Sala Quinta, Hutchinson y corrupción gubernamental
Cuando se discutía la aprobación de la Sala Quinta, quienes nos oponíamos señalábamos que una de las motivaciones del hoy expresidente Pérez Balladares y del PRD para promover tamaño desafuero era la de proteger sus espaldas frente a una serie de actuaciones y contrataciones públicas realizadas de manera poco transparente, por decirlo en forma diplomática. Con el reciente fallo de los magistrados de dicha Sala en torno al tema de las indemnizaciones que Panamá Ports ha de pagarle a los antiguos concesionarios de Balboa y Cristóbal, se ha comprobado, más allá de toda duda, que tal temor estaba bien fundado.
Estimado y estimada lector, cualquiera, con un mínimo de sentido común, que revise los documentos que sustentan el cálculo de las antedichas indemnizaciones, se dará cuenta que lo sucedido es un verdadero escándalo y un vulgar atraco a las finanzas públicas. Y para comenzar, debe quedar bien claro lo siguiente: nominalmente, Panamá Ports (o sea Hutchinson) hará el pago a los antiguos concesionarios, pero en la realidad quien asume ese pago es el Estado panameño (o sea, todos nosotros), pues la empresa descontará la suma pagada de lo que, a su vez, le corresponde, pagar al Estado en virtud del contrato suscrito entre ambas partes.
Dicho lo anterior, considero fundamental revelar algunos detalles de esta negociación, que harán entender a la ciudadanía la actitud asumida por el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso. Por un lado, el Estado, a través del Consejo Económico Nacional del Gobierno anterior, aprobó indemnizar a los antiguos concesionarios de las áreas hoy ocupadas por la Hutchinson, por sumas astronómicas, supuestamente justificadas en el lucro cesante de dichas empresas por terminación temprana y unilateral del contrato. Esto es, la administración Pérez Balladares aceptó pagar a estas empresas el costo de las mejoras realizadas en sus áreas de concesión y el lucro cesante hasta el último día de su contrato, tomando como base el promedio mensual de sus ganancias. Así, por ejemplo, si una empresa tenía un promedio mensual de ganancias de mil dólares y le restaban veinticuatro meses para la terminación de su contrato de concesión, el Estado panameño aceptó pagarle como indemnización la suma de veinticuatro mil dólares como indemnización por el lucro cesante.
Ahora bien, reconocer indemnización por mejoras, es, a mi juicio, un completo disparate. Según el contrato de concesión de todas estas empresas, al término del mismo, las mejoras construidas se las llevaban consigo o pasaban a ser propiedad del Estado panameño sin costo alguno para éste. Esta es una disposición común a todos los contratos de alquiler de bienes inmuebles del Estado con privados. Por ello, no tiene ningún sentido que el Estado acepte pagarle al concesionario el monto total del costo de unas mejoras que debía asumir el concesionario y que al final del término, pasarían a ser del Estado. Además, si el Estado le paga a este concesionario su promedio mensual de ganancias, dentro del cual éste debía deducir el costo de sus mejoras, mucho menos tiene sentido que el Estado pague las ganancias que estas empresas supuestamente iban a recibir, más el costo de las mejoras, cuando ellos debían asumir dicho costo en el transcurso de la vigencia de su respectivo contrato. Espero haber explicado este punto bien, pues uno de los que más me perturba en cuanto a estas escandalosas indemnizaciones que fueron, bueno es recordarlo, negociadas por el Director de la Autoridad Marítima, el señor Reyna, esposo de la exasesora del expresidente Pérez Balladares, y por tanto ex compañera de trabajo del ex viceministro de la Presidencia, hoy magistrado de la Sala Quinta, licenciado Oscar Ceville.
Pero si lo de las mejoras es legalmente cuestionable, peor es el asunto en materia de indemnización por lucro cesante. Los responsables de calcular el promedio mensual de ganancias de estas empresas, adoptaron una interpretación sumamente dañina para el Estado (y supuestamente representaban a éste): decidieron, sabrá Dios con qué fundamento, que para efectos de determinar dicho promedio sólo tomarían en cuenta las declaraciones de renta presentadas por estas empresas donde las mismas hayan declarado ganancias; de tal forma que el promedio de ganancias sería el resultado de la suma entre el peor año de ganancias y el mejor año de ganancias, dividido entre dos. Así, por ejemplo, se dio el caso de una empresa, la del famoso y extinto Crucero Express, que presentó cinco o seis declaraciones de renta, registrando pérdidas en las últimas tres. Pues bien, en base a tan peregrina fórmula de cálculo, el Estado panameño terminará pagándole a dicha empresa varios cientos de miles de dólares sobre la base de una ganancia promedio que tenía tres años de no percibir, máxime cuando es de conocimiento público que el Crucero Express había dejado de operar antes del contrato con la Hutchinson. Similar es el caso del señor Israel, quien ahora, cual líder obrero de la SUNTRACS, se da a la tarea de cerrar calles para pelear por su "derecho" de recibir una indemnización por lucro cesante, cuando su última declaración de renta registró cuantiosas pérdidas.
