Salud pública, el yugo del Seguro
En los actuales momentos por los que atraviesa nuestra República, es necesario que los próximos regentes políticos trabajen para resolver las necesidades más apremiantes de la población. Una de éstas es la de retomar la responsabilidad de la salud pública y liberar al Seguro Social de este yugo impuesto por la dictadura.
El Seguro Social, un fondo obligatorio para la vejez, fue creado por el Dr. Arnulfo Arias Madrid, con la visión de que el trabajador, tuviese una atención a sus enfermedades y en la vejez contase con un subsidio.
Los beneficiarios de los asegurados, en un principio eran sólo los cónyuges y los hijos pequeños. Los jubilados también eran menos y con expectativas de vida reducida.
Hubo más cotizantes y el Seguro era una entidad sostenible. Con los tiempos y la dictadura todo esto cambió. Por eso ahora el Seguro Social no alcanza para más y es urgente que la ley que lo fundamenta se cambie, porque propició ya la bancarrota en varios programas de la institución y amenaza acabar con la misma desde sus cimientos.
El gobierno tiene que asumir su rol de protector de la salud pública y mejor que antes ofrecer a la comunidad atención, es lo justo.
Los que vivieron antes de que se le diera a la Caja de Seguro Social la responsabilidad de la salud pública del gobierno, recuerdan cómo antes la gente acudía al Hospital Santo Tomás y al Hospital del Niño, donde con 25 centavos se obtenía una consulta médica y recetas.
El médico decidía si había necesidad de volver y si se requería de un especialista. Eran otros tiempos, había menos promiscuidad, menos violencia y más moral, pero en suma se tenían males como los actuales, el cáncer, la tuberculosis, enfermedades mentales etc.
Hoy día hay personas que han pagado sus cuotas y para pensionarse deben afrontar largos procesos y evidenciar una enfermedad degenerativa para recibir una atención como asegurado. Sin embargo, hay niños que son pensionados sin trabajar, con la cotización de sus padres, por tener un problema congénito. Es lógico pensar que el Seguro Social puede dar un apoyo en casos excepcionales a la salubridad pública, pero no asumir una responsabilidad mayor con un no cotizante.
Pensar en leyes que impliquen más años de cotizaciones para jubilarse es injusto si no se quitan los beneficiarios. Esto es lo común, lo que todos hacen en una empresa cuando los gastos se están saliendo de control. Hay que reducir costos.
En la empresa, privada o estatal, lo lógico y lo que se hace sin pensar en que fulano acaba de casarse y compró una casa, o sultana es madre soltera y necesita de su salario es el despido y no vale llanto.
En ese caso se debe ser consecuente con nuestros congéneres. Pero aquí hay una oportunidad que no tienen los que despiden sin sopesar su situación, su dedicación y todas sus bondades.
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, tiene que jugar su papel en la salubridad pública, dotando de todas las facilidades a ese pueblo que el Seguro Social, por falta de fondos, no puede atender.
Finalmente, pensamos que un plebiscito sobre el Seguro Social, puede ser productivo si en el mismo participan los cotizantes, no los asegurados, porque los asegurados son los beneficiarios y éstos, por supuesto, que van a votar por continuar bajo el régimen de asegurados con lo cual un plebiscito así sería viciado e involucraría una inversión que no lograría su objetivo, salvar del colapso al Seguro Social.
El Seguro Social, un fondo obligatorio para la vejez, fue creado por el Dr. Arnulfo Arias Madrid, con la visión de que el trabajador, tuviese una atención a sus enfermedades y en la vejez contase con un subsidio.
Los beneficiarios de los asegurados, en un principio eran sólo los cónyuges y los hijos pequeños. Los jubilados también eran menos y con expectativas de vida reducida.
Hubo más cotizantes y el Seguro era una entidad sostenible. Con los tiempos y la dictadura todo esto cambió. Por eso ahora el Seguro Social no alcanza para más y es urgente que la ley que lo fundamenta se cambie, porque propició ya la bancarrota en varios programas de la institución y amenaza acabar con la misma desde sus cimientos.
El gobierno tiene que asumir su rol de protector de la salud pública y mejor que antes ofrecer a la comunidad atención, es lo justo.
Los que vivieron antes de que se le diera a la Caja de Seguro Social la responsabilidad de la salud pública del gobierno, recuerdan cómo antes la gente acudía al Hospital Santo Tomás y al Hospital del Niño, donde con 25 centavos se obtenía una consulta médica y recetas.
El médico decidía si había necesidad de volver y si se requería de un especialista. Eran otros tiempos, había menos promiscuidad, menos violencia y más moral, pero en suma se tenían males como los actuales, el cáncer, la tuberculosis, enfermedades mentales etc.
Hoy día hay personas que han pagado sus cuotas y para pensionarse deben afrontar largos procesos y evidenciar una enfermedad degenerativa para recibir una atención como asegurado. Sin embargo, hay niños que son pensionados sin trabajar, con la cotización de sus padres, por tener un problema congénito. Es lógico pensar que el Seguro Social puede dar un apoyo en casos excepcionales a la salubridad pública, pero no asumir una responsabilidad mayor con un no cotizante.
Pensar en leyes que impliquen más años de cotizaciones para jubilarse es injusto si no se quitan los beneficiarios. Esto es lo común, lo que todos hacen en una empresa cuando los gastos se están saliendo de control. Hay que reducir costos.
En la empresa, privada o estatal, lo lógico y lo que se hace sin pensar en que fulano acaba de casarse y compró una casa, o sultana es madre soltera y necesita de su salario es el despido y no vale llanto.
En ese caso se debe ser consecuente con nuestros congéneres. Pero aquí hay una oportunidad que no tienen los que despiden sin sopesar su situación, su dedicación y todas sus bondades.
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, tiene que jugar su papel en la salubridad pública, dotando de todas las facilidades a ese pueblo que el Seguro Social, por falta de fondos, no puede atender.
Finalmente, pensamos que un plebiscito sobre el Seguro Social, puede ser productivo si en el mismo participan los cotizantes, no los asegurados, porque los asegurados son los beneficiarios y éstos, por supuesto, que van a votar por continuar bajo el régimen de asegurados con lo cual un plebiscito así sería viciado e involucraría una inversión que no lograría su objetivo, salvar del colapso al Seguro Social.
