Retrocediendo a sabiendas
No hay nada más grave para una Nación, que experimentar esa desagradable sensación que se tiene cuando en vez de avanzar, se percibe y se conoce que se está retrocediendo.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la aprobación en segundo debate de una serie de normas en el Código Penal, que corresponden a esquemas autoritarios del pasado; pero que, en plena democracia del siglo XXI, se antojan como salidos de una manga tan tétrica como antidemocrática.
Si bien este es un país que gusta del boxeo, no nos parece permisible ni serio, que un comentarista de boxeo, haciendo causa común con la presidente del Colegio Nacional de Abogados, den al traste con una aspiración y compromiso recogido en documentos oficiales desde hace años.
En efecto, el documento "Visión Nacional 2020, Repensando el País", surgido del compromiso adoptado en 1998 por todos los partidos políticos, centros académicos y de especialistas, sociedad civil, el entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contiene en su página 53, correspondiente a la Mesa de Nueva Constitución, el siguiente postulado: "14. No podrá decretarse detención preventiva ni imponerse pena de arresto o prisión en los casos de calumnia e injuria; la probada comisión de estos delitos acarreará una sanción de carácter pecuniario".
Este postulado está en perfecta consonancia con las recomendaciones del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el mes de octubre del año 2000. Retroceder es grave, pero hacerlo a sabiendas es, además, un pecado imperdonable.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la aprobación en segundo debate de una serie de normas en el Código Penal, que corresponden a esquemas autoritarios del pasado; pero que, en plena democracia del siglo XXI, se antojan como salidos de una manga tan tétrica como antidemocrática.
Si bien este es un país que gusta del boxeo, no nos parece permisible ni serio, que un comentarista de boxeo, haciendo causa común con la presidente del Colegio Nacional de Abogados, den al traste con una aspiración y compromiso recogido en documentos oficiales desde hace años.
En efecto, el documento "Visión Nacional 2020, Repensando el País", surgido del compromiso adoptado en 1998 por todos los partidos políticos, centros académicos y de especialistas, sociedad civil, el entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contiene en su página 53, correspondiente a la Mesa de Nueva Constitución, el siguiente postulado: "14. No podrá decretarse detención preventiva ni imponerse pena de arresto o prisión en los casos de calumnia e injuria; la probada comisión de estos delitos acarreará una sanción de carácter pecuniario".
Este postulado está en perfecta consonancia con las recomendaciones del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el mes de octubre del año 2000. Retroceder es grave, pero hacerlo a sabiendas es, además, un pecado imperdonable.
