Se desconocen leyes sobre educación
El sistema educativo como componente básico y fundamental de la estructura económica y social panameña viene a constituir el instrumento vital para el mejoramiento cualitativo y cuantitativo del conjunto de bienes y servicios que nuestra población requiere y que debe permitir satisfacer las necesidades de formación y calificación que el panameño demanda, para su plena realización y participación en todos los niveles del proceso productivo nacional, contribuyendo así a incrementar los niveles de productividad económica y, a la vez, su total realización en un trabajo productivo socialmente útil.
Muy recientemente un prospecto a rector de la Universidad de Panamá manifestó que la Universidad de Panamá era una productora de desempleados. Esta lapidaria expresión es una manifestación de las dificultades que confronta el sistema educativo panameño para lograr articular las demandas del desarrollo económico nacional con las necesidades de formación y capacitación de los recursos humanos, evidenciándose con ello el divorcio existente entre la educación nacional y las demandas y expectativas que la sociedad panameña le plantea.
Se cuestiona la capacidad creativa y reflexiva de los panameños, se indica que el sistema no promueve la creación de un ciudadano proactivo y emprendedor, hay un sentimiento de insatisfacción porque los panameños no logramos realizar un trabajo o tener un empleo que nos permita la plena realización espiritual y material. De igual manera, se evidencia un emplazamiento de los empresarios y de la sociedad en su conjunto; que se ahoga en una mar de reclamaciones sin respuestas, al observar que los egresados de nuestro sistema educativo tienen una profesión que no corresponde con la realidad del trabajo que se calificó para desempeñar, en la que el desarrollo obtenido no les permite la utilización plena de sus facultades físicas y espirituales. Y ¿qué decir de la pobreza que a diario se palpa, al no disponer de los valores, y sentimientos propios que reclama el panameño como ser social?
En las circunstancias manifiestas, el sistema educativo no ha sido capaz de articular un modelo de formación y capacitación de recursos humanos que le permita conciliar las demandas del modelo económico vigente, caracterizado por su alto grado de especialización en materia de tránsito de capitales, servicios trasnacionales y gran exportador de servicios y a la vez ofrecer una oferta educativa que beneficie al resto de la economía y al interior del país, todo ello, en función del desarrollo integral del país.
A partir del año 1979 se inició en nuestro país el establecimiento de Centros de Educación Postmedia no universitarios, que desde entonces, en un proceso progresivo ascendente evolucionaron a Centros de Educación Superior bajo la dependencia del Ministerio de Educación y los mismos acompañarían a las universidades en su esfuerzo para enfrentar la problemática de nuestro sistema educativo.
Mediante la Ley 34 de julio de 1995, que adiciona y modifica la Ley 47 Orgánica de Educación del 24 de septiembre de 1946, se establece la Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel o Educación Superior y se establece que la educación superior será impartida por las universidades y por los centros de enseñanza superior.
El Decreto Ejecutivo 50 de 23 de marzo de 2002 reglamenta el funcionamiento de los Centros de Educación Superior o Institutos de Enseñanza Superior oficiales y particulares, bajo la dependencia del Ministerio de Educación, los que constituyen una nueva vertiente de oportunidades. Especializados en uno o pocos campos, sin ser universidades, están en capacidad y tienen las fortalezas para ofrecer educación superior; carreras técnicas, licenciaturas y especialidades a los egresados de educación media que enfrentan la urgente necesidad de estar en capacidad para el desempeño de una actividad productiva autogestionaria o para su desarrollo en una empresa organizada.
Hasta la fecha, existen más de 20 Centros de Educación Superior particulares entre los cuales tenemos el Instituto Bancario Internacional (IBI). Centros de Estudios Superiores (Cesa - APEDE), Instituto Tecnológico de Computación (INTEC), Instituto Politécnico de Panamá (COMPUCLUB), Centro Tecnológico de Panamá (CENTROTEC), Instituto de Enseñanza Superior OTEIMA, Instituto de Sistemas Computarizados y Docencia, Centro de Estudios ASSA, Instituto Politécnico de América (INSPA), etc. El Ministerio de Educación estableció durante los años 1997 y 1999 centros superiores en la provincia de Panamá y Colón.
