¿Ruidos de hojarasca?

Sólo era necesario escarbar un poco para que aflorara la podredumbre que por demasiado tiempo pretendieron tapar los multimillonarios despliegues propagandísticos del pasado gobierno. En ese despilfarro que, por sus connotaciones ilegales, es un delito, se malversaron muchas decenas de millones, que debieron dedicarse a resolver urgentes necesidades de los sectores más marginados del país.

Los desafueros hasta ahora descubiertos en el ministerio de Educación se multiplicarán exponencialmente cuando se siga ahondando en las pesquisas. En los próximos días y semanas, si los nuevos titulares de ministerios y entidades autónomas “abren todos los closets y gavetas”, los medios de comunicación se inundarán con “las bellezas que encontrarán”. Pero, ¿serán sancionados los responsables? Como en nuestro país a la cárcel sólo van los desamparados pero no los encumbrados, hay sobrado pesimismo sobre los resultados finales de “las denuncias” que se han prometido.

Los nuevos titulares de las altas responsabilidades en el nuevo gobierno, como lo demuestran sus primeras acciones, exhiben un desbordado entusiasmo por “comenzar a hacer cosas” para que se note que “el cambio comenzó”. Ello es laudable, pero no debe desviarles de su obligación, también primaria y tan importante, de “poner la casa en orden”. Ambas tareas deben desarrollarse con igual ímpetu. Sería aconsejable que en cada ministerio y entidad se asigne la tarea de investigar a un pequeño grupo de funcionarios calificados que, con la asistencia de la Contraloría, sólo tengan esa responsabilidad.

La corrupción en el gobierno anterior fue rampante. Lo poco que hasta ahora sabemos, y lo mucho que está por destaparse así lo demostrarán. Pero si no se actúa con rapidez para exponerla y para emprender los procesos para sancionar a los responsables, las denuncias pueden tornarse tardías y hasta ineficaces.

El proceso de identificar las corruptelas y sancionar a los responsables comprende varias etapas. La primera debe realizarse a lo interno de cada ministerio y entidad autónoma; la segunda, corresponde al Ministerio Público; y, la tercera, a los tribunales competentes. La experiencia demuestra que recorrer ese camino no es tarea de un día. Por tanto, para que sus resultados “se vean”, se requerirá de una especial diligencia de parte de los responsables de cada una de esas etapas. Los nuevos funcionarios, por elemental autoprotección, prometen hacer la parte que les corresponde; pero hay sobradas razones para no alentar iguales esperanzas en la conducta del Ministerio Público, de la Contraloría y de los tribunales. En el caso del Ministerio Público y la Contraloría, no es buen presagio que sus titulares llegaran hasta el extremo vergonzoso de lanzarse acusaciones recíprocas de negligencia manifiesta en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Los tribunales, aparte de su consabida lentitud, a veces achacada a los vericuetos procesales, tampoco alientan esperanzas de resultados rápidos. La solución para conjurar el pesimismo general de los muchos que piensan que las denuncias de corrupción terminarán en “ruido de hojarascas” es que por “un acuerdo de intenciones” o mediante la adopción de procedimientos expeditos se garanticen resultados ejemplares y, lo que es más importante, en términos perentorios.