Seguridad integral y Estado policiaco
CADA DÍA nos alejamos más del camino hacia un Estado de Derecho y nos encaminamos hacia un Estado policíaco, para regocijo de los enemigos del constitucionalismo y de aquellos factores reales de poder, que ocultan su inexcusable ignorancia de los Derechos Humanos bajo su masa monetaria.
Un Estado de Derecho presupone la despersonalización del poder; la desconcentración del ejercicio del poder; la racionalización del ejercicio del poder; el carácter instrumental del Estado; el respeto a los Derechos Humanos. Estado de Derecho es poder controlado; es "el poder recibido del pueblo, ejercido mediante competencias separadas, definidas y limitadas por las prescripciones de la Ley".
Un Estado policíaco es aquel donde se le da primacía al poder sobre el derecho; donde prevalece el absolutismo y el clientelismo político; donde predominan las facultades discrecionales de los funcionarios; donde se mantiene el margen de subjetividad de las autoridades; donde la función de la autoridad es impedir que se turbe el orden, que se viole la Ley, que se irrespete a la autoridad, o sea, "el reino de la subjetividad y de lo arbitrario, donde la libertad se pierde por simples sospechas, por meros temores. No hay hábeas corpus. Las retenciones precautelativas no tienen término . La sola opinión es delito...".
Desde el ascenso al poder de Martín Torrijos Espino, hace pronto tres años, estamos asistiendo a una consolidación de las estructuras necesarias para un Estado policíaco. Ello se puede medir, no sólo por la cantidad de individuos que fungieron como verdugos de nuestras libertades, que ahora ostentan determinantes cargos públicos, sino también por la legislación que se viene dictando para limitar nuestras libertades y derechos fundamentales, so pretexto de proteger un supuesto interés público. No contentos con las reformas del 2004 a la constitución militarista, gracias al Pacto Mami, el nuevo Código Penal y la recién aprobada Ley 15, se aprestan a querer hacernos borrar de nuestro razonamiento que el Estado debe ser determinado por las libertades y no las libertades por el Estado. Se prepara para hacer letra muerta uno de los considerandos del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos enseña que: "Es esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". En efecto, si analizamos los denominados Programa de Seguridad Integral (PROSI) y Proyecto de Modernización de la Administración de Justicia, que tienen como organismos ejecutores al Ministerio de Gobierno y Justicia y al Órgano judicial (http://www.organojudicial.gob.pa/) y las Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Administración (http://www.ministeriopublico.gob.pa/); que contarán con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto superior a los 55 millones de balboas, podremos de inmediato colegir que la ruta hacia la reestructuración del ejército en Panamá y la puesta en marcha de una red de organismos de vigilancia a los ciudadanos, en una decisión tomada a espaldas de la población, no tiene otro propósito que edificar y legitimar un Estado policíaco.
¿De qué otra forma podrán justificar, por ejemplo, la creación de una Oficina de Seguridad Ciudadana (OSECI), "que sentará las bases de la Política y se proyecta como un núcleo para crear un vice-ministerio de Seguridad", adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia, al mando del cual pondrán a un militar de carrera y que tendrá bajo su mando único a todos los estamentos de "seguridad del Estado", a saber la futura ex PTJ, la DIIP, la Policía Nacional, los Policías fronterizos, el Servicio de Protección Institucional (SPI),la actual Dirección General de Aduanas, la Dirección de Migración, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y los Servicios Aéreo Nacional y Marítimo Nacional?
Sin olvidar, claro está, el rol antidemocrático, antipopular y antinacional que ya viene desempeñando, sin control jurídico alguno, el denominado Consejo de Seguridad Nacional y sus componentes ("ex" militares nacionales y extranjeros), con sus ilegales escuchas telefónicas, seguimiento y vigilancia a opositores al gobierno, control de visas y de pasaportes, compra y venta de información, etc.
Utilizando como escudo el denominado Pacto de Estado por la Justicia y como pilotos los municipios de Panamá, Colón, David y San Miguelito, estos programas, que conllevan también la utilización del Ministerio Público como brazo político de la vigilancia y represión a los ciudadanos, buscan esencialmente hacer realidad el intento de un elemento del Estado (en este caso el Gobierno de Martín Torrijos) por absolutizarse dentro del Estado, como otrora se hizo durante el período dictatorial. Entonces fueron las botas, ahora se arropan en los votos. El resultado no varía, el G-2 regresa como GESTAPO. Tratemos de no olvidar y de recordar que: "¡el que no brinca es sapo!!!".
