Revuelta boliviana por la guerra contra las drogas
EL CONGRESO no revocó la Ley Seca en 1933 por anticuada, sino por creer que el costo de la prohibición era mayor que sus beneficios y que un mercado licorero regulado sería más efectivo en contra de una droga popular, aunque a menudo peligrosa, como el licor. Las consecuencias no intencionales de la prohibición fue el aumento del crimen organizado y de la corrupción oficial.
La región andina, pobre y con democracias nuevas y frágiles es donde se origina gran parte de las "sustancias ilegales". Redes delictivas socavan las bases institucionales de esas naciones. También explotan a los ciudadanos más pobres, poniéndolos a trabajar en suplir la demanda de drogas. Los jefes de la droga son cada día más sofisticados en la conducción de la guerra. En la medida que se hacen más poderosos en la política, amenazan la destrucción de gobiernos elegidos libremente. Bolivia es la víctima más reciente de esa realidad económica. En los últimos dos años, dos presidentes bolivianos han caído por la presión de minorías violentas. El líder es Evo Morales, quien ha organizado a los campesinos que cultivan el tipo de coca utilizada para la cocaína.
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada huyó en octubre de 2003, tras la violencia dirigida por Morales. A principios del presente mes, el vicepresidente que tomó su cargo también renunció para apaciguar a Morales y a su grupo de extremistas que habían paralizado al país.
El supuesto propósito de la obstrucción de las calles y carreteras, de las marchas y de las explosiones de dinamita ejecutadas por los "indígenas" es protestar contra la explotación, extracción y distribución privada de las inmensas reservas de gas en Bolivia. Los manifestantes exigen la nacionalización del gas como se hizo con las minas de estaño en 1952. Pero esa es sólo la excusa y por detrás está el viejo resentimiento por la erradicación de los cultivos de coca por parte del gobierno. Morales no tuvo que ingeniárselas mucho para culpar a la guerra contra las drogas de EU, al imperialismo yanqui y al capitalismo en general por la miseria del campesinado. Su contraataque es una grave amenaza a la democracia boliviana.
La militancia política de los campesinos cocaleros comenzó bajo el gobierno de Hugo Banzer. El ya fallecido presidente asumió el poder en 1997 a través de una alianza con el partido izquierdista MIR, cuyos líderes participan en el narcotráfico. Para tranquilizar a EU, se comprometió a llevar adelante la guerra contra las drogas.
La pobreza junto a la demanda de cocaína por parte de EU condujo hace años a miles de mineros bolivianos desempleados a la región de Chapare, para cultivar coca y exportarla a Colombia, donde es procesada. Ese fue el caso de la familia de Morales. En 1999, tratando de probarle a Washington su determinación, Banzer lanzó un ataque en Chapare que hizo huir a los cocaleros. Se estima conservadoramente que 50 mil familias bolivianas cultivaban coca en Chapare y muchas de ellas terminaron en las villas miserias de Cochabamba
La economía boliviana crecía al 4% o 5% en esos años, gracias a las reformas de mercado instrumentadas por Goni en su primer período (1993-1997), atrayendo nuevas inversiones al país. Pero luego de la campaña contra los cocaleros "se notaba que había menos dinero, menos actividad económica" me contó un ex funcionario boliviano. La razón fue el costo de la erradicación: entre 5% y 8% del PIB se había perdido y no de manera igual para todos. Golpeó a los campesinos y al resto de la gente más pobre.
En abril de 2000, la hostilidad incentivada por el empobrecimiento hizo explosión con el plan de otorgarle a la empresa norteamericana Bechtel el contrato para la construcción de una red de distribución de agua en Cochabamba, la tercera ciudad más grande del país. El proyecto de Bechtel amenazaba a los vendedores de agua potable, pero la resistencia fue mucho más allá de los "aguateros". El verdadero apoyo a la rebelión fue de los cocaleros en contra del gobierno. El gobierno dio marcha atrás y se confirmó que la violencia callejera obtiene resultados.
La habilidad de Morales ha sido ampliar el movimiento cocalero. Quienes lo apoyan son peligrosos y lo vemos a menudo retratado con Castro y Chávez. Se rumora que los guerrilleros de las FARC, con grandes ingresos por sus actividades en narcotráfico, están interesados en Bolivia.
Las manifestaciones y el bloqueo de carreteras por parte de paramilitares requieren buena logística, transporte y alimentos. Alguien los está financiando. El dinero puede venir de gobernantes latinoamericanos o de la industria de la cocaína en la misma Bolivia. El 14 de junio, la Oficina de Drogas y Crímenes de la ONU anunció que a pesar de que el cultivo de coca en Colombia ha caído 7% en el último año, aumentó 14% en Perú y 17% en Bolivia, para un aumento total en la región andina de 3%. Hay dinero nuevo porque los bolivianos no sólo cultivan, están también en el más lucrativo negocio de procesamiento de la droga para su exportación.
La desestabilización del sistema político de la región ha aumentado a un nivel que los norteamericanos no toleraron y por eso votaron a favor de acabar con la Ley Seca. Es razonable cuestionar la moralidad, la inteligencia y hasta si es práctico esperar que los latinoamericanos carguen con semejante peso, habiendo mejores maneras de combatir las drogas dentro de EU.
