Saneamiento en Nicaragua y Paraguay
Nicaragua y Paraguay, que comparten la dudosa fama de haber tenido los gobiernos más corruptos de Latinoamérica, se proyectan ahora como pioneros de una especie de "saneamiento político" con gobiernos reformistas decididos a combatir este flagelo. Pero algunos observadores estiman que ambos corren el peligro de iniciar una tarea digna de Sisifo, esa metáfora romana del dios que tiene la tarea imposible de subir el monte cargando al mundo en sus hombros. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, el presidente Enrique Bolaños ya ha logrado superar a algunos asaltos del interés privado sobre la esfera de lo público mediante la ayuda de su colega George W. Bush, quien tomó un interés personal en la situación del este país centroamericano.
El caso de Paraguay se proyecta más difícil, aunque el nuevo presidente Nicanor Duarte Frutos, goza de una excelente reputación como cruzado de la lucha contra el flagelo de la corrupción. Pero la frialdad de los números muestra que la tarea no será sencilla: su gobierno ha heredado una deuda externa de 2,300 millones de dólares. Para otras capitales, el monto sería fácil de solventar. Pero es enorme para un país de apenas seis millones de habitantes y con una economía casi pastoril del siglo XIX.
"De quienes más hay que cuidarse -advirtió el nuevo mandatario la semana pasada-, ...es de los grupos que están acostumbrados a medrar del Estado, de la política, del mercado. Ellos son los que tienen pánico frente a la idea de destruir la sociedad de privilegios".
Es una definición precisa, que puede tomarse como presagio del sesgo que tendrá su gobierno. A ese cuadro debe sumársele un déficit fiscal de US$ 150 millones generado por la ineficiencia y la corruptela en el Estado, que ha sido y es la base del clientelismo político sustentador del oficialista Partido Colorado, al que pertenece Duarte y que ejerce el poder desde hace medio siglo.
El cuadro se complica aún más si uno considera que el contrabando representa el mayor ingreso de divisas extranjeras del país y que su epicentro se encuentra en Ciudad del Este, una de las regiones más arcanas del continente- lo que se conoce como la Triple Frontera, que ha sido objeto de extensos reportajes por este corresponsal que la visitó varias veces en los últimos cinco años mediante la ayuda del Servicio de Inteligencia de dos países lindantes. Tanto altos funcionarios como líderes de los grupos empresariales insistieron en que sin el contrabando la economía paraguaya quedaría paralizada.
El último gran negociado, que explica en buena medida la crisis actual, colapsó en los dos años pasados con las quiebras de varios bancos. La debacle arrastró parte del dinero -el 10% de cada sueldo- que la Caja Previsional estatal había depositado en ellos. Aunque el escándalo ensució al gobierno de González Macchi, el germen de ese sistema nació a en los años "90, cuando un país sin grandes necesidades crediticias contaba con 60 bancos. La caída en cascada de varias entidades desde abril de 1995 desnudó las sociedades habidas entre funcionarios y ejecutivos privados.
A quince años del retorno de la democracia, la crisis paraguaya continúa sin miras a decrecer y acentuándose cada vez más. Potenciado por la asfixia financiera, la bancarrota del minúsculo aparato industrial y una población descreída hasta de su propia sombra, el quiebre coloca al país en una difícil posición sobre su solvencia futura. Ese particular modo de acumulación ilegal de capital eclipsó, en rigor, el esquema clásico basado en la evasión fiscal y aduanera, que incluía -según firmes sospechas- la participación del tráfico de drogas y el lavado de dinero mal habido.
En 1998, el procurador general del Estado dijo a este diario que el contrabando era equivalente al PBI de entonces, cifrado en US$ 10,000 millones. Hoy, la riqueza se encogió a unos US$ 7,200 millones. El comercio ilegal de mercaderías oscila entre 7,000 y 10,000 millones de dólares.
