Seguridad amenazante
La inseguridad es una amenaza, pero un abordaje desviado puede conducir a que la seguridad también se convierta en amenaza, por ello coincidimos con el criterio de la Alianza Pro Justicia en cuanto a rechazar "los proyectos de decreto ley que se pretenden aprobar, en especial el que regula el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional"… ya "que las reformas a las políticas de seguridad deben ser el resultado de acuerdos nacionales para que logren trascender los periodos de gobierno y, por ende, cuestionamos el método que se pretende adoptar para la realización de estas reformas" que según la APJ deja en manos de entes no jurisdiccionales las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos; pretende conceder al ?"rgano Judicial la facultad de suspender las Garantías Constitucionales contrariando las normas constitucionales; excluye al Ministerio Público de la facultad constitucional de dirigir las investigaciones criminales en el país, otorgando esta función a estamentos de inteligencia vinculados al ?"rgano Ejecutivo; se divorcia del nuevo sistema procesal penal recientemente aprobado; y el supuesto control judicial y legislativo no es efectivo ni conforme a lo establecido por la Constitución.
Además contradice lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 260 del 7 de junio de 2006 que adopta los lineamientos de política criminológica, que fue el resultado de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia; la Resolución de Gabinete No. 34 del 21 de junio del 2000, por la cual de Adoptan los fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, que fue el resultado de un consenso entre todas las fuerzas políticas del país y los acuerdos del Tratado Marco de Seguridad Democrática suscrito por Panamá en 1995.
Creo que estos proyectos de decretos ley oscilan más en dirección a la doctrina de seguridad nacional (DSN) que al concepto de seguridad humana. Recordemos que la DSN es la que considera a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad y fue producto del pensamiento de la guerra fría que mantuvo al mundo dividido en dos campos antagónicos, y llegó a formar una parte importante de la ideología de las fuerzas armadas en América Latina, quienes confundieron su papel de defensores de las fronteras nacionales, como lo que entendieron era una guerra interna contra su propio pueblo. Hoy se corre el riesgo de una "neodoctrina" que se expresa en la remilitarización de los países, que ubica la definición de un enemigo interno como hipótesis de conflicto de las fuerzas armadas y policiales, así también para estamentos civiles gobernantes, a partir de las cuales se organizan, equipan, forman cuadros, hacen inteligencia y operan. Una visión de democracia restringida puede conducir a la reedición de esta doctrina convirtiendo a las fuerzas militares y policiales en fuerzas de ocupación de sus propios países, conculcando derechos humanos y libertades democráticas, sustituyendo o avanzando progresivamente sobre las instituciones democráticas y, finalmente, enfrentándose con su propio pueblo.
Si las inclinaciones del sector político en el poder en Panamá van por los caminos de neodoctrina de seguridad nacional estaríamos ingresando a un escenario amenazador para la profundización de la democracia y la construcción de un desarrollo integral. La opción es por la seguridad humana, por el impulso a la capacidad incluyente, dialógica y participativa. Claro está que esto supone también el desarrollo de la capacidad de los diversos actores a animar una cultura de paz y de resolución pacífica de los conflictos en el marco del desarrollo integral y el paradigma de los derechos humanos.
