Salarios, incentivos y riqueza
Como resultado de un fuerte cabildeo por parte de los sindicatos, activistas y organizaciones religiosas, el salario mínimo fue recientemente incrementado en Estados Unidos: de $5,15 la hora, escalonadamente hasta alcanzar $7,25 la hora en 2009, un aumento de 40%.
Los promotores insisten que así se promueve la "justicia social", pero los salarios mínimos aumentan el desempleo entre los más jóvenes y todos aquellos que no tienen la capacidad de aportar con su trabajo un valor que cubra el costo de emplearlo. Así se perjudica a los más débiles, cerrándoles la puerta antes de poder comenzar a trabajar y a acumular tanto experiencia como habilidades.
Pero los aspectos negativos del salario mínimo no impiden que los gobiernos instrumenten esas políticas: 18 de los 27 países miembros de la Unión Europea fijan salarios mínimos, lo mismo que las naciones latinoamericanas que los comenzaron por presiones de la Alianza para el Progreso, lanzada por el presidente John Kennedy en los años 60.
No parece ser una coincidencia que las discusiones sobre aumentos del salario mínimo se desarrollan en paralelo con las críticas a los altos ingresos devengados por ejecutivos empresariales. En junio, la Cámara de Representantes acordó reforzar la supervisión de sueldos y beneficios de altos ejecutivos por parte de los accionistas y una ley similar fue introducida al Senado por el pre-candidato presidencial Barack Obama.
La compensación de ejecutivos es un tema complejo, en términos tanto morales como económicos. Transparencia absoluta y supeditar la compensación al rendimiento logrado es la mejor manera. Pero, lamentablemente, las discusiones se tornan acaloradas cuando esas compensaciones se comparan con el sueldo mínimo devengado por trabajadores.
Sobre ese tema, valdría la pena que los participantes del debate leyeran el artículo publicado hace exactamente 80 años por uno de los más famosos economistas del siglo XX, Joseph Schumpeter: "La función del empresario y el interés del trabajador". Publicado en una revista para trabajadores industriales, la tesis principal es que altos incentivos para emprendedores y ejecutivos son, a largo plazo, tremendamente beneficiosos para todo el mundo, incluyendo a los empleados y obreros.
Para Schumpeter, el motor de crecimiento económico que aumenta el nivel de vida de todos es el talento creativo y la capacidad empresarial. Y esa habilidad, sea para lanzar algo novedoso o las exitosas estrategias que caracterizan a los líderes empresariales, no se da sin altos incentivos para arriesgar capital propio o tomarlo prestado.
Nadie invierte tiempo, esfuerzo y talento en novedosas iniciativas empresariales sin creer que las probables utilidades ameritan el riesgo. Es decir, en ausencia de atractivos incentivos, los instintos empresariales no se ponen en práctica y, entonces, el costo de la inacción no es solamente un nivel de vida más bajo, sino también menores oportunidades de empleo.
En el mismo artículo, Schumpeter calculó que si la totalidad de la riqueza en Gran Bretaña fuera redistribuida entre la población, apenas si aumentaría el nivel de vida. Pienso que lo mismo sucedería hoy, inclusive a nivel mundial.
Esto nos conduce de regreso al salario mínimo, que es en realidad un tipo de redistribución, pero que no afecta nada a los ricos. El impacto negativo lo sufre la clase media y los pequeños empresarios con reducidas ganancias, lo mismo que millones de consumidores que terminan pagando por el aumento salarial. En cualquier caso, nada de eso tiene que ver con "justicia social".
(*) Director de investigaciones del Acton Institute.
www.aipenet.com
Insistió en que de nada sirve tener 1, 000 policías de tránsito si no disponen de los equipos y capacidad.
Hay seis juzgados de tránsito en el distrito capital: uno en San Miguelito, Chiriquí y Colón. En el resto del país, los alcaldes se encargan de los casos.
En el 2006, se realizaban 25 audiencias diarias; sin embargo, deberían ser más, pero diversas razones propias de cada expediente, lo impiden.
Severino Mejía, director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), dijo que buscan mecanismos para mejorar el proceso de atender los accidentes de tránsito.
La solución apunta a un número sencillo, fácil de aprender, que sea usado por los ciudadanos para reportar los accidentes.
"Es una especie de 911", señaló Mejía, quien reconoció que hay procesos de partes policivos que se dilatan.
Recordó que hay pocas unidades de tránsito, 450 mil vehículos en la ciudad y tres calles longitudinales y pocas transversales, lo que contribuye al tranque.
El director de la ATTT quiso dejar claro que los policías de tránsito son unidades de la Policía Nacional, pues la ciudadanía piensa que son parte de la entidad.
Pero, sostuvo que trabajan en coordinación.
La ATTT dispone de 50 inspectores en el país, de los cuales 27 están en la ciudad, quienes fiscalizan y regulan el transporte terrestre.
"Los agentes hacen cumplir el reglamento de tránsito", aclaró.
Afirmó que ese inspector de la ATTT está facultado para poner boletas, pero se utilizan cuando se establecen los mecanismos de movilización como en la Semana Santa, Carnaval, Fiestas Patrias, etc.
