Revocatoria de mandato
Con gran estupor fuimos informados por los medios, que un gran sector nacional representado en un partido, que por su importancia en el país, debería asumir una actitud juiciosa, trataba imprevistamente de imponer dentro de sus estatutos, posiciones que se caracterizan por su ilegalidad, retroceso e incomprensión.
Si convenimos en que durante 21 años, el pueblo panameño mantuvo como aspiración perenne de sus más fervientes empeños la recuperación de la libertad, la "intención" de aplicar cualquier medida que restrinja ese derecho, hay que verla con mucha preocupación.
No es por temor hacia la revocatoria de mandato que deberían los honorables legisladores y representantes sostener sus convicciones si las hubieran tenido, sino por mandato de la conciencia, que los mantendría siempre en la línea exacta del cumplimiento de sus compromisos.
La libertad de expresión no es cosa que debe ser coartada, porque a cada quién le asiste el derecho incontrolable, ilimitado e invulnerable de pensar, de sentir, de actuar de conformidad con su conciencia y de los mejores intereses de su electorado.
La ilegalidad del origen de este reglamento que aplican casi todos nuestros partidos es del dominio público, porque no surgió de la voluntad popular sino de la conveniencia de los cuarteles. Por eso me sorprende que hoy día en vez de eliminarlo se haya pretendido con inexplicable ligereza, prestando crédito a un acto errado desde su nacimiento a tratar de insertarlo hasta las entrañas mismas del poder popular.
Este es un ejemplo de como la pasión partidaria desvía los más severos criterios y los incita a pasos fatales. No obstante, por qué no aprovechar esta coyuntura como una oportunidad para que animemos a todos los partidos políticos a que rompamos en forma debida las amarras de defectos que nos quieren volver al pasado.
Reflexionemos sobre lo que significa exactamente la revocatoria de mandato, y vayamos al cumplimiento de nuestros deberes con el corazón y el cerebro puestos enteros en el bien del país y sin limitaciones de ninguna clase.
Si aspiramos a vivir la vida en una democracia participativa y decente, si aspiramos a que Panamá siga a la vanguardia como país defensor de los derechos humanos, el camino radica irrefutablemente en el afianzamiento de una verdadera libertad de pensamiento: cualquier otra excusa que se traiga no es más que una horrible falta de respeto hacia nuestros legisladores y una cortapisa hacia uno de los más importantes órganos del Estado.
Si convenimos en que durante 21 años, el pueblo panameño mantuvo como aspiración perenne de sus más fervientes empeños la recuperación de la libertad, la "intención" de aplicar cualquier medida que restrinja ese derecho, hay que verla con mucha preocupación.
No es por temor hacia la revocatoria de mandato que deberían los honorables legisladores y representantes sostener sus convicciones si las hubieran tenido, sino por mandato de la conciencia, que los mantendría siempre en la línea exacta del cumplimiento de sus compromisos.
La libertad de expresión no es cosa que debe ser coartada, porque a cada quién le asiste el derecho incontrolable, ilimitado e invulnerable de pensar, de sentir, de actuar de conformidad con su conciencia y de los mejores intereses de su electorado.
La ilegalidad del origen de este reglamento que aplican casi todos nuestros partidos es del dominio público, porque no surgió de la voluntad popular sino de la conveniencia de los cuarteles. Por eso me sorprende que hoy día en vez de eliminarlo se haya pretendido con inexplicable ligereza, prestando crédito a un acto errado desde su nacimiento a tratar de insertarlo hasta las entrañas mismas del poder popular.
Este es un ejemplo de como la pasión partidaria desvía los más severos criterios y los incita a pasos fatales. No obstante, por qué no aprovechar esta coyuntura como una oportunidad para que animemos a todos los partidos políticos a que rompamos en forma debida las amarras de defectos que nos quieren volver al pasado.
Reflexionemos sobre lo que significa exactamente la revocatoria de mandato, y vayamos al cumplimiento de nuestros deberes con el corazón y el cerebro puestos enteros en el bien del país y sin limitaciones de ninguna clase.
Si aspiramos a vivir la vida en una democracia participativa y decente, si aspiramos a que Panamá siga a la vanguardia como país defensor de los derechos humanos, el camino radica irrefutablemente en el afianzamiento de una verdadera libertad de pensamiento: cualquier otra excusa que se traiga no es más que una horrible falta de respeto hacia nuestros legisladores y una cortapisa hacia uno de los más importantes órganos del Estado.
