuerzas de Defensa todavía poseen suficiente poder como para constituir una seria amenaza a la administración de justicia. Por ello sostengo que mientras no se superen estos resabios de militarismo y no se consolide plenamente el concepto de la ciudadanía democrática, es un error abandonar el "discurso antimilitarista de rescate de la civilidad".
Ricardo Arias Calderón podrá no compartir la definición de "militarismo" que propongo. Pero no puede descartar tan ligeramente mi interpretación como falta de "innovación y de futuro", cuando esa interpretación tiene referentes sólidos en la ciencia política y la realidad panameña, y cuando ha recibido un tratamiento sin precedentes en "Ilegitimidad y hegemonía" y "Forsaken Virtue". Por ello lo exhorto a que revise, con la agudeza que lo caracteriza, esas modestas contribuciones al estudio de la política. Demás está decir que aguardo sus comentarios con sumo interés.
