Seguridad pública y el nuevo gobierno
El tema de la seguridad pública es de suma importancia porque está ligado al progreso de la economía y al establecimiento de un régimen consolidado del ejercicio de las libertades individuales consagradas en el texto y la jurisprudencia constitucional. Sin estabilidad y sosiego no hay democracia funcional. Con las amenazas al orden jurídico y a la tranquilidad ciudadana por parte de grupos terroristas y delincuentes de diversa índole no habrá Constitución que pueda tener vida en el decurrir de nuestra existencia como nación.
El nuevo gobierno parece que tendrá que empezar de cero en este rubro de la función estatal ejercido, según la Carta Magna panameña, por el Ejecutivo y el Ministerio Público, dado el incongruente comportamiento de nuestros entes de seguridad nacional y a la duplicidad de funciones y contraórdenes que se ven con cierta frecuencia en la PTJ, Procuraduría, Consejo de Seguridad, Ministerio de Gobierno y Sistema Penitenciario. En los últimos cuatro años se ha desmejorado mucho la seguridad ciudadana en Panamá.
A pesar de que hay un documento escrito sobre un supuesto consenso en materia de seguridad colectiva por varios partidos políticos y agrupaciones de la sociedad civil, éste no se ha ejecutado, porque no hay voluntad ni capacidad financiera y profesional para realizarlo. Todo quedó, como casi todos los pactos que se firman en este país, en el papel.
La seguridad pública es una función esencialísima del Estado, no queriendo decir esto que en el marco de una estrategia a largo plazo y como tema de Estado se pueda articular congruentemente a las agencias privadas de vigilancia o a organismos especiales antiterroristas de otros países. Lo que desea el panameño es que se baje la criminalidad y retorne a un nivel manejable la tranquilidad social independientemente de quién la ejecute efectivamente. Un punto central en este debate lo es el hecho que el Estado debe coordinar y sentar pautas y permitir todo aquello que pueda garantizar el ejercicio de las libertades civiles.
En estos tiempos de grandes globalizaciones, entre ellas la transnacionalización de la industria del secuestro, el terrorismo, el lavado de dinero y demás delitos conexos, la amenaza a la sociedad abierta y democrática es más intensa. El Canal de Panamá es un punto apetecible para dar un golpe mortal al comercio mundial.
Hay que elegir entre vivir amedrentado por renegados que utilizan el tema de la pobreza como arma política para destruir la democracia o por delincuentes financieros que burlan la ley y cometen atracos enormes desestabilizando las finanzas públicas y de empresas; o defender con armas efectivas el ordenamiento jurídico. Para ello se necesita un estadista que comprenda la complejidad del tema y tenga la experiencia, así como la predisposición a dejarse asesorar.
La ley sobre delitos financieros es un paso muy importante, pero hace falta la ejecución concreta de esa y otras leyes dentro de una estrategia nacional de seguridad. El nuevo gobierno tendrá que desempolvar los archivos de trabajos ya hechos al respecto.
En cuanto a las propuestas de los candidatos, lo único seguro es la experiencia del candidato Endara. La propuesta de Torrijos de tener a un policía de carrera, es una demostración de no entendimiento de nuestra situación política e histórica. Tal propuesta ha desatado múltiples críticas y aprehensiones. El amiguismo y la afinidad de ex militares al PRD es una nota amenazante al futuro de la seguridad nacional; hay ex militares que sueñan ser jefes de la policía.
La Policía Nacional debe ser guiada por un civil y si hay uniformados interesados en serlo, que se retiren y aspiren luego de un período de tres a cinco años. La Constitución panameña es clara en que el país no tendrá ejército. Una cosa es el militarismo y otra, fuerzas entrenadas para cumplir funciones específicas. En Panamá, los propios militares destruyeron la democracia y amenazaron la seguridad pública; si hay fuerzas militares de otros países en nuestro territorio no quiere decir que exista militarismo, ya que el mismo connota intromisión en la política de parte de militares; como sí sucedió en nuestra nación hace 35 años, incluso antes.
