¿Reto Económico o desafío político?
¿Sufre desgaste la economía panameña, o la sociedad entera?. Sufren ambas, a nuestro entender, y los hechos parecen confirmarlo. Hay una tendencia que nos lleva a una especie de involución o retroversión de dudosa herencia: prurito atávico de tribu. Las nuevas teorías coinciden en que el crecimiento económico en buena parte se determina por la habilidad para realizar cambios oportunos en su estructura, sin arrinconar la economía por supuesto. En Panamá este cambio persistentemente ignorado es, por ahora, de impredecible concretización.
Vivimos en crónica inamovilidad, que hace imposible cambiar cosas tan sencillas como el sentido de una calle o la ubicación de una caseta de buses sin que sobrevenga el consiguiente cierre de vías, represión y entorpecimiento de la normalidad. Recientemente manifestantes de una comunidad cerraron calles protestando por la reubicación de una oficina de cobros, asunto trivial frente a los complejos problemas nacionales. El consenso pareciera herméticamente cerrado y colapsados los caminos a las respuestas. Si esto ocurre respecto de porfías anodinas, ¿qué decir en donde es impostergable la transformación estructural de nuestra economía?
Desarrollo equivale a evolucionar sin traumas, con saldo mínimo de conflictos. Esto es más determinante que las políticas mismas de apertura o de protección, según los expertos. El cambio ha sido la clave de las economías desarrolladas, capaces de una readaptación frente a las adversidades: aumento del precio del petróleo y severas fluctuaciones en los mercados financieros. El uso del dólar y la implícita ausencia de un Banco Central del Estado nos ha economizado mayores calamidades librándonos de abismos deficitarios, ofreciendo relativa estabilidad económica.
Salvo por la crisis en el último tramo del gobierno militar, hemos vivido ajenos a grandes sobresaltos. Esta relativa estabilidad logró conjurar la necesidad de mayores cambios, con todo procuró un crecimiento aceptable. La mala noticia es que ahora la economía crece a un ritmo insuficiente para resolver crónicos desajustes de empleo y mejoramiento del ingreso per cápita. En el primer quinquenio de la pasada década (1990 y 1995), la economía creció en promedio 7.18 %, mientras que para la segunda (1996 y 2000), creció a 3.84 %. Con ligeras excepciones, Panamá ha sido rutinariamente estable, pero este factor per se no garantiza el crecimiento. Confirma, además, que la responsabilidad del crecimiento no es compromiso de una administración ni de la otra; en todo caso, se trata de una responsabilidad compartida de todos. Imposible enumerar todos los aspectos que conformarían una reforma integral, pero seguro que éstos no diferirían radicalmente de programas consistentemente debatidos. Una simple comparación de los programas de gobierno de las tres pasadas administraciones lo confirmaría. Con más o menos variantes se reconoce que el modelo actual basado en el proteccionismo, una excesiva injerencia estatal y la inconsistente política de exoneraciones ha conducido a nuestra economía a un progresivo desgaste. Los análisis elaborados por gremios privados como la Cámara de Comercio, Asociación Panameña de Ejecutivos y el Sindicato de Industriales son coincidentes. Por años se ha discutido la necesidad de una reforma económica integral que apunte a mayores índices de prosperidad. Aspectos ampliamente conocidos y compartidos por dirigentes de partidos, gremios, asociaciones y otros grupos de presión.
La solución radica en la impostergable aplicación de reformas que abarquen una efectiva reducción arancelaria a fin de hacer al país más competitivo. Requiere que los gobiernos simplifiquen trámites oficinescos. En lo laboral está pendiente una equilibrada flexibilización del Código de Trabajo -ecuánime para trabajadores y patronos- a fin de aumentar el empleo. Resulta impostergable una reforma tributaria para imprimir eficiencia al sistema.
