Sala Constitucional no está en discusión
En estos días se opina y se discute mucho sobre el proyecto que crea una sala en la Corte Suprema de Justicia dedicada a asuntos constitucionales. El lector distraído podría llegar a la conclusión de que hay una disputa entre el gobierno y la oposición sobre la manera más apropiada de impartir justicia de rango constitucional. Sin embargo, esta es una impresión equivocada. Nadie discute sobre el modelo más apropiado a las características del sistema de justicia panameño, pues la retórica esconde sin sutilezas un desconcierto mucho menos deliberado.
Para el Ejecutivo, lo prioritario es conducir su proyecto político a puerto seguro, y si la introducción de una sala extra en el supremo tribunal, integrada por magistrados de su confianza, contribuye positivamente a este fin, o por lo menos apuntala su influencia durante futuros gobiernos, entonces la nueva sala es conveniente y necesaria. Por el contrario, si la creación de la sala le acarrea un sobrecalentamiento de la atmósfera política que pueda enturbiar su gestión presidencial, entonces lo más probable es que deje a un lado la iniciativa y evite meterse en problemas.
Desde el punto de vista de la oposición, lo clave aquí es oponerse a que el actual mandatario nombre a tres personas de su cercanía política, pues de esa manera Torrijos controlaría el nombramiento de un número de magistrados equivalente al de una aplanadora, pues tendría votos suficientes hasta para juzgar por las dos terceras partes a cualquier diputado que se pase de listo.
Así las cosas, no es de extrañar que para la oposición política sea totalmente inaceptable que se produzcan en el actual período tres nuevos miembros en el máximo tribunal, porque ello conduciría a que se pierda cualquier semblanza de equilibrio de fuerzas en la Corte Suprema de Justicia, en claro favor del Ejecutivo y su régimen.
Si hubiese un método de selección de los titulares del cargo de magistrados, que le garantizase a la oposición política el acceso a uno o varios nombramientos en el nuevo tribunal, los líderes políticos aceptarían la creación de la nueva sala sin mayores reticencias, pero entonces el Ejecutivo no movería un dedo para promover el cambio mencionado. De esta manera, la disputa no tiene nada que ver con el diseño más racional y efectivo de la justicia constitucional, sino con la necesidad de seguir administrando judicialmente, pero desde el gobierno, el poder del Estado y lograr el control de las decisiones sobre casos sensitivos.
Una fórmula que asegure que sólo profesionales independientes accederán al máximo tribunal, descorazonaría a todos los políticos al mismo tiempo y es, por tanto, bastante improbable.
Para el Ejecutivo, lo prioritario es conducir su proyecto político a puerto seguro, y si la introducción de una sala extra en el supremo tribunal, integrada por magistrados de su confianza, contribuye positivamente a este fin, o por lo menos apuntala su influencia durante futuros gobiernos, entonces la nueva sala es conveniente y necesaria. Por el contrario, si la creación de la sala le acarrea un sobrecalentamiento de la atmósfera política que pueda enturbiar su gestión presidencial, entonces lo más probable es que deje a un lado la iniciativa y evite meterse en problemas.
Desde el punto de vista de la oposición, lo clave aquí es oponerse a que el actual mandatario nombre a tres personas de su cercanía política, pues de esa manera Torrijos controlaría el nombramiento de un número de magistrados equivalente al de una aplanadora, pues tendría votos suficientes hasta para juzgar por las dos terceras partes a cualquier diputado que se pase de listo.
Así las cosas, no es de extrañar que para la oposición política sea totalmente inaceptable que se produzcan en el actual período tres nuevos miembros en el máximo tribunal, porque ello conduciría a que se pierda cualquier semblanza de equilibrio de fuerzas en la Corte Suprema de Justicia, en claro favor del Ejecutivo y su régimen.
Si hubiese un método de selección de los titulares del cargo de magistrados, que le garantizase a la oposición política el acceso a uno o varios nombramientos en el nuevo tribunal, los líderes políticos aceptarían la creación de la nueva sala sin mayores reticencias, pero entonces el Ejecutivo no movería un dedo para promover el cambio mencionado. De esta manera, la disputa no tiene nada que ver con el diseño más racional y efectivo de la justicia constitucional, sino con la necesidad de seguir administrando judicialmente, pero desde el gobierno, el poder del Estado y lograr el control de las decisiones sobre casos sensitivos.
Una fórmula que asegure que sólo profesionales independientes accederán al máximo tribunal, descorazonaría a todos los políticos al mismo tiempo y es, por tanto, bastante improbable.
