Salvemos el Seguro Social
Enfrascarnos en la bizantina discusión sobre los B/29.9 millones de crédito extraordinario requeridos por el director general de la Caja de Seguro Social para cumplir con sus gastos de funcionamiento, no nos lleva sino a distraernos del problema mayor que amenaza la existencia misma de la venerable institución.
Partamos de una base. El Seguro Social no puede desaparecer porque él es la llave de la convivencia y paz social en la nación panameña. La institución, sostenida por 650 mil cotizantes, sus patrones y el gobierno, presta servicios a una población de 2 millones de personas, pobres en su mayoría.
Otra realidad indiscutible, reconocida por todos los sectores nacionales, incluyendo al empresarial y laboral, es que la entidad está en peligro de desaparecer bajo el peso de innumerables problemas financieros. La fecha del colapso o punto sin retorno, varía según distintas apreciaciones, pero no en mucho. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la estimó en el 2015, mientras que dos equipos de actuarios designados paralelamente, por separado, por los sindicatos y empresarios, respectivamente, coincidieron en que el desastre sobrevendrá más temprano cerca del 2012, o sea, dentro de apenas 9 años. Ese año no habrá con qué pagar las pensiones.
El déficit actuarial, entendido como el faltante que se necesita - y no se tiene - para asegurar el pago de las pensiones de los actuales cotizantes que cargan con los jubilados de hoy, es de B/.2,500 millones y va en aumento. Este es, pues, el problema que se repite en distinta cuantía, pero aun así en preocupante magnitud en todos los demás programas de la Caja (el de enfermedad, riesgos profesionales y el de administración).
Por fortuna, también se tienen identificadas las soluciones. Consisten en una serie de opciones diversas que deberán aplicarse en forma programada, simultánea o escalonada, y que apuntan a reducir los gastos y a mejorar los ingresos. Entre los primeros están: recortar erogaciones, aumentar el número de cuotas, elevar e igualar la edad, aumentar la base de años de cálculos para la pensión, regular el número de dependientes y subrogar servicios que sean costosos para la Caja.
A nivel de los ingresos, se incluyen también algunas opciones: mejorar el rendimiento de sus dineros de reserva, aumentar la cuota, acreditarle el décimotercer mes, estimular la cotización y perseguir la defraudación y evasión. Pero esta medida, al igual que la que atañe a los gastos, requiere de cambios estructurales que para ser llevados adelante deben contar con la voluntad y el desprendimiento de todos los sectores nacionales, deponiendo egoísmos e intereses sectarios. Claro que habrá sacrificios y renuncia de algunas conquistas y privilegios, pero salvar a la Caja de Seguro Social para el Panamá de hoy y mañana, bien vale la pena.
Partamos de una base. El Seguro Social no puede desaparecer porque él es la llave de la convivencia y paz social en la nación panameña. La institución, sostenida por 650 mil cotizantes, sus patrones y el gobierno, presta servicios a una población de 2 millones de personas, pobres en su mayoría.
Otra realidad indiscutible, reconocida por todos los sectores nacionales, incluyendo al empresarial y laboral, es que la entidad está en peligro de desaparecer bajo el peso de innumerables problemas financieros. La fecha del colapso o punto sin retorno, varía según distintas apreciaciones, pero no en mucho. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la estimó en el 2015, mientras que dos equipos de actuarios designados paralelamente, por separado, por los sindicatos y empresarios, respectivamente, coincidieron en que el desastre sobrevendrá más temprano cerca del 2012, o sea, dentro de apenas 9 años. Ese año no habrá con qué pagar las pensiones.
El déficit actuarial, entendido como el faltante que se necesita - y no se tiene - para asegurar el pago de las pensiones de los actuales cotizantes que cargan con los jubilados de hoy, es de B/.2,500 millones y va en aumento. Este es, pues, el problema que se repite en distinta cuantía, pero aun así en preocupante magnitud en todos los demás programas de la Caja (el de enfermedad, riesgos profesionales y el de administración).
Por fortuna, también se tienen identificadas las soluciones. Consisten en una serie de opciones diversas que deberán aplicarse en forma programada, simultánea o escalonada, y que apuntan a reducir los gastos y a mejorar los ingresos. Entre los primeros están: recortar erogaciones, aumentar el número de cuotas, elevar e igualar la edad, aumentar la base de años de cálculos para la pensión, regular el número de dependientes y subrogar servicios que sean costosos para la Caja.
A nivel de los ingresos, se incluyen también algunas opciones: mejorar el rendimiento de sus dineros de reserva, aumentar la cuota, acreditarle el décimotercer mes, estimular la cotización y perseguir la defraudación y evasión. Pero esta medida, al igual que la que atañe a los gastos, requiere de cambios estructurales que para ser llevados adelante deben contar con la voluntad y el desprendimiento de todos los sectores nacionales, deponiendo egoísmos e intereses sectarios. Claro que habrá sacrificios y renuncia de algunas conquistas y privilegios, pero salvar a la Caja de Seguro Social para el Panamá de hoy y mañana, bien vale la pena.
