Seguridad ciudadana y las armas
Panamá es un país inseguro y eso lo demuestran los elevados índices de criminalidad. Hay un factor constante en la ocurrencia de asaltos a mano armada, violaciones carnales y asesinatos . A diario ocurren agresiones a pequeños comercios, transportistas, financieras, carros de pago y ciudadanos indefensos. La felonía abarca delitos como la extorsión, el estupro, la violación de domicilios, el hurto pecuario y la silente industria del secuestro.
Nuestro ordenamiento constitucional pone la seguridad personal en manos del Estado y la arranca de su destinatario natural que es el ciudadano común. E
l texto constitucional establece la obligación de los ciudadanos de tomar las armas sólo en defensa de la independencia nacional y la integridad del territorio. Así mismo, señala la prohibición de poseer armas de guerra. La definición de qué es un arma de guerra queda a discreción de la ley que la regula.
La oposición de los gobiernos a facilitarle el acceso a las armas a la ciudadanía es de vieja data. En los Estados Unidos la Segunda Enmienda a la Constitución establece que no se violará el derecho del pueblo a poseer y a portar armas. Aquí se mencionan dos conceptos importantes que la normativa legal panameña no discrimina y que es la diferencia entre poseer un arma y circular armado.
La norteamericana Asociación Nacional del Rifle ( NRA por sus siglas en inglés), vinculada a los sectores conservadores de esa nación, ha librado batallas legales contra las regulaciones estatales y federales para limitar la posesión de armas por parte de los ciudadanos.
La existencia misma del Estado está ligada al ejercicio y preservación del monopolio de la fuerza. Para sociólogos como Norberto Bobbio, poder y derecho son las nociones fundamentales de la filosofía política y la filosofía jurídica.
El hecho de poseer los instrumentos de poder no basta,es necesario haberlos adquirido de acuerdo a ciertas reglas y principios que son los que otorgan el derecho a gobernar. Para el filósofo de la política, la diferencia fundamental radica entre el poder de hecho y el poder de derecho. Para el filósofo del derecho, el problema radica entre la norma válida y la norma eficaz. Para el ciudadano común, la norma vigente es válida pero no es eficaz y el poder de derecho no es ejercido por el Estado.
La legítima defensa es un principio universalmente aceptado desde el remoto código de Hammurabi hasta la encíclica papal Evangelium Vitae de nuestros días. Este derecho a preservar la vida ha sido regulado a través de distintas legislaciones.
El código penal panameño establece que la defensa es legítima si se sufre una agresión injusta , si se utiliza un método racional para repelerla ,si hay imposibilidad de evitarla y si no hay provocación por parte de quien se defiende. Otras legislaciones establecen como agresión la nocturnidad (asalto nocturno) y la irrupción en el hogar.
La inviolabilidad del hogar es un derecho constitucional, pero la norma penal panameña trata de regular la intromisión de funcionarios del Estado dentro de la privacidad del ciudadano, mas no la de delincuentes comunes.
La falta de seguridad es un síntoma de la disolución del Estado. Esto ha permitido en otros países el surgimiento de grupos paramilitares, milicias campesinas y rondas de comuneros.En Panamá han surgido las empresas de seguridad privada, las agrupaciones de vecinos vigilantes y la tenencia ilegal de armas. El resultado de esto es que hay un mercado floreciente de servicios de seguridad privada , guardaespaldas y vigilancia electrónica para el que pueda costearlo. Hay muchas personas con armas ilegales y que poseen poca o ninguna destreza en su uso.
El Estado panameño dificulta el libre acceso a las armas a través de pesadas regulaciones. También manifiesta una abierta hostilidad a las empresas que manejan polígonos de tiro y programas de entrenamiento en el correcto uso de las armas.
La Policía Nacional batalla contra la escasez crónica de recursos y el creciente número de delincuentes armados. Tenemos así la contradicción de un gobierno que brinda escasa seguridad y que se opone a que los ciudadanos porten armas y las manejen responsablemente. Las leyes nacionales brindan protección al delincuente al buscar la equidad entre el agresor y el agredido.
La delincuencia es un complejo fenómeno social que no se puede pretender corregir con políticas de corto plazo. Siempre habrá ofensores y ofendidos. El Estado incumple su obligación de ejercer el monopolio de la fuerza para salvaguardar la vida y bienes de los asociados. El actual gobierno arrastra una abultada planilla estatal, una elevada percepción de corrupción, una alta deuda externa e interna que impide derivar mayores recursos para la seguridad ciudadana. El acceso, libre y responsable a las armas, por parte de los ciudadanos, debe ser parte de una política nacional, ya que la inseguridad ciudadana se ha convertido en un desafiante problema de Estado.