Y la cereza del sundae. La empresa en la cual tiene precisos intereses el esposo de la honorable presidenta del PRD, la legisladora Balbina Herrera. Dicha empresa registra dos declaraciones de renta, la primera con pérdidas y la segunda, con ganancias. La lógica indica que su promedio mensual de ganancias debía ser el promedio de ambos años. Pero esa no era la lógica de los subordinados del señor Reyna, quienes sólo tomaron en consideración la última declaración de renta de esta empresa. Obviamente, la misma registra ganancias y, curiosamente, fue hecha después de saberse que habría una indemnización por lucro cesante sobre la base dichas declaraciones (¿casualidad?). Lo preocupante de este asunto en particular, es que la legisladora Herrera, junto a un grupo de colegas suyos del PRD, convocó irregularmente a una reunión en la sede de la Comisión de Hacienda para presionar a la Hutchinson para pagar las indemnizaciones fijadas por el gobierno de Pérez Balladares. El contenido de lo discutido en dicha reunión lo hemos solicitado reiteradamente a la Comisión de Hacienda, pero se nos ha informado verbalmente que el legislador De la Hoz se llevó los cassettes de esa reunión (como si fueran suyos) y no los ha devuelto, lo cual espero que sea prontamente remediado por el legislador José Luis Varela, nuevo presidente de dicha Comisión, a quien ya le he solicitado que interponga sus buenos oficios para tener acceso a dicha información. Bueno, como decía, lo preocupante es que la presidenta del PRD no le preocupe, valga la redundancia, el claro conflicto de intereses que se configura al ejercer su cargo como legisladora para exigir una acción del Estado que beneficia directamente a su esposo y por tanto, la beneficia indirectamente a ella.
Amanecerá y veremos. Ojalá que el Ministerio de Economía y Finanzas logre encontrar el mecanismo para evitar tan desvergonzado golpe a las precarias finanzas públicas. Mientras tanto, el país ya está al tanto del propósito verdadero de la Sala Quinta: impedir y obstaculizar la lucha contra la corrupción gubernamental, especialmente aquella suscitada durante la administración de su creador.
Estimado y estimada lector, cualquiera, con un mínimo de sentido común, que revise los documentos que sustentan el cálculo de las antedichas indemnizaciones, se dará cuenta que lo sucedido es un verdadero escándalo y un vulgar atraco a las finanzas públicas. Y para comenzar, debe quedar bien claro lo siguiente: nominalmente, Panamá Ports (o sea Hutchinson) hará el pago a los antiguos concesionarios, pero en la realidad quien asume ese pago es el Estado panameño (o sea, todos nosotros), pues la empresa descontará la suma pagada de lo que, a su vez, le corresponde, pagar al Estado en virtud del contrato suscrito entre ambas partes.
Dicho lo anterior, considero fundamental revelar algunos detalles de esta negociación, que harán entender a la ciudadanía la actitud asumida por el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso. Por un lado, el Estado, a través del Consejo Económico Nacional del Gobierno anterior, aprobó indemnizar a los antiguos concesionarios de las áreas hoy ocupadas por la Hutchinson, por sumas astronómicas, supuestamente justificadas en el lucro cesante de dichas empresas por terminación temprana y unilateral del contrato. Esto es, la administración Pérez Balladares aceptó pagar a estas empresas el costo de las mejoras realizadas en sus áreas de concesión y el lucro cesante hasta el último día de su contrato, tomando como base el promedio mensual de sus ganancias. Así, por ejemplo, si una empresa tenía un promedio mensual de ganancias de mil dólares y le restaban veinticuatro meses para la terminación de su contrato de concesión, el Estado panameño aceptó pagarle como indemnización la suma de veinticuatro mil dólares como indemnización por el lucro cesante.