Hoy parece reinar la involución y el oscurantismo en nuestro país, lo cierto es que las autoridades de la Dirección General de Educación, a través de la Dirección Nacional del Tercer Nivel, ha puesto mil candados a todos los esfuerzos acumulados, impidiendo que los Centros de Educación Superior puedan cumplir con el encargo social que el Estado panameño le otorgó.
Hacemos un llamado a la Señora Ministra de Educación Doctora Doris Rosas de Mata para que investigue y llame a capitulo a los funcionarios que incumplen con las disposiciones legales establecidas y que realizan su labor dejándose llevar por fantasías que los acosan, antipatías y vendettas propias de personas inhabilitadas y negadas para administrar y normar la enseñanza superior dando lugar a la inseguridad jurídica que tanto ha venido afectando al gobierno actual y, con ello además, a toda la población que ve en estos Centros Superiores su oportunidad de contar con una carrera para vivir y perjudicando proyectos de empresarios panameños que han visto fuertemente afectadas sus inversiones, debido al incumplimiento de normas jurídicas vigentes que respaldan el desarrollo de la educación superior en Panamá .
*El autor es Planificador de Sistemas Educativos.
Por su parte, José Pimentel, del Movimiento Nueva Universidad, está convencido de que hay intereses creados en el paro que mantiene la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA).
Es de la opinión de que su secretario general, Luis Prescot, apoya la candidatura de Gustavo García de Paredes para la rectoría en el 2003. Aunque las aspiraciones de los empleados es justa, el paro beneficia a García de Paredes, argumenta.
La norma de administración presupuestaria, cuando se refiere a los traslados de partidas, establece que todos estos traslados deben pasar por el MEF para su aprobación.
No obstante, el MEF, durante la vigencia fiscal del 2002, no recibió ninguna solicitud de la universidad de transferir recursos de la 080 a otros renglones o partidas, destacó Castillo.
Por tanto, el ministerio no puede garantizar que se hayan hecho o no transferencias, tal como lo aseveran fuentes universitarias, debido a que nunca se informó, pero el director de Presupuesto sí garantiza que "por el Ministerio de Economía y Finanzas jamás pasaron esas transferencias de partidas".
La universidad es responsable por el manejo de su presupuesto en la parte financiera y administrativa, pero cualquier modificación al presupuesto general del Estado debe ser aprobado por el MEF, sentenció. "Nosotros nos mantenemos en nuestra aseveración de que los recursos fueron asignados a la Universidad de Panamá", resaltó.
Evitó contestar cuántos traslados de partidas hizo la UP, aunque aceptó que en el 2002 se hicieron unas para reforzar otras, pero basadas en las normas de administración presupuestaria. Si los traslados son por una suma mayor a los 100 mil, deben también remitirse a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Entretanto, siguen los empleados administrativos en paro, mientras los docentes comentan por los corrillos universitarios que en ese centro de estudios superiores solo se preocupan por lavarle la cara al rector, pero dejan de lado la búsqueda de una fórmula para resolver la crisis, que también incluye el pago de sus salarios atrasados.
Por ahora nadie ha dicho dónde están los 750 mil balboas ni en qué se utilizaron. Ese es el secreto mejor guardado en la universidad.
La crisis había sido anunciada por este medio. Hace exactamente un año, los días 26, 27 y 29 de noviembre de 2001, se publicaron tres entregas donde se denunciaba que la abultada planilla estaba sepultando a la universidad, y que el clientelismo político la tenía dividida.