Nuestro ordenamiento constitucional pone la seguridad personal en manos del Estado y la arranca de su destinatario natural que es el ciudadano común. E
l texto constitucional establece la obligación de los ciudadanos de tomar las armas sólo en defensa de la independencia nacional y la integridad del territorio. Así mismo, señala la prohibición de poseer armas de guerra. La definición de qué es un arma de guerra queda a discreción de la ley que la regula.
La oposición de los gobiernos a facilitarle el acceso a las armas a la ciudadanía es de vieja data. En los Estados Unidos la Segunda Enmienda a la Constitución establece que no se violará el derecho del pueblo a poseer y a portar armas. Aquí se mencionan dos conceptos importantes que la normativa legal panameña no discrimina y que es la diferencia entre poseer un arma y circular armado.
La norteamericana Asociación Nacional del Rifle ( NRA por sus siglas en inglés), vinculada a los sectores conservadores de esa nación, ha librado batallas legales contra las regulaciones estatales y federales para limitar la posesión de armas por parte de los ciudadanos.
La existencia misma del Estado está ligada al ejercicio y preservación del monopolio de la fuerza. Para sociólogos como Norberto Bobbio, poder y derecho son las nociones fundamentales de la filosofía política y la filosofía jurídica.
El hecho de poseer los instrumentos de poder no basta,es necesario haberlos adquirido de acuerdo a ciertas reglas y principios que son los que otorgan el derecho a gobernar. Para el filósofo de la política, la diferencia fundamental radica entre el poder de hecho y el poder de derecho. Para el filósofo del derecho, el problema radica entre la norma válida y la norma eficaz. Para el ciudadano común, la norma vigente es válida pero no es eficaz y el poder de derecho no es ejercido por el Estado.
La legítima defensa es un principio universalmente aceptado desde el remoto código de Hammurabi hasta la encíclica papal Evangelium Vitae de nuestros días. Este derecho a preservar la vida ha sido regulado a través de distintas legislaciones.
El código penal panameño establece que la defensa es legítima si se sufre una agresión injusta , si se utiliza un método racional para repelerla ,si hay imposibilidad de evitarla y si no hay provocación por parte de quien se defiende. Otras legislaciones establecen como agresión la nocturnidad (asalto nocturno) y la irrupción en el hogar.
La inviolabilidad del hogar es un derecho constitucional, pero la norma penal panameña trata de regular la intromisión de funcionarios del Estado dentro de la privacidad del ciudadano, mas no la de delincuentes comunes.
La falta de seguridad es un síntoma de la disolución del Estado. Esto ha permitido en otros países el surgimiento de grupos paramilitares, milicias campesinas y rondas de comuneros.En Panamá han surgido las empresas de seguridad privada, las agrupaciones de vecinos vigilantes y la tenencia ilegal de armas. El resultado de esto es que hay un mercado floreciente de servicios de seguridad privada , guardaespaldas y vigilancia electrónica para el que pueda costearlo. Hay muchas personas con armas ilegales y que poseen poca o ninguna destreza en su uso.
El Estado panameño dificulta el libre acceso a las armas a través de pesadas regulaciones. También manifiesta una abierta hostilidad a las empresas que manejan polígonos de tiro y programas de entrenamiento en el correcto uso de las armas.
La Policía Nacional batalla contra la escasez crónica de recursos y el creciente número de delincuentes armados. Tenemos así la contradicción de un gobierno que brinda escasa seguridad y que se opone a que los ciudadanos porten armas y las manejen responsablemente. Las leyes nacionales brindan protección al delincuente al buscar la equidad entre el agresor y el agredido.
La delincuencia es un complejo fenómeno social que no se puede pretender corregir con políticas de corto plazo. Siempre habrá ofensores y ofendidos. El Estado incumple su obligación de ejercer el monopolio de la fuerza para salvaguardar la vida y bienes de los asociados. El actual gobierno arrastra una abultada planilla estatal, una elevada percepción de corrupción, una alta deuda externa e interna que impide derivar mayores recursos para la seguridad ciudadana. El acceso, libre y responsable a las armas, por parte de los ciudadanos, debe ser parte de una política nacional, ya que la inseguridad ciudadana se ha convertido en un desafiante problema de Estado.
