Seguridad ciudadana
Parecen insuficientes los esfuerzos oficiales por contrarrestar los niveles de delincuencia y criminalidad que exhibe el país. Cada día la opinión pública ve con asombro la degradación que muestran los delitos. Es posible que ante el drama sirva de atenuante las buenas cifras del PIB, y otros logros que maduran diversos sectores de la sociedad, pero atenuar no significa despreocuparse o ignorar el creciente peligro por el que atraviesa la seguridad ciudadana.
En debate surgen, sin embargo, tres corrientes que vale la pena examinar: una que identifica los temas de seguridad como un problema de la sociedad y la nación; otra que habla de las deficiencias oficiales y otra que ha tomado como empresa la defensa de los derechos humanos de aquellos que delinquen. En el primero de los casos se supone que entidades como la Policía Nacional constituyen la primera línea de defensa de la sociedad, pero algunos hechos parecen neutralizar esa labor. En el segundo de los casos son innegables las deficiencias internas que por lo menos en la última década han mostrado la Policía, y con mayor drama la próxima a desaparecer PTJ. Bueno sería que en el tratamiento de este tema, las autoridades a cargo trazaran líneas de cooperación de la comunidad, sin que ello signifique involucrarla en responsabilidades que no les corresponden. Y en el tercero de los casos, aquellos que abogan por los derechos humanos de los delincuentes, de su famosa resocialización, también deberían empeñar esfuerzos por ayudar a que las víctimas sobrelleven el peso de los abusos y delitos cometidos en su contra.