Un Estado de Derecho presupone la despersonalización del poder; la desconcentración del ejercicio del poder; la racionalización del ejercicio del poder; el carácter instrumental del Estado; el respeto a los Derechos Humanos. Estado de Derecho es poder controlado; es "el poder recibido del pueblo, ejercido mediante competencias separadas, definidas y limitadas por las prescripciones de la Ley".
Un Estado policíaco es aquel donde se le da primacía al poder sobre el derecho; donde prevalece el absolutismo y el clientelismo político; donde predominan las facultades discrecionales de los funcionarios; donde se mantiene el margen de subjetividad de las autoridades; donde la función de la autoridad es impedir que se turbe el orden, que se viole la Ley, que se irrespete a la autoridad, o sea, "el reino de la subjetividad y de lo arbitrario, donde la libertad se pierde por simples sospechas, por meros temores. No hay hábeas corpus. Las retenciones precautelativas no tienen término . La sola opinión es delito...".
Desde el ascenso al poder de Martín Torrijos Espino, hace pronto tres años, estamos asistiendo a una consolidación de las estructuras necesarias para un Estado policíaco. Ello se puede medir, no sólo por la cantidad de individuos que fungieron como verdugos de nuestras libertades, que ahora ostentan determinantes cargos públicos, sino también por la legislación que se viene dictando para limitar nuestras libertades y derechos fundamentales, so pretexto de proteger un supuesto interés público. No contentos con las reformas del 2004 a la constitución militarista, gracias al Pacto Mami, el nuevo Código Penal y la recién aprobada Ley 15, se aprestan a querer hacernos borrar de nuestro razonamiento que el Estado debe ser determinado por las libertades y no las libertades por el Estado. Se prepara para hacer letra muerta uno de los considerandos del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos enseña que: "Es esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". En efecto, si analizamos los denominados Programa de Seguridad Integral (PROSI) y Proyecto de Modernización de la Administración de Justicia, que tienen como organismos ejecutores al Ministerio de Gobierno y Justicia y al Órgano judicial (http://www.organojudicial.gob.pa/) y las Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Administración (http://www.ministeriopublico.gob.pa/); que contarán con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto superior a los 55 millones de balboas, podremos de inmediato colegir que la ruta hacia la reestructuración del ejército en Panamá y la puesta en marcha de una red de organismos de vigilancia a los ciudadanos, en una decisión tomada a espaldas de la población, no tiene otro propósito que edificar y legitimar un Estado policíaco.
¿De qué otra forma podrán justificar, por ejemplo, la creación de una Oficina de Seguridad Ciudadana (OSECI), "que sentará las bases de la Política y se proyecta como un núcleo para crear un vice-ministerio de Seguridad", adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia, al mando del cual pondrán a un militar de carrera y que tendrá bajo su mando único a todos los estamentos de "seguridad del Estado", a saber la futura ex PTJ, la DIIP, la Policía Nacional, los Policías fronterizos, el Servicio de Protección Institucional (SPI),la actual Dirección General de Aduanas, la Dirección de Migración, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y los Servicios Aéreo Nacional y Marítimo Nacional?
Sin olvidar, claro está, el rol antidemocrático, antipopular y antinacional que ya viene desempeñando, sin control jurídico alguno, el denominado Consejo de Seguridad Nacional y sus componentes ("ex" militares nacionales y extranjeros), con sus ilegales escuchas telefónicas, seguimiento y vigilancia a opositores al gobierno, control de visas y de pasaportes, compra y venta de información, etc.
Utilizando como escudo el denominado Pacto de Estado por la Justicia y como pilotos los municipios de Panamá, Colón, David y San Miguelito, estos programas, que conllevan también la utilización del Ministerio Público como brazo político de la vigilancia y represión a los ciudadanos, buscan esencialmente hacer realidad el intento de un elemento del Estado (en este caso el Gobierno de Martín Torrijos) por absolutizarse dentro del Estado, como otrora se hizo durante el período dictatorial. Entonces fueron las botas, ahora se arropan en los votos. El resultado no varía, el G-2 regresa como GESTAPO. Tratemos de no olvidar y de recordar que: "¡el que no brinca es sapo!!!".