¿Qué impide que se ponga en marcha un cambio sostenido? Por una parte, la percepción equivocada de que en Panamá el cambio era un lujo innecesario. Por otra, el hecho de grupos obstinadamente aferrados a sus prebendas promoviendo la estratificación del statu quo, y torpedeando cambios que perciben como lesivos a sus intereses. Los obreros favorecen un aumento del salario, pero no una flexibilización de las leyes laborales; el sector privado la privatización y nuevas leyes laborales, pero no una reforma tributaria. Y los gobiernos exigen mayor eficiencia del sector privado y laboral, pero aplazan peligrosamente la modernización del Estado. A la larga nos enfrentamos al mismo funesto resultado: ¡entumecimiento nacional!
Luce como un virtual entendimiento de los grupos económicos y políticos. El reciente anuncio del gobierno para emprender una política de restricción del gasto produjo el rechazo de ciertos voceros del sector privado, alegando que se trata de medidas pro-cíclicas que concitarían la recesión económica. En ese talante lo esgrimió ante la Cámara de Comercio, G. Chapman, ex ministro de Economía. En cuanto un grupo se percibe apremiado de inmediato promueve una atronadora campaña contra la corrupción; agregan elementos apocalípticos, pronostican el caos y garantizan el colapso del sector: destructiva estrategia de nuestro vernáculo abecedario político. Han incurrido en este despropósito industriales, agricultores, obreros, empresarios. Lo sabe además Chapman, que sufrió estos artilugios. Dicha hipersensibilidad ante un hecho irremediable como que el gobierno -quiérase o no- deba corregir sus gastos pareciera una inocultable avanzada en contra de las reformas tributarias.
Por último, lo que ocurre en Panamá sería comparable con la anécdota de un semáforo apagado, donde todos quieren pasar generando un galimatías que les impide seguir a todos. La situación persistirá mientras nadie ceda el paso. El aceptable crecimiento permitió a las capillas mantener sus prerrogativas; pero la sostenida caída del PIB y las posibilidades de un prolongado período de letargo, en alguna medida, pudiera propiciar un catalizador para emprender con éxito un consenso nacional.
Ha desaparecido parte de la acostumbrada estabilidad y con ello también la gobernabilidad en nuestro país. Ojalá que los grupos que compiten en la defensa de sus intereses, se convenzan de que sólo el cambio traerá beneficios a largo plazo; en el corto habrá que incurrir en sacrificios, aunque sea necesario ceder el paso a otros. Persistir con los esquemas tradicionales de entorpecimiento y medias verdades sólo prolongará la legítima aspiración de que todos vivamos mejor. El reto de la reforma, más que económico, parece de carácter político.
Vivimos en crónica inamovilidad, que hace imposible cambiar cosas tan sencillas como el sentido de una calle o la ubicación de una caseta de buses sin que sobrevenga el consiguiente cierre de vías, represión y entorpecimiento de la normalidad. Recientemente manifestantes de una comunidad cerraron calles protestando por la reubicación de una oficina de cobros, asunto trivial frente a los complejos problemas nacionales. El consenso pareciera herméticamente cerrado y colapsados los caminos a las respuestas. Si esto ocurre respecto de porfías anodinas, ¿qué decir en donde es impostergable la transformación estructural de nuestra economía?
Desarrollo equivale a evolucionar sin traumas, con saldo mínimo de conflictos. Esto es más determinante que las políticas mismas de apertura o de protección, según los expertos. El cambio ha sido la clave de las economías desarrolladas, capaces de una readaptación frente a las adversidades: aumento del precio del petróleo y severas fluctuaciones en los mercados financieros. El uso del dólar y la implícita ausencia de un Banco Central del Estado nos ha economizado mayores calamidades librándonos de abismos deficitarios, ofreciendo relativa estabilidad económica.