Y más aún: El 7 de noviembre del año pasado, la primera plana anunciaba que el contralor había ordenado auditar la Universidad de Panamá, en respuesta a una serie de denuncias sobre irregularidades en la casa de estudios, recibidas en su despacho. Un año después, no se conocen aún los resultados de esa auditoría.
Hace 13 meses, tanto docentes como ex catedráticos, funcionarios y estudiantes señalaron que, "a raíz del abultamiento de la planilla, debido al nombramiento de unos 400 docentes, más de una veintena de asesores con salarios exorbitantes y personal eventual, se ha producido un sobregiro y desencadenado una serie de traslados de partidas para hacer frente a los gastos".
En el año 2001, según publicó El Panamá América, 75.7 millones de balboas del presupuesto se usaron para pagar la planilla, mientras que sólo 8.1 millones se utilizaron para inversiones.
La historia no ha cambiado. Otras fuentes dicen lo mismo un año después. También es una realidad que hay múltiples casos de una misma persona que es nombrada para dos cargos, tal como se publicó el año pasado. Para comprobarlo, basta con buscar en Internet la planilla de la universidad.
La doctora Aura Emérita de Villalaz, catedrática de la universidad y ex candidata a la rectoría, denunció en su momento, a través de este medio, el desgreño administrativo en la UP. Ahora sostiene que se han confirmado los grandes vicios de clientelismo político, que traen como consecuencia que los rectores tengan compromisos con quienes los apoyaron y eso los lleva a nombrar "a asesores de todo, de cuanta cosa se les ocurra". Son líderes de grupo nombrados con cargos inferiores a los que han ocupado antes, pero con salarios similares. Defienden esas políticas porque les beneficia. Hoy están en un puesto, pero saben que mañana estarán en otro.
Así se ha aumentado la planilla, lo que ha llevado a la universidad a donde está. "Eso lo señalamos hace tiempo y lamentablemente llegamos a donde no queríamos llegar. Esto daña la imagen internacional", sustentó.
La catedrática tiene interés en que el MEF y la Contraloría expliquen a la ciudadanía el porqué no se percataron de lo que estaba sucediendo en la universidad. "Se había pedido con mucha anticipación que se hiciera una auditoría, pero se le dio largas... los auditores no tenían tiempo", se quejó Villalaz, y ahora los resultados saltan a la vista.
Muy recientemente un prospecto a rector de la Universidad de Panamá manifestó que la Universidad de Panamá era una productora de desempleados. Esta lapidaria expresión es una manifestación de las dificultades que confronta el sistema educativo panameño para lograr articular las demandas del desarrollo económico nacional con las necesidades de formación y capacitación de los recursos humanos, evidenciándose con ello el divorcio existente entre la educación nacional y las demandas y expectativas que la sociedad panameña le plantea.
Se cuestiona la capacidad creativa y reflexiva de los panameños, se indica que el sistema no promueve la creación de un ciudadano proactivo y emprendedor, hay un sentimiento de insatisfacción porque los panameños no logramos realizar un trabajo o tener un empleo que nos permita la plena realización espiritual y material. De igual manera, se evidencia un emplazamiento de los empresarios y de la sociedad en su conjunto; que se ahoga en una mar de reclamaciones sin respuestas, al observar que los egresados de nuestro sistema educativo tienen una profesión que no corresponde con la realidad del trabajo que se calificó para desempeñar, en la que el desarrollo obtenido no les permite la utilización plena de sus facultades físicas y espirituales. Y ¿qué decir de la pobreza que a diario se palpa, al no disponer de los valores, y sentimientos propios que reclama el panameño como ser social?
En las circunstancias manifiestas, el sistema educativo no ha sido capaz de articular un modelo de formación y capacitación de recursos humanos que le permita conciliar las demandas del modelo económico vigente, caracterizado por su alto grado de especialización en materia de tránsito de capitales, servicios trasnacionales y gran exportador de servicios y a la vez ofrecer una oferta educativa que beneficie al resto de la economía y al interior del país, todo ello, en función del desarrollo integral del país.
