Roma, Ruanda y la tica
Desde que el 16 de octubre de 1998 la policía de Londres detuvo al general Augusto Pinochet, cumpliendo una orden judicial española por la que se acusaba al ex dictador de violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Chile durante su gobierno dictatorial de 17 años, quiérase o no los enemigos de la humanidad no duermen como antes. Recordemos que los tribunales británicos rechazaron la alegación de Pinochet de que tenía derecho a la inmunidad y decretaron que podía ser extraditado a España para someterse a juicio.
En Panamá, el Procurador General de la República -plenamente inspirado en el denominado pacto META- no ha cesado en tratar de impedir, por diversos medios, que la Comisión de la Verdad logre determinar lo ocurrido realmente con los desaparecidos, torturados y asesinados por la dictadura militar que imperó en Panamá desde 1968 hasta 1989.
En su afán de desaparecer a los desaparecidos y con ello también, desaparecer la verdad, para cubrir con el manto de la impunidad a aquellos funcionarios superiores que participaron u ordenaron la comisión de delitos, el Procurador ha pisoteado -por acción y omisión- el principio de la responsabilidad del mando que establece que una persona que tenía control sobre subordinados y sabía o debía saber que se iba a cometer un crimen y no hizo nada para impedirlo, o no lo previno o no sancionó a los responsables, también es responsable penalmente. Esta doctrina se aplica tanto a militares como a civiles en un puesto de autoridad superior.
La adopción en julio de 1998 del Estatuto para una Corte Penal Internacional (CPI) permanente, ha sido uno de los acontecimientos más importantes en la lucha global contra la impunidad.
La CPI es la primera corte permanente que investigará y llevará ante la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de cometer las violaciones más graves contra los Derechos Humanos como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y, una vez que sea definida, la agresión.
El Gobierno de Panamá, en forma inconsulta y oculta, postuló a una ciudadana costarricense para magistrada ante la CPI, valiéndose de una propuesta ordenada a los representantes de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia, Roberto Alemán Z., Mario Galindo H., y Carlos Iván Zuñiga G.
El entonces canciller y hoy candidato gubernamental a la presidencia de la República, manifestó que en Panamá no habían profesionales preparados para ocupar dicho cargo. La ONU le ha dado un categórico desmentido a la falaciosa y despectiva consideración de los Alemán, Galindo y Zuñiga y de su gobierno, al elegir a la Dra. Aura Emérita Guerra de Villalaz como miembro del Tribunal Penal Internacional Ad Hoc para Ruanda, creado por el Consejo de Seguridad de la ONU para juzgar los hechos que terminaron en una masacre de la población de esa nación africana en 1994.
La catedrática Aura Emérita Guerra de Villalaz recibió 127 de 176 votos y fue el único representante latinoamericano elegido para integrar este tribunal junto con otros 17 miembros juzgadores internacionales. Esto demuestra y confirma que Panamá muy bien habría podido aspirar a que un panameño integrase como magistrado la Corte Penal Internacional, y no la tica amiga de la tica que labora en el actual gobierno de corte noriegoso.
Recuerdo nuevamente que la recién creada Corte Penal Internacional, cuya sede está en La Haya, no será retroactiva, aplicándose sólo a aquellos crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y está integrada por los 90 Estados que han ratificado o adherido el Estatuto de 1998, que incluye a una abrumadora mayoría de aliados estadounidenses.
Recientemente, la Corte Penal Internacional culminó también el proceso de elección de sus más altos dignatarios, incluyendo a los primeros 18 magistrados: René Blattmann (Bolivia), Fatoumata Demebele Diarra (Mali), Sylvia H. de Figueiredo Steiner (Brasil), Adrian Fulford (Gran Bretaña), Maureen Harding Clark (Irlanda), Karl T. Hudson-Phillips (Trinidad-Tobago) Claude Jorda (Francia), Hans-Peter Kaul (Aleman), Philippe Kirsch (Canadá-Magistrado Presidente), Erkki Kourula (Finlandia), Akua Kuenyehia (Ghana), Tuiloma Neroni Slade (Samoa), Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Gheorghios M. Pikis (Chipre), Navanethem Pillay (Sudáfrica), Mauro Politi (Italia), Sang-hyun Song (Corea), Anita Usacka (Letonia), un Fiscal en la persona de Luis Moreno Ocampo (Argentina) y un Secretario, quienes juntos llevarán a la Corte una gama diversa de nacionalidades,culturas e idiomas, y una experiencia del más alto nivel.
