Sectorización o funcionalidad
L a contradictorias declaraciones del candidato Guillermo Endara, sobre volver a sectorizar en ministerios las funciones de recaudación y planificación, permiten una retrospección del proceso de modernización del Estado.
A partir de 1990, su gobierno compromete ante los organismos internacionales un programa amplio de reforma sobre políticas públicas que incluían privatizaciones de los servicios públicos para reducir la participación estatal en la economía y la reducción de la planilla del sector público, entre otros componentes del "Plan Ford" que fueron aplicados con profundo sentido político. Se despidió a funcionarios, la mayor cantidad en la historia panameña, con los decretos No. 1 y la Ley 25, reglamento internos aplicados retroactivamente, así como una serie de desafueros que hasta hoy no cancelan los perjuicios sociales familiares y humanos de las víctimas.
El ex contralor Carles hizo sus mejores esfuerzos por vender totalmente el INTEL en B/. 1000 millones, se regaló la planta estatal de Cemento Bayano en B/.60 millones (sin restituir ningún fondo de ahorro) teniendo a corto plazo proyectos macro de carreteras, autopistas, corredores, que inyectarían grandes recursos financieros a la industria del cemento. Las políticas de gobierno en materia de modernización, constituyeron un desmantelamiento de instrumentos y estructuras productivas para traspasarlas a manos privadas. Una visión totalmente reduccionista del Estado, sin consenso y arbitrarias.
La reforma económica implementada por Mario Galindo, reduciendo la escala tributaria de los que más ganaban arriba de 100 mil, y equipararla al nivel de los asalariados, eliminar los organismos de control de precios, las cuotas de importación, la condonación de B/.40 millones a las empresas morosas de las cuotas del Seguro Social, nada de eso guardaba equidad con la situación socioeconómica panameña.
Había entonces dentro de los compromisos internacionales que rescatar un criterio más amplio y fortalecer globalmente las estructuras e instrumentos del mercado para un mejor desarrollo de la economía. Es así como el gobierno de 1994 establece las administraciones del sector portuario, pues requerían inversiones millonarias en tecnología y logística de mercadeo que el Estado era incapaz de ofrecer.
Se construyeron y ampliaron las redes de comunicación vial, ensanchando la interamericana, los corredores Norte y Sur para la circunvalación de la capital hacia el aeropuerto de Tocumen y Paso Canoas; en las privatizaciones de los servicios de luz y teléfono, el Estado se reserva el 49% de sus activos y capitales, los cuales hoy, a sólo seis años, han crecido en más del 18%. Las transferencias de tecnologías, constituyen activos valiosos para nuestros recursos humanos, y las coberturas futuras del país. El avance y actualización de la oferta enérgica y de la telefonía satelital, constituyen garantías para la inversión extranjera y el desarrollo socioeconómico.
Se trabajó sobre una nueva racionalidad o lógica estatal en el ámbito económico, que presupone una capacidad de discernimiento tecno-burocrático con metas claras.
Los avances tecnológicos, especialmente los que inciden en la administración y en las formas organizativas, han abierto un amplio espacio para perfeccionar la gestión pública del Estado y las organizaciones sociales, públicas y privadas.
La imprescindible racionalización del gasto público, como la desregularización en amplios sectores de la vida social, hacen necesario un proceso de capacitación y complementación técnica de contingentes de funcionarios que hoy adolecen de las cualidades para un servicio eficiente del Estado.
Armonizar la eficacia y la eficiencia de la acción gubernamental es posible combinando su gradualidad con las necesarias previsiones políticas y sociales. Atrayendo inversiones tecnológicas y creando empleos atractivos. Lo anterior supone el rechazo de cualquier visión autoritaria que pretenda prescindir de la dimensión política en los fenómenos económico-sociales.
A partir de 1990, su gobierno compromete ante los organismos internacionales un programa amplio de reforma sobre políticas públicas que incluían privatizaciones de los servicios públicos para reducir la participación estatal en la economía y la reducción de la planilla del sector público, entre otros componentes del "Plan Ford" que fueron aplicados con profundo sentido político. Se despidió a funcionarios, la mayor cantidad en la historia panameña, con los decretos No. 1 y la Ley 25, reglamento internos aplicados retroactivamente, así como una serie de desafueros que hasta hoy no cancelan los perjuicios sociales familiares y humanos de las víctimas.
El ex contralor Carles hizo sus mejores esfuerzos por vender totalmente el INTEL en B/. 1000 millones, se regaló la planta estatal de Cemento Bayano en B/.60 millones (sin restituir ningún fondo de ahorro) teniendo a corto plazo proyectos macro de carreteras, autopistas, corredores, que inyectarían grandes recursos financieros a la industria del cemento. Las políticas de gobierno en materia de modernización, constituyeron un desmantelamiento de instrumentos y estructuras productivas para traspasarlas a manos privadas. Una visión totalmente reduccionista del Estado, sin consenso y arbitrarias.
La reforma económica implementada por Mario Galindo, reduciendo la escala tributaria de los que más ganaban arriba de 100 mil, y equipararla al nivel de los asalariados, eliminar los organismos de control de precios, las cuotas de importación, la condonación de B/.40 millones a las empresas morosas de las cuotas del Seguro Social, nada de eso guardaba equidad con la situación socioeconómica panameña.
Había entonces dentro de los compromisos internacionales que rescatar un criterio más amplio y fortalecer globalmente las estructuras e instrumentos del mercado para un mejor desarrollo de la economía. Es así como el gobierno de 1994 establece las administraciones del sector portuario, pues requerían inversiones millonarias en tecnología y logística de mercadeo que el Estado era incapaz de ofrecer.
Se construyeron y ampliaron las redes de comunicación vial, ensanchando la interamericana, los corredores Norte y Sur para la circunvalación de la capital hacia el aeropuerto de Tocumen y Paso Canoas; en las privatizaciones de los servicios de luz y teléfono, el Estado se reserva el 49% de sus activos y capitales, los cuales hoy, a sólo seis años, han crecido en más del 18%. Las transferencias de tecnologías, constituyen activos valiosos para nuestros recursos humanos, y las coberturas futuras del país. El avance y actualización de la oferta enérgica y de la telefonía satelital, constituyen garantías para la inversión extranjera y el desarrollo socioeconómico.
Se trabajó sobre una nueva racionalidad o lógica estatal en el ámbito económico, que presupone una capacidad de discernimiento tecno-burocrático con metas claras.
Los avances tecnológicos, especialmente los que inciden en la administración y en las formas organizativas, han abierto un amplio espacio para perfeccionar la gestión pública del Estado y las organizaciones sociales, públicas y privadas.
La imprescindible racionalización del gasto público, como la desregularización en amplios sectores de la vida social, hacen necesario un proceso de capacitación y complementación técnica de contingentes de funcionarios que hoy adolecen de las cualidades para un servicio eficiente del Estado.
Armonizar la eficacia y la eficiencia de la acción gubernamental es posible combinando su gradualidad con las necesarias previsiones políticas y sociales. Atrayendo inversiones tecnológicas y creando empleos atractivos. Lo anterior supone el rechazo de cualquier visión autoritaria que pretenda prescindir de la dimensión política en los fenómenos económico-sociales.