Salvo por la crisis en el último tramo del gobierno militar, hemos vivido ajenos a grandes sobresaltos. Esta relativa estabilidad logró conjurar la necesidad de mayores cambios, con todo procuró un crecimiento aceptable. La mala noticia es que ahora la economía crece a un ritmo insuficiente para resolver crónicos desajustes de empleo y mejoramiento del ingreso per cápita. En el primer quinquenio de la pasada década (1990 y 1995), la economía creció en promedio 7.18 %, mientras que para la segunda (1996 y 2000), creció a 3.84 %. Con ligeras excepciones, Panamá ha sido rutinariamente estable, pero este factor per se no garantiza el crecimiento. Confirma, además, que la responsabilidad del crecimiento no es compromiso de una administración ni de la otra; en todo caso, se trata de una responsabilidad compartida de todos. Imposible enumerar todos los aspectos que conformarían una reforma integral, pero seguro que éstos no diferirían radicalmente de programas consistentemente debatidos. Una simple comparación de los programas de gobierno de las tres pasadas administraciones lo confirmaría. Con más o menos variantes se reconoce que el modelo actual basado en el proteccionismo, una excesiva injerencia estatal y la inconsistente política de exoneraciones ha conducido a nuestra economía a un progresivo desgaste. Los análisis elaborados por gremios privados como la Cámara de Comercio, Asociación Panameña de Ejecutivos y el Sindicato de Industriales son coincidentes. Por años se ha discutido la necesidad de una reforma económica integral que apunte a mayores índices de prosperidad. Aspectos ampliamente conocidos y compartidos por dirigentes de partidos, gremios, asociaciones y otros grupos de presión.
La solución radica en la impostergable aplicación de reformas que abarquen una efectiva reducción arancelaria a fin de hacer al país más competitivo. Requiere que los gobiernos simplifiquen trámites oficinescos. En lo laboral está pendiente una equilibrada flexibilización del Código de Trabajo -ecuánime para trabajadores y patronos- a fin de aumentar el empleo. Resulta impostergable una reforma tributaria para imprimir eficiencia al sistema.
¿Qué impide que se ponga en marcha un cambio sostenido? Por una parte, la percepción equivocada de que en Panamá el cambio era un lujo innecesario. Por otra, el hecho de grupos obstinadamente aferrados a sus prebendas promoviendo la estratificación del statu quo, y torpedeando cambios que perciben como lesivos a sus intereses. Los obreros favorecen un aumento del salario, pero no una flexibilización de las leyes laborales; el sector privado la privatización y nuevas leyes laborales, pero no una reforma tributaria. Y los gobiernos exigen mayor eficiencia del sector privado y laboral, pero aplazan peligrosamente la modernización del Estado. A la larga nos enfrentamos al mismo funesto resultado: ¡entumecimiento nacional!
Luce como un virtual entendimiento de los grupos económicos y políticos. El reciente anuncio del gobierno para emprender una política de restricción del gasto produjo el rechazo de ciertos voceros del sector privado, alegando que se trata de medidas pro-cíclicas que concitarían la recesión económica. En ese talante lo esgrimió ante la Cámara de Comercio, G. Chapman, ex ministro de Economía. En cuanto un grupo se percibe apremiado de inmediato promueve una atronadora campaña contra la corrupción; agregan elementos apocalípticos, pronostican el caos y garantizan el colapso del sector: destructiva estrategia de nuestro vernáculo abecedario político. Han incurrido en este despropósito industriales, agricultores, obreros, empresarios. Lo sabe además Chapman, que sufrió estos artilugios. Dicha hipersensibilidad ante un hecho irremediable como que el gobierno -quiérase o no- deba corregir sus gastos pareciera una inocultable avanzada en contra de las reformas tributarias.
Por último, lo que ocurre en Panamá sería comparable con la anécdota de un semáforo apagado, donde todos quieren pasar generando un galimatías que les impide seguir a todos. La situación persistirá mientras nadie ceda el paso. El aceptable crecimiento permitió a las capillas mantener sus prerrogativas; pero la sostenida caída del PIB y las posibilidades de un prolongado período de letargo, en alguna medida, pudiera propiciar un catalizador para emprender con éxito un consenso nacional.
Ha desaparecido parte de la acostumbrada estabilidad y con ello también la gobernabilidad en nuestro país. Ojalá que los grupos que compiten en la defensa de sus intereses, se convenzan de que sólo el cambio traerá beneficios a largo plazo; en el corto habrá que incurrir en sacrificios, aunque sea necesario ceder el paso a otros. Persistir con los esquemas tradicionales de entorpecimiento y medias verdades sólo prolongará la legítima aspiración de que todos vivamos mejor. El reto de la reforma, más que económico, parece de carácter político.