Bajo este escenario de calamidades, complicado además con una serie de secuestros extorsivos que tiene al país con el suspiro en la boca, es natural que el presidente sea contundente en sus proyectos. "Impunidad cero", Duarte prometió en una entrevista con el periódico argentino Clarín. Y los paraguayos le respondieron con un 75% de apoyo, según un sondeo. El optimismo no es para menos. Sangre nueva -Duarte tiene 46 años- para acabar con un conflicto viejo. La sociedad parece confiar en quien ha puesto el punto sobre la "í" al definir lo que enfrenta su gestión: "Todo -confesó- tiene olor a organización delictiva".
El caso de Paraguay se proyecta más difícil, aunque el nuevo presidente Nicanor Duarte Frutos, goza de una excelente reputación como cruzado de la lucha contra el flagelo de la corrupción. Pero la frialdad de los números muestra que la tarea no será sencilla: su gobierno ha heredado una deuda externa de 2,300 millones de dólares. Para otras capitales, el monto sería fácil de solventar. Pero es enorme para un país de apenas seis millones de habitantes y con una economía casi pastoril del siglo XIX.
"De quienes más hay que cuidarse -advirtió el nuevo mandatario la semana pasada-, ...es de los grupos que están acostumbrados a medrar del Estado, de la política, del mercado. Ellos son los que tienen pánico frente a la idea de destruir la sociedad de privilegios".
Es una definición precisa, que puede tomarse como presagio del sesgo que tendrá su gobierno. A ese cuadro debe sumársele un déficit fiscal de US$ 150 millones generado por la ineficiencia y la corruptela en el Estado, que ha sido y es la base del clientelismo político sustentador del oficialista Partido Colorado, al que pertenece Duarte y que ejerce el poder desde hace medio siglo.
El cuadro se complica aún más si uno considera que el contrabando representa el mayor ingreso de divisas extranjeras del país y que su epicentro se encuentra en Ciudad del Este, una de las regiones más arcanas del continente- lo que se conoce como la Triple Frontera, que ha sido objeto de extensos reportajes por este corresponsal que la visitó varias veces en los últimos cinco años mediante la ayuda del Servicio de Inteligencia de dos países lindantes. Tanto altos funcionarios como líderes de los grupos empresariales insistieron en que sin el contrabando la economía paraguaya quedaría paralizada.
El último gran negociado, que explica en buena medida la crisis actual, colapsó en los dos años pasados con las quiebras de varios bancos. La debacle arrastró parte del dinero -el 10% de cada sueldo- que la Caja Previsional estatal había depositado en ellos. Aunque el escándalo ensució al gobierno de González Macchi, el germen de ese sistema nació a en los años "90, cuando un país sin grandes necesidades crediticias contaba con 60 bancos. La caída en cascada de varias entidades desde abril de 1995 desnudó las sociedades habidas entre funcionarios y ejecutivos privados.
A quince años del retorno de la democracia, la crisis paraguaya continúa sin miras a decrecer y acentuándose cada vez más. Potenciado por la asfixia financiera, la bancarrota del minúsculo aparato industrial y una población descreída hasta de su propia sombra, el quiebre coloca al país en una difícil posición sobre su solvencia futura. Ese particular modo de acumulación ilegal de capital eclipsó, en rigor, el esquema clásico basado en la evasión fiscal y aduanera, que incluía -según firmes sospechas- la participación del tráfico de drogas y el lavado de dinero mal habido.
En 1998, el procurador general del Estado dijo a este diario que el contrabando era equivalente al PBI de entonces, cifrado en US$ 10,000 millones. Hoy, la riqueza se encogió a unos US$ 7,200 millones. El comercio ilegal de mercaderías oscila entre 7,000 y 10,000 millones de dólares.
Bajo este escenario de calamidades, complicado además con una serie de secuestros extorsivos que tiene al país con el suspiro en la boca, es natural que el presidente sea contundente en sus proyectos. "Impunidad cero", Duarte prometió en una entrevista con el periódico argentino Clarín. Y los paraguayos le respondieron con un 75% de apoyo, según un sondeo. El optimismo no es para menos. Sangre nueva -Duarte tiene 46 años- para acabar con un conflicto viejo. La sociedad parece confiar en quien ha puesto el punto sobre la "í" al definir lo que enfrenta su gestión: "Todo -confesó- tiene olor a organización delictiva".
