¿Seguridad jurídica?
Mientras el país se enfrenta a la mayor contracción económica que conoce desde que en nuestro país e instauró la democracia en 1989, los gobernantes no hacen lo debido para procurar los mecanismos necesarios para reactivar la economía, entre los cuales se encuentra el proveer a la sociedad de la seguridad jurídica necesaria para estimular las inversiones necesarias.
Como abogados de Suministros los Andes, S.A. en las acciones legales presentadas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y ante la Autoridad Marítima de Panamá en contra de la decisión de la subadministradora de dicha entidad, Bertilda García Escalona, de realizar una licitación pública para adquirir ocho (8) grúas fijas con bomba hidráulica para el Puerto de Vacamonte, que previamente habían sido adjudicadas a nuestro cliente empresa, mediante la Resolución ADM. No. 116-2000 de 11 de abril de 2000, firmándose el respectivo contrato, con vida jurídica aún porque el mismo no fue nunca rescindido, y sin que ello signifique que hacemos públicos los casos profesionales que atendemos, si queremos referirnos al caso, reflector de una situación que amerita que desde la Presidencia de la República se comiencen a aplicar una serie de correctivos, para impedir que el país continúe por el despeñadero en que algunos pocos lo están llevando.
La denuncia criminal que interpusimos el 14 de mayo de 2001, en nombre y representación de Suministros los Andes, S.A. en contra de la Sub-Administradora de la Autoridad Marítima de Panamá, Bertilda García Escalona, por los posibles delitos de abuso de autoridad, extralimitación de funciones y, porque no también peculado de uso, ha quedado radicada en la Fiscalía Primera Anticorrupción, en donde se le está dando el trámite correspondiente y se analizará nuestra petición de que la aludida funcionaria sea separada de su cargo mientras duren las presentes investigaciones, lo cual creemos nunca ocurrirá. Con esa actuación simplemente cumplimos con nuestro deber ciudadano de denunciar ante las autoridades competentes un posible ilícito cometido por un funcionario público, agravándose esto con el hecho que toda la documentación a la que hemos tenido acceso en este caso no existe ninguna evidencia en la Gaceta Oficial de que la Sub-Administradora de la Autoridad Marítima, al momento de realizar los hechos denunciados (de agosto a septiembre de 2000) estuviese facultada para actuar como Administradora Encargada de dicha entidad y, por lo tanto, para hacer lo que hizo.
Y en el afán de encontrarle una solución a los entuertos encontrados, nos percatamos del buen espíritu expresado por la presidenta de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima, licenciada Ivonne Young, ministra de la Presidencia, y por el viceministro Aníbal Salas, así como a su administrador titular, licenciado Jerry Salazar, con quien nos reunimos en horas diferentes el 17 de mayo de 2001 en la Presidencia de la República y en la Autoridad Marítima de Panamá, así como la de otros miembros de la Junta Directiva de la APM, para solucionar el problema causado por la ilegalidad mencionada. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. Simultáneamente buscábamos solucionar el problema existente, la subadministradora García Escalona procedía a secuestrar civilmente a Suministros los Andes, S.A. así como a su representante legal Eduardo Cummings Donadío, es de imaginar que con el fin de amedrentarlo y forzarlo a que desistiera de su afán de que se le respeten sus derechos y que se respete la Ley de Contratación Pública.
Dicha acción de secuestro por la suma de B/500.000.00, aduciendo posibles daños y perjuicios interpuesta a título personal por Bertilda García Escalona, en contra de Suministros los Andes, S.A. y Eduardo Cummings, a título personal, presentada en el Juzgado Séptimo de Circuito Civil, resultará ser completamente temeraria, porque Cummings, representante legal de Suministros los Andes, S.A., actuaba en representación de una empresa afectada, por lo cual en su oportunidad procesal nos corresponderá contestar la demanda y analizar las siguientes acciones legales a tomar, por lo que esperamos se responda con la fianza por B/150.000.00 que ha tenido que consignar en el Juzgado Séptimo de Circuito para poder realizar la acción de secuestro perpetrada.
Lo peor del asunto radica en las reiteradas promesas de erradicar las prácticas corruptas de su gobierno, en donde la presidenta Moscoso, con su silencio frente a irregularidades como las cometidas por la Subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá, refleja que no existe propósito auténtico para que en nuestro país se respete la Ley y se le den a todos los ciudadanos la seguridad jurídica necesaria para que exista el clima de confianza que nuestra economía requiere para salir de su marcado estancamiento, más aún cuando recibimos en Panamá delegaciones presidenciales de otros países con el fin de promover en la nación las inversiones que tanto necesitamos. Aquello que siempre decía la Presidenta de que en la corrupción caería quien fuera, no importando el vínculo que tuviese, simplemente ha resultado que no es cierto. Por eso es que nadie cree aquello dicho al Procurador hace unos días, en que se pedía que los actos de corrupción fuesen investigados con rapidez.