Ahora bien, reconocer indemnización por mejoras, es, a mi juicio, un completo disparate. Según el contrato de concesión de todas estas empresas, al término del mismo, las mejoras construidas se las llevaban consigo o pasaban a ser propiedad del Estado panameño sin costo alguno para éste. Esta es una disposición común a todos los contratos de alquiler de bienes inmuebles del Estado con privados. Por ello, no tiene ningún sentido que el Estado acepte pagarle al concesionario el monto total del costo de unas mejoras que debía asumir el concesionario y que al final del término, pasarían a ser del Estado. Además, si el Estado le paga a este concesionario su promedio mensual de ganancias, dentro del cual éste debía deducir el costo de sus mejoras, mucho menos tiene sentido que el Estado pague las ganancias que estas empresas supuestamente iban a recibir, más el costo de las mejoras, cuando ellos debían asumir dicho costo en el transcurso de la vigencia de su respectivo contrato. Espero haber explicado este punto bien, pues uno de los que más me perturba en cuanto a estas escandalosas indemnizaciones que fueron, bueno es recordarlo, negociadas por el Director de la Autoridad Marítima, el señor Reyna, esposo de la exasesora del expresidente Pérez Balladares, y por tanto ex compañera de trabajo del ex viceministro de la Presidencia, hoy magistrado de la Sala Quinta, licenciado Oscar Ceville.
Pero si lo de las mejoras es legalmente cuestionable, peor es el asunto en materia de indemnización por lucro cesante. Los responsables de calcular el promedio mensual de ganancias de estas empresas, adoptaron una interpretación sumamente dañina para el Estado (y supuestamente representaban a éste): decidieron, sabrá Dios con qué fundamento, que para efectos de determinar dicho promedio sólo tomarían en cuenta las declaraciones de renta presentadas por estas empresas donde las mismas hayan declarado ganancias; de tal forma que el promedio de ganancias sería el resultado de la suma entre el peor año de ganancias y el mejor año de ganancias, dividido entre dos. Así, por ejemplo, se dio el caso de una empresa, la del famoso y extinto Crucero Express, que presentó cinco o seis declaraciones de renta, registrando pérdidas en las últimas tres. Pues bien, en base a tan peregrina fórmula de cálculo, el Estado panameño terminará pagándole a dicha empresa varios cientos de miles de dólares sobre la base de una ganancia promedio que tenía tres años de no percibir, máxime cuando es de conocimiento público que el Crucero Express había dejado de operar antes del contrato con la Hutchinson. Similar es el caso del señor Israel, quien ahora, cual líder obrero de la SUNTRACS, se da a la tarea de cerrar calles para pelear por su "derecho" de recibir una indemnización por lucro cesante, cuando su última declaración de renta registró cuantiosas pérdidas.
Y la cereza del sundae. La empresa en la cual tiene precisos intereses el esposo de la honorable presidenta del PRD, la legisladora Balbina Herrera. Dicha empresa registra dos declaraciones de renta, la primera con pérdidas y la segunda, con ganancias. La lógica indica que su promedio mensual de ganancias debía ser el promedio de ambos años. Pero esa no era la lógica de los subordinados del señor Reyna, quienes sólo tomaron en consideración la última declaración de renta de esta empresa. Obviamente, la misma registra ganancias y, curiosamente, fue hecha después de saberse que habría una indemnización por lucro cesante sobre la base dichas declaraciones (¿casualidad?). Lo preocupante de este asunto en particular, es que la legisladora Herrera, junto a un grupo de colegas suyos del PRD, convocó irregularmente a una reunión en la sede de la Comisión de Hacienda para presionar a la Hutchinson para pagar las indemnizaciones fijadas por el gobierno de Pérez Balladares. El contenido de lo discutido en dicha reunión lo hemos solicitado reiteradamente a la Comisión de Hacienda, pero se nos ha informado verbalmente que el legislador De la Hoz se llevó los cassettes de esa reunión (como si fueran suyos) y no los ha devuelto, lo cual espero que sea prontamente remediado por el legislador José Luis Varela, nuevo presidente de dicha Comisión, a quien ya le he solicitado que interponga sus buenos oficios para tener acceso a dicha información. Bueno, como decía, lo preocupante es que la presidenta del PRD no le preocupe, valga la redundancia, el claro conflicto de intereses que se configura al ejercer su cargo como legisladora para exigir una acción del Estado que beneficia directamente a su esposo y por tanto, la beneficia indirectamente a ella.
Amanecerá y veremos. Ojalá que el Ministerio de Economía y Finanzas logre encontrar el mecanismo para evitar tan desvergonzado golpe a las precarias finanzas públicas. Mientras tanto, el país ya está al tanto del propósito verdadero de la Sala Quinta: impedir y obstaculizar la lucha contra la corrupción gubernamental, especialmente aquella suscitada durante la administración de su creador.
