Retrocediendo a ciegas
EN SU PRIMER ACTO como Presidente de la República, durante el discurso inaugural, nuestro mandatario criticó las medidas castrantes de reglamentación, que su antecesora había aplicado a la Ley de Transparencia de la República. En el auditorio, al igual que en todas las Américas, hubo aplausos para el mandatario que tuvo el coraje de cumplir su palabra y dar el paso hacia un fortalecimiento palpable de nuestra democracia. "¡Sí se puede!" - entonó el presidente del Tribunal Electoral de aquel entonces, Eduardo Valdés Escoffery.
A los pocos meses, ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en la Ciudad de Panamá, el Presidente y su gobierno confirmaron su compromiso con este sendero de libertad de expresión, derogando varios artículos de las leyes mordaza del régimen militar.
El camino parecía enderezarse para empezar a quitar de nuestras leyes el resto de las normas con las que el régimen militar congeló el periodismo panameño por 21 años.
Ahora el retroceso. Hablamos de los tres nuevos artículos que afectan la libertad de expresión en el proyecto de "recodificación" penal, actualmente en segundo debate legislativo.
No quisiera pensar que nuestra Asamblea prepara artículos con miras a amenazas específicas, y que teme a la inteligencia documental con que terceros podrían afectar sus intereses.
Toda medida contra la libertad de expresión siempre tiene un costo que eventualmente pagará la sociedad.
El retroceso que en materia de interés público se producirá con las modificaciones propuestas, nos traslada a períodos y gobiernos de abierto totalitarismo, en los que regímenes se mantienen por el mero hecho de dominar la cosa pública, donde no se le da pie a crítica ni divulgación alguna.
¿De qué le sirve a la ciudadanía panameña tener recursos y nodos de transparencia, hábeas datas y demás, si al final de cuentas la información no puede ser compartida o discutida? Es claro que donde hay recursos públicos, hay interés público, y es claro que una sociedad sin inspección pública de su capital es una sociedad secuestrada.
¿De qué nos sirven las elecciones democráticas, si no funcionan para premiar, castigar o escoger nuevas vías de gobierno, luego una evaluación seria a la gestión de quien está de turno en el poder?
¿Cómo podemos ser honestos, inteligentes en nuestro voto, sin tener acceso a información sobre la administración de la cosa pública?
¿Cómo se espera poder tener mejor información sobre nuestra gestión pública -o cualquier gestión- si se considera ilegal la reproducción de documentos?
La lógica del propuesto artículo 187, tal como se reporta redactado, escapa de cualquiera lógica legislativa racional. Es prácticamente imposible comprender cómo ese artículo puede beneficiar al interés público, más bien implicando una mal velada sugerencia de proteger intereses particulares de algunos que se sienten amenazados por escrutinio documental.
El sugerido artículo 189, a su vez, limita la libre comunicación de ideas, y nuevamente trata de plasmar la inútil y temerosa tarea de legislar contra el mal gusto. Esta norma, además, es prácticamente inoperante en un mundo internacionalizado, sugiriendo que panameños serán culpables de crímenes si comparten una caricatura o una foto tomada de su celular. Imagínense que esto implica que la reproducción de una foto que venga de una agencia, y que alguien crea que genera "perjuicio a terceros", acarrearía cárcel.
Esto incluiría, me imagino, cualquier imagen de cualquier artista despeinado, o de cualquier líder mundial hospitalizado, o cualquier otra persona que no le guste el ángulo de su foto, aún si es de claro interés público.
El último artículo propuesto, el 422, crea una categoría de información tan vaga que deja un abismo de materia tan amplio, como los dos artículos mencionados anteriormente, pues usa el término "información", lo cual fácilmente incluye fotografía, publicidad, documentos o reportes. No estamos siendo irrazonables en nuestra crítica -es claro que hay informaciones de carácter confidencial como la seguridad personal del Presidente o de órganos del Estado-, pero una prohibición tan amplia como la redactada es claramente un retroceso en libertad de expresión.
Winston Churchill escribió que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las otras. Igualmente, para nosotros y para él, la libertad de expresión es difícil, pero mejor que cualquier alternativa.