Al felicitar a la Dra. Aura Emérita por la distinción recibida, no tengo la menor duda que sabrá destacarse en el Tribunal de Ruanda como lo hubiese podido hacer también en el de Roma, de no haber sido por los nueve años de Odio que sembró la tica con su odio a lo panameño.
En Panamá, el Procurador General de la República -plenamente inspirado en el denominado pacto META- no ha cesado en tratar de impedir, por diversos medios, que la Comisión de la Verdad logre determinar lo ocurrido realmente con los desaparecidos, torturados y asesinados por la dictadura militar que imperó en Panamá desde 1968 hasta 1989.
En su afán de desaparecer a los desaparecidos y con ello también, desaparecer la verdad, para cubrir con el manto de la impunidad a aquellos funcionarios superiores que participaron u ordenaron la comisión de delitos, el Procurador ha pisoteado -por acción y omisión- el principio de la responsabilidad del mando que establece que una persona que tenía control sobre subordinados y sabía o debía saber que se iba a cometer un crimen y no hizo nada para impedirlo, o no lo previno o no sancionó a los responsables, también es responsable penalmente. Esta doctrina se aplica tanto a militares como a civiles en un puesto de autoridad superior.
La adopción en julio de 1998 del Estatuto para una Corte Penal Internacional (CPI) permanente, ha sido uno de los acontecimientos más importantes en la lucha global contra la impunidad.
La CPI es la primera corte permanente que investigará y llevará ante la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de cometer las violaciones más graves contra los Derechos Humanos como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y, una vez que sea definida, la agresión.
El Gobierno de Panamá, en forma inconsulta y oculta, postuló a una ciudadana costarricense para magistrada ante la CPI, valiéndose de una propuesta ordenada a los representantes de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia, Roberto Alemán Z., Mario Galindo H., y Carlos Iván Zuñiga G.
El entonces canciller y hoy candidato gubernamental a la presidencia de la República, manifestó que en Panamá no habían profesionales preparados para ocupar dicho cargo. La ONU le ha dado un categórico desmentido a la falaciosa y despectiva consideración de los Alemán, Galindo y Zuñiga y de su gobierno, al elegir a la Dra. Aura Emérita Guerra de Villalaz como miembro del Tribunal Penal Internacional Ad Hoc para Ruanda, creado por el Consejo de Seguridad de la ONU para juzgar los hechos que terminaron en una masacre de la población de esa nación africana en 1994.
La catedrática Aura Emérita Guerra de Villalaz recibió 127 de 176 votos y fue el único representante latinoamericano elegido para integrar este tribunal junto con otros 17 miembros juzgadores internacionales. Esto demuestra y confirma que Panamá muy bien habría podido aspirar a que un panameño integrase como magistrado la Corte Penal Internacional, y no la tica amiga de la tica que labora en el actual gobierno de corte noriegoso.
Recuerdo nuevamente que la recién creada Corte Penal Internacional, cuya sede está en La Haya, no será retroactiva, aplicándose sólo a aquellos crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y está integrada por los 90 Estados que han ratificado o adherido el Estatuto de 1998, que incluye a una abrumadora mayoría de aliados estadounidenses.
Recientemente, la Corte Penal Internacional culminó también el proceso de elección de sus más altos dignatarios, incluyendo a los primeros 18 magistrados: René Blattmann (Bolivia), Fatoumata Demebele Diarra (Mali), Sylvia H. de Figueiredo Steiner (Brasil), Adrian Fulford (Gran Bretaña), Maureen Harding Clark (Irlanda), Karl T. Hudson-Phillips (Trinidad-Tobago) Claude Jorda (Francia), Hans-Peter Kaul (Aleman), Philippe Kirsch (Canadá-Magistrado Presidente), Erkki Kourula (Finlandia), Akua Kuenyehia (Ghana), Tuiloma Neroni Slade (Samoa), Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Gheorghios M. Pikis (Chipre), Navanethem Pillay (Sudáfrica), Mauro Politi (Italia), Sang-hyun Song (Corea), Anita Usacka (Letonia), un Fiscal en la persona de Luis Moreno Ocampo (Argentina) y un Secretario, quienes juntos llevarán a la Corte una gama diversa de nacionalidades,culturas e idiomas, y una experiencia del más alto nivel.
Al felicitar a la Dra. Aura Emérita por la distinción recibida, no tengo la menor duda que sabrá destacarse en el Tribunal de Ruanda como lo hubiese podido hacer también en el de Roma, de no haber sido por los nueve años de Odio que sembró la tica con su odio a lo panameño.
