Ruleta rusa
La primera vez que tuve conocimiento sobre la llamada ruleta rusa, pensé que se trataba de un juego infantil, quizás un poco macabro, donde una persona hacía creer a otros que había puesto una bala en una de las seis recámaras que tenía un revólver, dándole varias vueltas al cilindro, hasta ponerse el arma en la sien y proceder a apretar el gatillo. No sé si con esto se pretendía dejar constancia de valentía o de estupidez.
Hace varios años, en una carretera de Costa Rica, el amigo que me conducía a una reunión familiar en las afueras de San José me aclaró, al indagarle sobre un movimiento raro que observé en forma fugaz, que eso que me pareció ver eran unos jóvenes quienes, acostados en unas patinetas, bajaban por la pendiente de la carretera en medio de los autos que circulaban en ambas vías. Y como era previsible, en muchas ocasiones, algunos terminaban bajo las ruedas de los autos, muertos o mal heridos.
En Panamá hubo un tiempo en que bajaban a gran velocidad de la urbanización Dos Mares, jóvenes en sus autos, quienes sin mirar a los lados de la vía Ricardo J. Alfaro, de un fluido tráfico, cruzaban los dos paños de la carretera; esto también era otra forma estúpida de mostrar el poco cerebro que tenían los practicantes de tan criminal proceder.
Ultimamente han salido a la luz pública otros practicantes de ese fatídico juego; me refiero a conductores de buses y taxis, quienes al momento del encendido de las luces amarillas, señal del inminente cambio a la luz roja del semáforo, aceleran sus máquinas sin importar la distancia que los separa del cruce de la vía. A esta irresponsabilidad, se han afiliado un número importante de conductores de autos particulares, con la agravante de que no son sólo jóvenes, a quienes podríamos calificar de inmaduros, sino que lo que convierte la práctica en extremadamente peligrosa, es el hecho de que adultos, supuestamente maduros, de ambos sexos utilizan con naturalidad la fórmula de ignorar la luz roja, arriesgando no sólo su vida sino la de los inocentes que inician la marcha como les corresponde con la luz verde.
Estoy seguro que quienes ignoran los reglamentos del tránsito vehicular, no pretenden conscientemente poner en peligro sus vidas y las de los demás; pero para evitar que estos ciudadanos irresponsables sigan exponiendo las vidas de sus familiares y de terceros, se hicieron las leyes y se nombraron a los custodios de las minas. Lo que está faltando es que las autoridades correspondientes cumplan con su deber y sancionen con severidad a los apostadores de la ruleta rusa.
Propone modificar el sistema para escoger a los jueces y magistrados del Organo Judicial, para que de esta manera sean seleccionados por su historial académico, profesional y experiencia en el campo jurídico, para que realmente sean jueces y magistrados idóneos en sus cargos.
"Todo esto se logrará cuando exista una Dirección de Política Criminal que diagnostique, coordine y presente propuestas coherentes y efectivas en nuestros estamentos de investigación, administración de justicia y tratamiento del delincuente", aseguró Carrasquilla.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, a pesar de haber transcurrido trece años desde su creación, la PTJ no logra el grado de profesionalización y capacitación adecuado para enfrentar la criminalidad en Panamá.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
Hace varios años, en una carretera de Costa Rica, el amigo que me conducía a una reunión familiar en las afueras de San José me aclaró, al indagarle sobre un movimiento raro que observé en forma fugaz, que eso que me pareció ver eran unos jóvenes quienes, acostados en unas patinetas, bajaban por la pendiente de la carretera en medio de los autos que circulaban en ambas vías. Y como era previsible, en muchas ocasiones, algunos terminaban bajo las ruedas de los autos, muertos o mal heridos.
En Panamá hubo un tiempo en que bajaban a gran velocidad de la urbanización Dos Mares, jóvenes en sus autos, quienes sin mirar a los lados de la vía Ricardo J. Alfaro, de un fluido tráfico, cruzaban los dos paños de la carretera; esto también era otra forma estúpida de mostrar el poco cerebro que tenían los practicantes de tan criminal proceder.
Ultimamente han salido a la luz pública otros practicantes de ese fatídico juego; me refiero a conductores de buses y taxis, quienes al momento del encendido de las luces amarillas, señal del inminente cambio a la luz roja del semáforo, aceleran sus máquinas sin importar la distancia que los separa del cruce de la vía. A esta irresponsabilidad, se han afiliado un número importante de conductores de autos particulares, con la agravante de que no son sólo jóvenes, a quienes podríamos calificar de inmaduros, sino que lo que convierte la práctica en extremadamente peligrosa, es el hecho de que adultos, supuestamente maduros, de ambos sexos utilizan con naturalidad la fórmula de ignorar la luz roja, arriesgando no sólo su vida sino la de los inocentes que inician la marcha como les corresponde con la luz verde.
Estoy seguro que quienes ignoran los reglamentos del tránsito vehicular, no pretenden conscientemente poner en peligro sus vidas y las de los demás; pero para evitar que estos ciudadanos irresponsables sigan exponiendo las vidas de sus familiares y de terceros, se hicieron las leyes y se nombraron a los custodios de las minas. Lo que está faltando es que las autoridades correspondientes cumplan con su deber y sancionen con severidad a los apostadores de la ruleta rusa.
Propone modificar el sistema para escoger a los jueces y magistrados del Organo Judicial, para que de esta manera sean seleccionados por su historial académico, profesional y experiencia en el campo jurídico, para que realmente sean jueces y magistrados idóneos en sus cargos.
"Todo esto se logrará cuando exista una Dirección de Política Criminal que diagnostique, coordine y presente propuestas coherentes y efectivas en nuestros estamentos de investigación, administración de justicia y tratamiento del delincuente", aseguró Carrasquilla.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, a pesar de haber transcurrido trece años desde su creación, la PTJ no logra el grado de profesionalización y capacitación adecuado para enfrentar la criminalidad en Panamá.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