Los artículos propuestos representan, no sólo un retroceso en nuestras libertades, en nuestros derechos como ciudadanos sino, además, un retroceso sin tener en cuenta las consecuencias, no solamente para este gobierno, sino para nuestra sociedad en el futuro.
A los pocos meses, ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en la Ciudad de Panamá, el Presidente y su gobierno confirmaron su compromiso con este sendero de libertad de expresión, derogando varios artículos de las leyes mordaza del régimen militar.
El camino parecía enderezarse para empezar a quitar de nuestras leyes el resto de las normas con las que el régimen militar congeló el periodismo panameño por 21 años.
Ahora el retroceso. Hablamos de los tres nuevos artículos que afectan la libertad de expresión en el proyecto de "recodificación" penal, actualmente en segundo debate legislativo.
No quisiera pensar que nuestra Asamblea prepara artículos con miras a amenazas específicas, y que teme a la inteligencia documental con que terceros podrían afectar sus intereses.
Toda medida contra la libertad de expresión siempre tiene un costo que eventualmente pagará la sociedad.
El retroceso que en materia de interés público se producirá con las modificaciones propuestas, nos traslada a períodos y gobiernos de abierto totalitarismo, en los que regímenes se mantienen por el mero hecho de dominar la cosa pública, donde no se le da pie a crítica ni divulgación alguna.
¿De qué le sirve a la ciudadanía panameña tener recursos y nodos de transparencia, hábeas datas y demás, si al final de cuentas la información no puede ser compartida o discutida? Es claro que donde hay recursos públicos, hay interés público, y es claro que una sociedad sin inspección pública de su capital es una sociedad secuestrada.
¿De qué nos sirven las elecciones democráticas, si no funcionan para premiar, castigar o escoger nuevas vías de gobierno, luego una evaluación seria a la gestión de quien está de turno en el poder?
¿Cómo podemos ser honestos, inteligentes en nuestro voto, sin tener acceso a información sobre la administración de la cosa pública?
¿Cómo se espera poder tener mejor información sobre nuestra gestión pública -o cualquier gestión- si se considera ilegal la reproducción de documentos?
La lógica del propuesto artículo 187, tal como se reporta redactado, escapa de cualquiera lógica legislativa racional. Es prácticamente imposible comprender cómo ese artículo puede beneficiar al interés público, más bien implicando una mal velada sugerencia de proteger intereses particulares de algunos que se sienten amenazados por escrutinio documental.
El sugerido artículo 189, a su vez, limita la libre comunicación de ideas, y nuevamente trata de plasmar la inútil y temerosa tarea de legislar contra el mal gusto. Esta norma, además, es prácticamente inoperante en un mundo internacionalizado, sugiriendo que panameños serán culpables de crímenes si comparten una caricatura o una foto tomada de su celular. Imagínense que esto implica que la reproducción de una foto que venga de una agencia, y que alguien crea que genera "perjuicio a terceros", acarrearía cárcel.
Esto incluiría, me imagino, cualquier imagen de cualquier artista despeinado, o de cualquier líder mundial hospitalizado, o cualquier otra persona que no le guste el ángulo de su foto, aún si es de claro interés público.
El último artículo propuesto, el 422, crea una categoría de información tan vaga que deja un abismo de materia tan amplio, como los dos artículos mencionados anteriormente, pues usa el término "información", lo cual fácilmente incluye fotografía, publicidad, documentos o reportes. No estamos siendo irrazonables en nuestra crítica -es claro que hay informaciones de carácter confidencial como la seguridad personal del Presidente o de órganos del Estado-, pero una prohibición tan amplia como la redactada es claramente un retroceso en libertad de expresión.
Winston Churchill escribió que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las otras. Igualmente, para nosotros y para él, la libertad de expresión es difícil, pero mejor que cualquier alternativa.
Los artículos propuestos representan, no sólo un retroceso en nuestras libertades, en nuestros derechos como ciudadanos sino, además, un retroceso sin tener en cuenta las consecuencias, no solamente para este gobierno, sino para nuestra sociedad en el futuro.
