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Retos del pacto


En 1998, se logró articular en el país a un conjunto de sectores interesados en impulsar el proceso de descentralización con el nombre de Coordinación Nacional para la Descentralización y el Desarrollo Local (CONADEL), conformados por los municipios a través de AMUPA, el Congreso General Kuna, la Asamblea de la Sociedad Civil, ONGs(Centro de Estudios y Acción Social Panameño CEASPA e IPADEM Instituto Panameños de Estudios Municipales), Dirección de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno y Justicia (y posteriormente el MEF), con el apoyo de UNICEF, FNUAP y PNUD. La creación de CONADEL tiene un gran significado, pues establece por primera vez una alianza estratégica entre los gobiernos locales y sectores de la sociedad civil.
CONADEL impulsa el establecimiento del Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local, que coloca la propuesta descentralizadora en la agenda política electoral, y es parte de un conjunto de propuestas provenientes de la sociedad civil, que se expresan en el marco del último proceso electoral del siglo, en un año (1999) en que se culminó con la reversión total de los bienes canaleros. Diversos sectores de la sociedad panameña se articularon, para concertar un conjunto de pactos de la sociedad civil con las tres alianzas participantes en el torneo electoral personificados en los tres candidatos a la Presidencia de la República. Los pactos fueron los de la juventud, mujer, descentralización, participación ciudadana y ambiente.
El Pacto por las Descentralización y el Desarrollo Local, firmado el 5 de abril de 1999, constituye el canal a través de cual acuerdan transformar el centralismo y el transitismo, que ha caracterizado a la sociedad panameña. Por ello, se comprometen a "Impulsar decididamente la descentralización político administrativa del Estado panameño, como un proceso de transferencia gradual, equitativa y responsable de competencias, recursos humanos, tecnológicos y económicos, responsabilidades y poder de decisión desde el gobierno central hacia los gobiernos locales".
| Se acuerda -entre otros aspectos claves- incentivar dos comisiones que son claves para impulsar los cambios legales y jurídicos necesarios para lograr el anterior propósito, a través de la creación de una Comisión Presidencial para la Descentralización del Estado, órgano de amplia composición encargado de preparar y coordinar un Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Municipal, y una Comisión de Descentralización y Asuntos Municipales en la Asamblea Legislativa, que prepare y estructuren las leyes necesarias para impulsar el proceso de descentralización.
El 18 de octubre de 1999 la Presidenta de la República crea la Comisión Revisora del Anteproyecto de Ley que modifica la Legislación de los Regímenes Provinciales, Municipales y de Corregimientos, por otra parte, el Legislador Felipe Cano prepara las bases de un Anteproyecto de Ley con la misma finalidad. Existen en la actualidad, pues, dos propuestas de Anteproyectos de Ley, la Comisión nombrada por el Ejecutivo y la que gestiona el HL Felipe Cano desde la Asamblea Legislativa destinadas ambas a modificar las legislaciones de los regímenes provinciales, municipales y de corregimiento. CONADEL trabaja en este momento buscando consensuar ambas propuestas, y que llegue sólo una, la síntesis de lo mejor de las dos, a presentarse en la Asamblea. Se ha obtenido la opinión favorable de la presidenta Mireya Moscoso y del legislador Cano, para unificar y mejorar la propuesta a través de un taller estratégico que prepararía CONADEL.
Además, el Ejecutivo crea, el 4 de febrero del 2000, por Decreto Ejecutivo No.46, la Comisión de Descentralización del Estado y Desarrollo Local, con la finalidad de elaborar un Anteproyecto de Ley conteniendo el Programa Nacional de Descentralización del Estado y Desarrollo Local. Esta Comisión aún no ha sido instalada y adolece de estar compuesta de un excesivo número de integrantes. El gobierno nacional ha prometido revisar esta situación y hacerla más funcional sin perder la necesaria representatividad.
En la Asamblea Legislativa sigue aún en el tapete la creación de una Comisión Permanente sobre el tema de la descentralización y el desarrollo local, que exige capacidad de concertación por parte de los diversos partidos políticos y movimiento ciudadanos. Pero el Pacto supone más que las comisiones mencionadas, pues se puntualizan la necesidad de medidas concretas que apunten al fortalecimiento institucional de las municipalidades y ampliar su capacidad de gerencia social y ambiental. Se reconoce que la descentralización y desarrollo local implica una fuerte participación de la sociedad civil a nivel local, por lo que el desarrollo local debe sumar además de infraestructura, generación productiva y puestos de trabajo a nivel local. El Pacto opta por incorporar a la comunidad en el proceso de planificación participativa de las actividades de desarrollo local. Aprobar los presupuestos municipales, previa consulta popular sobre objetivos, prioridades y asignación de recursos. Implementación del derecho de iniciativa, referéndum municipal que otorgan la Constitución Nacional (Articulo 236) e impulsar la adopción de otros derechos como el cabildo abierto, la revocación, y la participación ciudadana a través de comisiones de desarrollo municipal. Esta parte del Pacto es responsabilidad primaria de los gobiernos locales y la sociedad civil comprometida en el desarrollo local.

101 años de Panamá América

 
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