Retenes por placas vencidas
En la mayoría de los países los propietarios de vehículos privados y públicos pagan una sola vez el derecho a la placa de registro. En esos países adelantados de América y Europa, la placa es la identificación permanente y universal del auto, camioneta o bus. Sin embargo, en Panamá, hay que cambiar la placa de metal y el "sticker" o calcomanía de plástico todos los años, porque la tesorería de los municipios la considera, con un insaciable criterio fiscalista, un medio de recaudación de dinero para pagar la frondosa y a menudo incompetente planilla burocrática.
De esta suerte, la renovación anual de la calcomanía y placas se ha convertido en una pesadilla, que obliga al propietario a perder el tiempo en filas congestionadas en lugares como la Alcaldía de Panamá, por ejemplo, donde en los alrededores es una hazaña obtener espacios garantizados de estacionamiento. A la pesadilla se agrega ahora la amenaza y la acción de retenes policiales organizados en las vías de circulación para quitarle la placa a los vehículos que no han cumplido con cambiarlas, previo pago, dentro del plazo establecido autoritariamente por la tesorería municipal.
Estas redadas municipales hacen tabla rasa de parte de las garantías constitucionales individuales y colectivas. Por ejemplo, vulneran el derecho de propiedad puesto que se priva al propietario del vehículo, del uso del bien restringiéndole o anulándole un tiempo la circulación libre por las calles. Asimismo se conculca el derecho al tránsito libre por la república, levantando obstáculos arbitrarios que no otorga la Carta Política. Por otro lado, crean un peligroso precedente si llegara a extrapolarse a otros niveles de actividades. Si la tesorería municipal sanciona de esta manera a los propietarios de vehículos, la dirección de ingresos podría seguir este mismo malhadado camino y establecer castigos inauditos contra quien no paga a tiempo el impuesto a la renta o cualquier otro tributo. No estamos exagerando: ya se sabe que la Caja de Seguro Social maquina regulaciones fatídicas contra las empresas privadas que no aportan sus cuotas, retienen las cuotas de los trabajadores o de alguna forma esquivan el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social. Ya existe una gama de multas y de acciones económicas para que la CSS sancione a las empresas incumplidas, aunque a nadie se le ocurre demandar o sancionar a la dirección de la seguridad social por los pésimos servicios que brinda, como por los que no brinda a los asegurados. Sin embargo, la CSS cobra ciegamente a las empresas supuestamente infractoras, sin reparar en que muchas de las que están en situación de mora es porque han disminuido sus operaciones y algunas corren riesgo de desaparecer.
Así están las cosas en Panamá. El Estado estrecha el cerco hasta la asfixia contra las personas y los agentes económicos. Un reglamento municipal pesa más que la Constitución. Una acción de inconstitucionalidad debe poner freno al exabrupto de privar a una persona del uso del vehículo de su propiedad simplemente porque no incrementó las arcas de la alcaldía al gusto y capricho de funcionarios autócratas.
De esta suerte, la renovación anual de la calcomanía y placas se ha convertido en una pesadilla, que obliga al propietario a perder el tiempo en filas congestionadas en lugares como la Alcaldía de Panamá, por ejemplo, donde en los alrededores es una hazaña obtener espacios garantizados de estacionamiento. A la pesadilla se agrega ahora la amenaza y la acción de retenes policiales organizados en las vías de circulación para quitarle la placa a los vehículos que no han cumplido con cambiarlas, previo pago, dentro del plazo establecido autoritariamente por la tesorería municipal.
Estas redadas municipales hacen tabla rasa de parte de las garantías constitucionales individuales y colectivas. Por ejemplo, vulneran el derecho de propiedad puesto que se priva al propietario del vehículo, del uso del bien restringiéndole o anulándole un tiempo la circulación libre por las calles. Asimismo se conculca el derecho al tránsito libre por la república, levantando obstáculos arbitrarios que no otorga la Carta Política. Por otro lado, crean un peligroso precedente si llegara a extrapolarse a otros niveles de actividades. Si la tesorería municipal sanciona de esta manera a los propietarios de vehículos, la dirección de ingresos podría seguir este mismo malhadado camino y establecer castigos inauditos contra quien no paga a tiempo el impuesto a la renta o cualquier otro tributo. No estamos exagerando: ya se sabe que la Caja de Seguro Social maquina regulaciones fatídicas contra las empresas privadas que no aportan sus cuotas, retienen las cuotas de los trabajadores o de alguna forma esquivan el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social. Ya existe una gama de multas y de acciones económicas para que la CSS sancione a las empresas incumplidas, aunque a nadie se le ocurre demandar o sancionar a la dirección de la seguridad social por los pésimos servicios que brinda, como por los que no brinda a los asegurados. Sin embargo, la CSS cobra ciegamente a las empresas supuestamente infractoras, sin reparar en que muchas de las que están en situación de mora es porque han disminuido sus operaciones y algunas corren riesgo de desaparecer.
Así están las cosas en Panamá. El Estado estrecha el cerco hasta la asfixia contra las personas y los agentes económicos. Un reglamento municipal pesa más que la Constitución. Una acción de inconstitucionalidad debe poner freno al exabrupto de privar a una persona del uso del vehículo de su propiedad simplemente porque no incrementó las arcas de la alcaldía al gusto y capricho de funcionarios autócratas.