A partir del año 1979 se inició en nuestro país el establecimiento de Centros de Educación Postmedia no universitarios, que desde entonces, en un proceso progresivo ascendente evolucionaron a Centros de Educación Superior bajo la dependencia del Ministerio de Educación y los mismos acompañarían a las universidades en su esfuerzo para enfrentar la problemática de nuestro sistema educativo.
Mediante la Ley 34 de julio de 1995, que adiciona y modifica la Ley 47 Orgánica de Educación del 24 de septiembre de 1946, se establece la Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel o Educación Superior y se establece que la educación superior será impartida por las universidades y por los centros de enseñanza superior.
El Decreto Ejecutivo 50 de 23 de marzo de 2002 reglamenta el funcionamiento de los Centros de Educación Superior o Institutos de Enseñanza Superior oficiales y particulares, bajo la dependencia del Ministerio de Educación, los que constituyen una nueva vertiente de oportunidades. Especializados en uno o pocos campos, sin ser universidades, están en capacidad y tienen las fortalezas para ofrecer educación superior; carreras técnicas, licenciaturas y especialidades a los egresados de educación media que enfrentan la urgente necesidad de estar en capacidad para el desempeño de una actividad productiva autogestionaria o para su desarrollo en una empresa organizada.
Hasta la fecha, existen más de 20 Centros de Educación Superior particulares entre los cuales tenemos el Instituto Bancario Internacional (IBI). Centros de Estudios Superiores (Cesa - APEDE), Instituto Tecnológico de Computación (INTEC), Instituto Politécnico de Panamá (COMPUCLUB), Centro Tecnológico de Panamá (CENTROTEC), Instituto de Enseñanza Superior OTEIMA, Instituto de Sistemas Computarizados y Docencia, Centro de Estudios ASSA, Instituto Politécnico de América (INSPA), etc. El Ministerio de Educación estableció durante los años 1997 y 1999 centros superiores en la provincia de Panamá y Colón.
Hoy parece reinar la involución y el oscurantismo en nuestro país, lo cierto es que las autoridades de la Dirección General de Educación, a través de la Dirección Nacional del Tercer Nivel, ha puesto mil candados a todos los esfuerzos acumulados, impidiendo que los Centros de Educación Superior puedan cumplir con el encargo social que el Estado panameño le otorgó.
Hacemos un llamado a la Señora Ministra de Educación Doctora Doris Rosas de Mata para que investigue y llame a capitulo a los funcionarios que incumplen con las disposiciones legales establecidas y que realizan su labor dejándose llevar por fantasías que los acosan, antipatías y vendettas propias de personas inhabilitadas y negadas para administrar y normar la enseñanza superior dando lugar a la inseguridad jurídica que tanto ha venido afectando al gobierno actual y, con ello además, a toda la población que ve en estos Centros Superiores su oportunidad de contar con una carrera para vivir y perjudicando proyectos de empresarios panameños que han visto fuertemente afectadas sus inversiones, debido al incumplimiento de normas jurídicas vigentes que respaldan el desarrollo de la educación superior en Panamá .
*El autor es Planificador de Sistemas Educativos.
Por su parte, José Pimentel, del Movimiento Nueva Universidad, está convencido de que hay intereses creados en el paro que mantiene la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA).
Es de la opinión de que su secretario general, Luis Prescot, apoya la candidatura de Gustavo García de Paredes para la rectoría en el 2003. Aunque las aspiraciones de los empleados es justa, el paro beneficia a García de Paredes, argumenta.
La norma de administración presupuestaria, cuando se refiere a los traslados de partidas, establece que todos estos traslados deben pasar por el MEF para su aprobación.
No obstante, el MEF, durante la vigencia fiscal del 2002, no recibió ninguna solicitud de la universidad de transferir recursos de la 080 a otros renglones o partidas, destacó Castillo.