Igualmente, los mecanismos que utiliza el Tránsito para medir la velocidad y el estado de los conductores, como radares y alcoholímetro, respectivamente, le corresponde a estas unidades.
Los promotores insisten que así se promueve la "justicia social", pero los salarios mínimos aumentan el desempleo entre los más jóvenes y todos aquellos que no tienen la capacidad de aportar con su trabajo un valor que cubra el costo de emplearlo. Así se perjudica a los más débiles, cerrándoles la puerta antes de poder comenzar a trabajar y a acumular tanto experiencia como habilidades.
Pero los aspectos negativos del salario mínimo no impiden que los gobiernos instrumenten esas políticas: 18 de los 27 países miembros de la Unión Europea fijan salarios mínimos, lo mismo que las naciones latinoamericanas que los comenzaron por presiones de la Alianza para el Progreso, lanzada por el presidente John Kennedy en los años 60.
No parece ser una coincidencia que las discusiones sobre aumentos del salario mínimo se desarrollan en paralelo con las críticas a los altos ingresos devengados por ejecutivos empresariales. En junio, la Cámara de Representantes acordó reforzar la supervisión de sueldos y beneficios de altos ejecutivos por parte de los accionistas y una ley similar fue introducida al Senado por el pre-candidato presidencial Barack Obama.
La compensación de ejecutivos es un tema complejo, en términos tanto morales como económicos. Transparencia absoluta y supeditar la compensación al rendimiento logrado es la mejor manera. Pero, lamentablemente, las discusiones se tornan acaloradas cuando esas compensaciones se comparan con el sueldo mínimo devengado por trabajadores.
Sobre ese tema, valdría la pena que los participantes del debate leyeran el artículo publicado hace exactamente 80 años por uno de los más famosos economistas del siglo XX, Joseph Schumpeter: "La función del empresario y el interés del trabajador". Publicado en una revista para trabajadores industriales, la tesis principal es que altos incentivos para emprendedores y ejecutivos son, a largo plazo, tremendamente beneficiosos para todo el mundo, incluyendo a los empleados y obreros.
Para Schumpeter, el motor de crecimiento económico que aumenta el nivel de vida de todos es el talento creativo y la capacidad empresarial. Y esa habilidad, sea para lanzar algo novedoso o las exitosas estrategias que caracterizan a los líderes empresariales, no se da sin altos incentivos para arriesgar capital propio o tomarlo prestado.
Nadie invierte tiempo, esfuerzo y talento en novedosas iniciativas empresariales sin creer que las probables utilidades ameritan el riesgo. Es decir, en ausencia de atractivos incentivos, los instintos empresariales no se ponen en práctica y, entonces, el costo de la inacción no es solamente un nivel de vida más bajo, sino también menores oportunidades de empleo.
En el mismo artículo, Schumpeter calculó que si la totalidad de la riqueza en Gran Bretaña fuera redistribuida entre la población, apenas si aumentaría el nivel de vida. Pienso que lo mismo sucedería hoy, inclusive a nivel mundial.
Esto nos conduce de regreso al salario mínimo, que es en realidad un tipo de redistribución, pero que no afecta nada a los ricos. El impacto negativo lo sufre la clase media y los pequeños empresarios con reducidas ganancias, lo mismo que millones de consumidores que terminan pagando por el aumento salarial. En cualquier caso, nada de eso tiene que ver con "justicia social".
(*) Director de investigaciones del Acton Institute.
www.aipenet.com
Insistió en que de nada sirve tener 1, 000 policías de tránsito si no disponen de los equipos y capacidad.
Hay seis juzgados de tránsito en el distrito capital: uno en San Miguelito, Chiriquí y Colón. En el resto del país, los alcaldes se encargan de los casos.
En el 2006, se realizaban 25 audiencias diarias; sin embargo, deberían ser más, pero diversas razones propias de cada expediente, lo impiden.
Severino Mejía, director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), dijo que buscan mecanismos para mejorar el proceso de atender los accidentes de tránsito.
La solución apunta a un número sencillo, fácil de aprender, que sea usado por los ciudadanos para reportar los accidentes.
"Es una especie de 911", señaló Mejía, quien reconoció que hay procesos de partes policivos que se dilatan.
Recordó que hay pocas unidades de tránsito, 450 mil vehículos en la ciudad y tres calles longitudinales y pocas transversales, lo que contribuye al tranque.
El director de la ATTT quiso dejar claro que los policías de tránsito son unidades de la Policía Nacional, pues la ciudadanía piensa que son parte de la entidad.
Pero, sostuvo que trabajan en coordinación.
La ATTT dispone de 50 inspectores en el país, de los cuales 27 están en la ciudad, quienes fiscalizan y regulan el transporte terrestre.
"Los agentes hacen cumplir el reglamento de tránsito", aclaró.
Afirmó que ese inspector de la ATTT está facultado para poner boletas, pero se utilizan cuando se establecen los mecanismos de movilización como en la Semana Santa, Carnaval, Fiestas Patrias, etc.
Igualmente, los mecanismos que utiliza el Tránsito para medir la velocidad y el estado de los conductores, como radares y alcoholímetro, respectivamente, le corresponde a estas unidades.
