Salud, dos pasos adelante y uno hacia atrás
El tema de la eficacia del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social en proveer de servicios de salud a la población general y los asegurados, respectivamente, ha sido objeto de controversia en los últimos diez años. Se ha planteado reiteradamente la necesidad de mejorar la planificación; es decir, qué servicios deben implementarse, para quién, así como una mejor coordinación entre ambas instituciones que permita un adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles en infraestructuras, insumos y de personal técnico y administrativo.
Tres posiciones o corrientes han manifestado tener la solución para el logro de estas metas, y a las cuales denomino los privatizadores, los desintegradores y los integristas.
Los privatizadores consideran que la excelencia se lograría con la concesión a empresas privadas de los servicios públicos de salud y en su momento presentaron su proyecto conocido con el nombre de CONSALUD.
Los desintegradores postulan que es responsabilidad del Estado, por medio del Ministerio de Salud, atender a la población en general; y la de la Caja de Seguro Social, la atención de los derechohabientes únicamente.
Los integristas proponen la creación de un Sistema Único de Salud, regentado por el Ministerio de Salud, compartiendo ambas instituciones sus recursos y en una coordinación funcional dirigida por autoridades de dicho Ministerio.
Como médico, con una formación humanista, de lo que sí estoy convencido es que la posición de los privatizadores, con una perspectiva mercantilista, donde la salud deja de ser un derecho fundamental de todo ciudadano y se convierte en un privilegio del que está en capacidad de pagar los servicios, es totalmente inaceptable. La Constitución panameña, en su artículo 105 y 106, establece: "Es función del Estado velar por la salud de la población, el individuo como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social".
106.5 "Crear, de acuerdo con las necesidades de la región, establecimientos en los cuales se preste servicios de salud integral y suministren medicamentos a toda la población. Estos servicios de salud y medicamentos serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos".
Se entiende que estos artículos se refieren a las obligaciones y funciones que le corresponden al Ministerio de Salud y no a la Caja de Seguro Social que es objeto de otra legislación.
La propuesta CONSALUD, o cualquier otro sistema que plantee la privatización de los servicios públicos de salud, contradice y se aleja del mandato claramente establecido en nuestra Carta Magna. Se cae de su peso pensar que una empresa privada va a ofrecer servicios de salud sin obtener una ganancia y mucho menos invertir en promoción y prevención donde hay aún menos posibilidad de obtener un usufructo.
La experiencia vivida con las empresas privatizadas (IRHE, INTEL), con el supuesto abaratamiento de los costos para la población, ha sido una falacia y la publicitada eficiencia todavía está por verse.
En otro contexto, podemos citar la experiencia de la empresa pública del Canal de Panamá, una de las más eficientes del país y a nivel internacional, con una verdadera autonomía administrativa, alejada de las influencias político partidistas, de gobierno, con respeto a la designación de cargos por concurso basado en los méritos, experiencia y preparación académica. Esto es un claro ejemplo de que la eficiencia depende de las condiciones bajo las cuales se permite operar a las empresas públicas y me preguntó: ¿Por qué no es posible lograr esto con la Caja de Seguro Social, qué intereses lo impiden?
De las otras dos corrientes, los desintegradores y los integristas, tengo que aceptar que ambos grupos tienen justificados argumentos en pro y contra. Los integristas alegan, principalmente, que en un Sistema Único se abaratan los costos al no duplicar servicios, se planifica y aprovechan mejor los recursos de ambas instituciones al haber un solo ente rector. Los desintegradores argumentan que la obligación del Estado a través del Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, es la provisión de servicios de salud a toda la población, y que a la Caja de Seguro Social le corresponde la atención exclusiva de los derechohabientes y que la experiencia en las áreas integrantes del interior de la República ha sido que el gobierno no asigna un presupuesto adecuado al Ministerio de Salud, desviando estos fondos públicos a otros servicios y gastos no esenciales para la población y recayendo la carga de costear al Sistema Integrado de Salud a la Caja de Seguro Social con el consiguiente perjuicio en la atención de los asegurados.
El artículo 112 de la Constitución establece que las comunidades tienen el deber y el derecho de participar en la planificación, ejecución y evaluación de los distintos programas de salud. Por lo tanto, esperamos que de manera responsable las autoridades de Gobierno, representados por los funcionarios del Ministerio de Salud, quienes han propuesto formalmente la creación de un Nuevo Modelo de Atención Nacional y un plan piloto en Chiriquí y Panamá Oeste, permitan el debate y la participación de los diferentes sectores que componen el Sistema de Salud. Excluir a los funcionarios de salud y a sus organizaciones gremiales, que serían los encargados de su implementación, sería un craso error.