Nosotros, con la frente en alto, tal como lo hicimos en los tiempos duros y difíciles de los militares, seguiremos denunciando cualquier arbitrariedad y abuso que cometan las autoridades, tengan el puesto y la influencia que quieran. Gústele a quien le guste.
Como abogados de Suministros los Andes, S.A. en las acciones legales presentadas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y ante la Autoridad Marítima de Panamá en contra de la decisión de la subadministradora de dicha entidad, Bertilda García Escalona, de realizar una licitación pública para adquirir ocho (8) grúas fijas con bomba hidráulica para el Puerto de Vacamonte, que previamente habían sido adjudicadas a nuestro cliente empresa, mediante la Resolución ADM. No. 116-2000 de 11 de abril de 2000, firmándose el respectivo contrato, con vida jurídica aún porque el mismo no fue nunca rescindido, y sin que ello signifique que hacemos públicos los casos profesionales que atendemos, si queremos referirnos al caso, reflector de una situación que amerita que desde la Presidencia de la República se comiencen a aplicar una serie de correctivos, para impedir que el país continúe por el despeñadero en que algunos pocos lo están llevando.
La denuncia criminal que interpusimos el 14 de mayo de 2001, en nombre y representación de Suministros los Andes, S.A. en contra de la Sub-Administradora de la Autoridad Marítima de Panamá, Bertilda García Escalona, por los posibles delitos de abuso de autoridad, extralimitación de funciones y, porque no también peculado de uso, ha quedado radicada en la Fiscalía Primera Anticorrupción, en donde se le está dando el trámite correspondiente y se analizará nuestra petición de que la aludida funcionaria sea separada de su cargo mientras duren las presentes investigaciones, lo cual creemos nunca ocurrirá. Con esa actuación simplemente cumplimos con nuestro deber ciudadano de denunciar ante las autoridades competentes un posible ilícito cometido por un funcionario público, agravándose esto con el hecho que toda la documentación a la que hemos tenido acceso en este caso no existe ninguna evidencia en la Gaceta Oficial de que la Sub-Administradora de la Autoridad Marítima, al momento de realizar los hechos denunciados (de agosto a septiembre de 2000) estuviese facultada para actuar como Administradora Encargada de dicha entidad y, por lo tanto, para hacer lo que hizo.
Y en el afán de encontrarle una solución a los entuertos encontrados, nos percatamos del buen espíritu expresado por la presidenta de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima, licenciada Ivonne Young, ministra de la Presidencia, y por el viceministro Aníbal Salas, así como a su administrador titular, licenciado Jerry Salazar, con quien nos reunimos en horas diferentes el 17 de mayo de 2001 en la Presidencia de la República y en la Autoridad Marítima de Panamá, así como la de otros miembros de la Junta Directiva de la APM, para solucionar el problema causado por la ilegalidad mencionada. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. Simultáneamente buscábamos solucionar el problema existente, la subadministradora García Escalona procedía a secuestrar civilmente a Suministros los Andes, S.A. así como a su representante legal Eduardo Cummings Donadío, es de imaginar que con el fin de amedrentarlo y forzarlo a que desistiera de su afán de que se le respeten sus derechos y que se respete la Ley de Contratación Pública.
Dicha acción de secuestro por la suma de B/500.000.00, aduciendo posibles daños y perjuicios interpuesta a título personal por Bertilda García Escalona, en contra de Suministros los Andes, S.A. y Eduardo Cummings, a título personal, presentada en el Juzgado Séptimo de Circuito Civil, resultará ser completamente temeraria, porque Cummings, representante legal de Suministros los Andes, S.A., actuaba en representación de una empresa afectada, por lo cual en su oportunidad procesal nos corresponderá contestar la demanda y analizar las siguientes acciones legales a tomar, por lo que esperamos se responda con la fianza por B/150.000.00 que ha tenido que consignar en el Juzgado Séptimo de Circuito para poder realizar la acción de secuestro perpetrada.
Lo peor del asunto radica en las reiteradas promesas de erradicar las prácticas corruptas de su gobierno, en donde la presidenta Moscoso, con su silencio frente a irregularidades como las cometidas por la Subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá, refleja que no existe propósito auténtico para que en nuestro país se respete la Ley y se le den a todos los ciudadanos la seguridad jurídica necesaria para que exista el clima de confianza que nuestra economía requiere para salir de su marcado estancamiento, más aún cuando recibimos en Panamá delegaciones presidenciales de otros países con el fin de promover en la nación las inversiones que tanto necesitamos. Aquello que siempre decía la Presidenta de que en la corrupción caería quien fuera, no importando el vínculo que tuviese, simplemente ha resultado que no es cierto. Por eso es que nadie cree aquello dicho al Procurador hace unos días, en que se pedía que los actos de corrupción fuesen investigados con rapidez.
Nosotros, con la frente en alto, tal como lo hicimos en los tiempos duros y difíciles de los militares, seguiremos denunciando cualquier arbitrariedad y abuso que cometan las autoridades, tengan el puesto y la influencia que quieran. Gústele a quien le guste.