(*) Editora de la columna Las Américas del Wall Street Journal.www.aipenet.com
La región andina, pobre y con democracias nuevas y frágiles es donde se origina gran parte de las "sustancias ilegales". Redes delictivas socavan las bases institucionales de esas naciones. También explotan a los ciudadanos más pobres, poniéndolos a trabajar en suplir la demanda de drogas. Los jefes de la droga son cada día más sofisticados en la conducción de la guerra. En la medida que se hacen más poderosos en la política, amenazan la destrucción de gobiernos elegidos libremente. Bolivia es la víctima más reciente de esa realidad económica. En los últimos dos años, dos presidentes bolivianos han caído por la presión de minorías violentas. El líder es Evo Morales, quien ha organizado a los campesinos que cultivan el tipo de coca utilizada para la cocaína.
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada huyó en octubre de 2003, tras la violencia dirigida por Morales. A principios del presente mes, el vicepresidente que tomó su cargo también renunció para apaciguar a Morales y a su grupo de extremistas que habían paralizado al país.
El supuesto propósito de la obstrucción de las calles y carreteras, de las marchas y de las explosiones de dinamita ejecutadas por los "indígenas" es protestar contra la explotación, extracción y distribución privada de las inmensas reservas de gas en Bolivia. Los manifestantes exigen la nacionalización del gas como se hizo con las minas de estaño en 1952. Pero esa es sólo la excusa y por detrás está el viejo resentimiento por la erradicación de los cultivos de coca por parte del gobierno. Morales no tuvo que ingeniárselas mucho para culpar a la guerra contra las drogas de EU, al imperialismo yanqui y al capitalismo en general por la miseria del campesinado. Su contraataque es una grave amenaza a la democracia boliviana.
La militancia política de los campesinos cocaleros comenzó bajo el gobierno de Hugo Banzer. El ya fallecido presidente asumió el poder en 1997 a través de una alianza con el partido izquierdista MIR, cuyos líderes participan en el narcotráfico. Para tranquilizar a EU, se comprometió a llevar adelante la guerra contra las drogas.
La pobreza junto a la demanda de cocaína por parte de EU condujo hace años a miles de mineros bolivianos desempleados a la región de Chapare, para cultivar coca y exportarla a Colombia, donde es procesada. Ese fue el caso de la familia de Morales. En 1999, tratando de probarle a Washington su determinación, Banzer lanzó un ataque en Chapare que hizo huir a los cocaleros. Se estima conservadoramente que 50 mil familias bolivianas cultivaban coca en Chapare y muchas de ellas terminaron en las villas miserias de Cochabamba
La economía boliviana crecía al 4% o 5% en esos años, gracias a las reformas de mercado instrumentadas por Goni en su primer período (1993-1997), atrayendo nuevas inversiones al país. Pero luego de la campaña contra los cocaleros "se notaba que había menos dinero, menos actividad económica" me contó un ex funcionario boliviano. La razón fue el costo de la erradicación: entre 5% y 8% del PIB se había perdido y no de manera igual para todos. Golpeó a los campesinos y al resto de la gente más pobre.
En abril de 2000, la hostilidad incentivada por el empobrecimiento hizo explosión con el plan de otorgarle a la empresa norteamericana Bechtel el contrato para la construcción de una red de distribución de agua en Cochabamba, la tercera ciudad más grande del país. El proyecto de Bechtel amenazaba a los vendedores de agua potable, pero la resistencia fue mucho más allá de los "aguateros". El verdadero apoyo a la rebelión fue de los cocaleros en contra del gobierno. El gobierno dio marcha atrás y se confirmó que la violencia callejera obtiene resultados.
La habilidad de Morales ha sido ampliar el movimiento cocalero. Quienes lo apoyan son peligrosos y lo vemos a menudo retratado con Castro y Chávez. Se rumora que los guerrilleros de las FARC, con grandes ingresos por sus actividades en narcotráfico, están interesados en Bolivia.
Las manifestaciones y el bloqueo de carreteras por parte de paramilitares requieren buena logística, transporte y alimentos. Alguien los está financiando. El dinero puede venir de gobernantes latinoamericanos o de la industria de la cocaína en la misma Bolivia. El 14 de junio, la Oficina de Drogas y Crímenes de la ONU anunció que a pesar de que el cultivo de coca en Colombia ha caído 7% en el último año, aumentó 14% en Perú y 17% en Bolivia, para un aumento total en la región andina de 3%. Hay dinero nuevo porque los bolivianos no sólo cultivan, están también en el más lucrativo negocio de procesamiento de la droga para su exportación.
La desestabilización del sistema político de la región ha aumentado a un nivel que los norteamericanos no toleraron y por eso votaron a favor de acabar con la Ley Seca. Es razonable cuestionar la moralidad, la inteligencia y hasta si es práctico esperar que los latinoamericanos carguen con semejante peso, habiendo mejores maneras de combatir las drogas dentro de EU.
(*) Editora de la columna Las Américas del Wall Street Journal.www.aipenet.com