Por tanto, el ministerio no puede garantizar que se hayan hecho o no transferencias, tal como lo aseveran fuentes universitarias, debido a que nunca se informó, pero el director de Presupuesto sí garantiza que "por el Ministerio de Economía y Finanzas jamás pasaron esas transferencias de partidas".
La universidad es responsable por el manejo de su presupuesto en la parte financiera y administrativa, pero cualquier modificación al presupuesto general del Estado debe ser aprobado por el MEF, sentenció. "Nosotros nos mantenemos en nuestra aseveración de que los recursos fueron asignados a la Universidad de Panamá", resaltó.
Evitó contestar cuántos traslados de partidas hizo la UP, aunque aceptó que en el 2002 se hicieron unas para reforzar otras, pero basadas en las normas de administración presupuestaria. Si los traslados son por una suma mayor a los 100 mil, deben también remitirse a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Entretanto, siguen los empleados administrativos en paro, mientras los docentes comentan por los corrillos universitarios que en ese centro de estudios superiores solo se preocupan por lavarle la cara al rector, pero dejan de lado la búsqueda de una fórmula para resolver la crisis, que también incluye el pago de sus salarios atrasados.
Por ahora nadie ha dicho dónde están los 750 mil balboas ni en qué se utilizaron. Ese es el secreto mejor guardado en la universidad.
La crisis había sido anunciada por este medio. Hace exactamente un año, los días 26, 27 y 29 de noviembre de 2001, se publicaron tres entregas donde se denunciaba que la abultada planilla estaba sepultando a la universidad, y que el clientelismo político la tenía dividida.
Y más aún: El 7 de noviembre del año pasado, la primera plana anunciaba que el contralor había ordenado auditar la Universidad de Panamá, en respuesta a una serie de denuncias sobre irregularidades en la casa de estudios, recibidas en su despacho. Un año después, no se conocen aún los resultados de esa auditoría.
Hace 13 meses, tanto docentes como ex catedráticos, funcionarios y estudiantes señalaron que, "a raíz del abultamiento de la planilla, debido al nombramiento de unos 400 docentes, más de una veintena de asesores con salarios exorbitantes y personal eventual, se ha producido un sobregiro y desencadenado una serie de traslados de partidas para hacer frente a los gastos".
En el año 2001, según publicó El Panamá América, 75.7 millones de balboas del presupuesto se usaron para pagar la planilla, mientras que sólo 8.1 millones se utilizaron para inversiones.
La historia no ha cambiado. Otras fuentes dicen lo mismo un año después. También es una realidad que hay múltiples casos de una misma persona que es nombrada para dos cargos, tal como se publicó el año pasado. Para comprobarlo, basta con buscar en Internet la planilla de la universidad.
La doctora Aura Emérita de Villalaz, catedrática de la universidad y ex candidata a la rectoría, denunció en su momento, a través de este medio, el desgreño administrativo en la UP. Ahora sostiene que se han confirmado los grandes vicios de clientelismo político, que traen como consecuencia que los rectores tengan compromisos con quienes los apoyaron y eso los lleva a nombrar "a asesores de todo, de cuanta cosa se les ocurra". Son líderes de grupo nombrados con cargos inferiores a los que han ocupado antes, pero con salarios similares. Defienden esas políticas porque les beneficia. Hoy están en un puesto, pero saben que mañana estarán en otro.
Así se ha aumentado la planilla, lo que ha llevado a la universidad a donde está. "Eso lo señalamos hace tiempo y lamentablemente llegamos a donde no queríamos llegar. Esto daña la imagen internacional", sustentó.
La catedrática tiene interés en que el MEF y la Contraloría expliquen a la ciudadanía el porqué no se percataron de lo que estaba sucediendo en la universidad. "Se había pedido con mucha anticipación que se hiciera una auditoría, pero se le dio largas... los auditores no tenían tiempo", se quejó Villalaz, y ahora los resultados saltan a la vista.
