Se busca contralor

Así como se necesita una Contraloría ajena a vaivenes políticos, podríamos decir de una Corte Suprema de Justicia o un procurador General, un fiscal electoral y un Tribunal Electoral, electos de forma que no deje duda de la imparcialidad e independencia como atenderán sus delicadas funciones.

En una época en la que la transparencia florece a nivel mundial, en Panamá "nos empeñamos" en nombrar como Contralor a un íntimo del Presidente; como Procuradora a quien responda a particulares intereses económicos, y a un fiscal electoral que asume su cargo desde una notaría en la que impide conocer la declaración de bienes -siendo ésta pública- de su padrino en el cargo, el Presidente de la República. La renuncia por corrupción del primer ministro peruano y la investigación que en Israel obligó también a renunciar a su jefe de gobierno, resultan incómodamente ejemplares en Panamá, donde un escándalo tan grande como la pérdida de estatuas con 70 mil libras de peso, además de que se queda sin indicios, hay gente importante tratando de tapar el entuerto.

Conozco a Carlos Vallarino desde 1990, cuando fungió como especie de Sub Contralor General en tiempos de "Chinchorro" Carles. Hombre práctico, conocedor de sus responsabilidades, le imprimió orden a las finanzas públicas después de la invasión; tras el desmadre existente antes del 20 de diciembre. A Carles no le importó su pasado burocrático en el antiguo régimen; mi experiencia con él cuando fui Alcalde del distrito de Panamá fue excelente; su rol fiscalizador, facilitó el desenvolvimiento de una entidad que hallé en total caos.

Sin embargo, su relación de amistad con el Presidente, de quien fue su jefe de campaña en 1999, tras ser el primer Superintendente Bancario, su primer Ministro del MOP y después del MEF, proyecta una Contraloría interesada únicamente en lo que le descubre al gobierno de Moscoso y su traviesa hermana, obviando todo lo que se denuncia del régimen actual: fibras de vidrio contaminando escuelas y enriqueciendo a corruptos, concesión de Playa Bonita decretada ilegal por la Corte Suprema de Justicia, escuelas-ranchos, venta de tierras del IPAT al Hotel Sheraton por menos de la mitad de su precio...

Gracias a Dios faltan menos de diez meses para que se desmantele esa oscura tramoya que no conoce de fiscalización. Los nuevos gobernantes tendrán que entender que la cosa pública es de todos; no sólo del que te nombró y es tu amigo. Comencemos por quien se recomiende para Contralor, sigamos con quienes haya que proponer para la Corte Suprema y, a los que se quedan, exigirles la transparencia que el ejemplo del Presidente y su gabinete deben dar y que en el presente no han dado.

gcochez@calboenda.net