Tres posiciones o corrientes han manifestado tener la solución para el logro de estas metas, y a las cuales denomino los privatizadores, los desintegradores y los integristas.
Los privatizadores consideran que la excelencia se lograría con la concesión a empresas privadas de los servicios públicos de salud y en su momento presentaron su proyecto conocido con el nombre de CONSALUD.
Los desintegradores postulan que es responsabilidad del Estado, por medio del Ministerio de Salud, atender a la población en general; y la de la Caja de Seguro Social, la atención de los derechohabientes únicamente.
Los integristas proponen la creación de un Sistema Único de Salud, regentado por el Ministerio de Salud, compartiendo ambas instituciones sus recursos y en una coordinación funcional dirigida por autoridades de dicho Ministerio.
Como médico, con una formación humanista, de lo que sí estoy convencido es que la posición de los privatizadores, con una perspectiva mercantilista, donde la salud deja de ser un derecho fundamental de todo ciudadano y se convierte en un privilegio del que está en capacidad de pagar los servicios, es totalmente inaceptable. La Constitución panameña, en su artículo 105 y 106, establece: "Es función del Estado velar por la salud de la población, el individuo como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social".
106.5 "Crear, de acuerdo con las necesidades de la región, establecimientos en los cuales se preste servicios de salud integral y suministren medicamentos a toda la población. Estos servicios de salud y medicamentos serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos".
Se entiende que estos artículos se refieren a las obligaciones y funciones que le corresponden al Ministerio de Salud y no a la Caja de Seguro Social que es objeto de otra legislación.
La propuesta CONSALUD, o cualquier otro sistema que plantee la privatización de los servicios públicos de salud, contradice y se aleja del mandato claramente establecido en nuestra Carta Magna. Se cae de su peso pensar que una empresa privada va a ofrecer servicios de salud sin obtener una ganancia y mucho menos invertir en promoción y prevención donde hay aún menos posibilidad de obtener un usufructo.
La experiencia vivida con las empresas privatizadas (IRHE, INTEL), con el supuesto abaratamiento de los costos para la población, ha sido una falacia y la publicitada eficiencia todavía está por verse.
En otro contexto, podemos citar la experiencia de la empresa pública del Canal de Panamá, una de las más eficientes del país y a nivel internacional, con una verdadera autonomía administrativa, alejada de las influencias político partidistas, de gobierno, con respeto a la designación de cargos por concurso basado en los méritos, experiencia y preparación académica. Esto es un claro ejemplo de que la eficiencia depende de las condiciones bajo las cuales se permite operar a las empresas públicas y me preguntó: ¿Por qué no es posible lograr esto con la Caja de Seguro Social, qué intereses lo impiden?
De las otras dos corrientes, los desintegradores y los integristas, tengo que aceptar que ambos grupos tienen justificados argumentos en pro y contra. Los integristas alegan, principalmente, que en un Sistema Único se abaratan los costos al no duplicar servicios, se planifica y aprovechan mejor los recursos de ambas instituciones al haber un solo ente rector. Los desintegradores argumentan que la obligación del Estado a través del Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, es la provisión de servicios de salud a toda la población, y que a la Caja de Seguro Social le corresponde la atención exclusiva de los derechohabientes y que la experiencia en las áreas integrantes del interior de la República ha sido que el gobierno no asigna un presupuesto adecuado al Ministerio de Salud, desviando estos fondos públicos a otros servicios y gastos no esenciales para la población y recayendo la carga de costear al Sistema Integrado de Salud a la Caja de Seguro Social con el consiguiente perjuicio en la atención de los asegurados.
El artículo 112 de la Constitución establece que las comunidades tienen el deber y el derecho de participar en la planificación, ejecución y evaluación de los distintos programas de salud. Por lo tanto, esperamos que de manera responsable las autoridades de Gobierno, representados por los funcionarios del Ministerio de Salud, quienes han propuesto formalmente la creación de un Nuevo Modelo de Atención Nacional y un plan piloto en Chiriquí y Panamá Oeste, permitan el debate y la participación de los diferentes sectores que componen el Sistema de Salud. Excluir a los funcionarios de salud y a sus organizaciones gremiales, que serían los encargados de su implementación, sería un craso error.