Un partido que está a punto de realizar uno de los padrinazgos más estridentes a la impunidad postulando a perseguidos judiciales y a ex asesores de la dictadura a candidaturas parlamentarias supranacionales es una latente y potencial amenaza al orden civil y democrático.
El tema de la impunidad y la seguridad debe estar en nuestras mentes a la hora de emitir el voto el 2 de mayo venidero.
El nuevo gobierno parece que tendrá que empezar de cero en este rubro de la función estatal ejercido, según la Carta Magna panameña, por el Ejecutivo y el Ministerio Público, dado el incongruente comportamiento de nuestros entes de seguridad nacional y a la duplicidad de funciones y contraórdenes que se ven con cierta frecuencia en la PTJ, Procuraduría, Consejo de Seguridad, Ministerio de Gobierno y Sistema Penitenciario. En los últimos cuatro años se ha desmejorado mucho la seguridad ciudadana en Panamá.
A pesar de que hay un documento escrito sobre un supuesto consenso en materia de seguridad colectiva por varios partidos políticos y agrupaciones de la sociedad civil, éste no se ha ejecutado, porque no hay voluntad ni capacidad financiera y profesional para realizarlo. Todo quedó, como casi todos los pactos que se firman en este país, en el papel.
La seguridad pública es una función esencialísima del Estado, no queriendo decir esto que en el marco de una estrategia a largo plazo y como tema de Estado se pueda articular congruentemente a las agencias privadas de vigilancia o a organismos especiales antiterroristas de otros países. Lo que desea el panameño es que se baje la criminalidad y retorne a un nivel manejable la tranquilidad social independientemente de quién la ejecute efectivamente. Un punto central en este debate lo es el hecho que el Estado debe coordinar y sentar pautas y permitir todo aquello que pueda garantizar el ejercicio de las libertades civiles.
En estos tiempos de grandes globalizaciones, entre ellas la transnacionalización de la industria del secuestro, el terrorismo, el lavado de dinero y demás delitos conexos, la amenaza a la sociedad abierta y democrática es más intensa. El Canal de Panamá es un punto apetecible para dar un golpe mortal al comercio mundial.
Hay que elegir entre vivir amedrentado por renegados que utilizan el tema de la pobreza como arma política para destruir la democracia o por delincuentes financieros que burlan la ley y cometen atracos enormes desestabilizando las finanzas públicas y de empresas; o defender con armas efectivas el ordenamiento jurídico. Para ello se necesita un estadista que comprenda la complejidad del tema y tenga la experiencia, así como la predisposición a dejarse asesorar.
La ley sobre delitos financieros es un paso muy importante, pero hace falta la ejecución concreta de esa y otras leyes dentro de una estrategia nacional de seguridad. El nuevo gobierno tendrá que desempolvar los archivos de trabajos ya hechos al respecto.
En cuanto a las propuestas de los candidatos, lo único seguro es la experiencia del candidato Endara. La propuesta de Torrijos de tener a un policía de carrera, es una demostración de no entendimiento de nuestra situación política e histórica. Tal propuesta ha desatado múltiples críticas y aprehensiones. El amiguismo y la afinidad de ex militares al PRD es una nota amenazante al futuro de la seguridad nacional; hay ex militares que sueñan ser jefes de la policía.
La Policía Nacional debe ser guiada por un civil y si hay uniformados interesados en serlo, que se retiren y aspiren luego de un período de tres a cinco años. La Constitución panameña es clara en que el país no tendrá ejército. Una cosa es el militarismo y otra, fuerzas entrenadas para cumplir funciones específicas. En Panamá, los propios militares destruyeron la democracia y amenazaron la seguridad pública; si hay fuerzas militares de otros países en nuestro territorio no quiere decir que exista militarismo, ya que el mismo connota intromisión en la política de parte de militares; como sí sucedió en nuestra nación hace 35 años, incluso antes.
Un partido que está a punto de realizar uno de los padrinazgos más estridentes a la impunidad postulando a perseguidos judiciales y a ex asesores de la dictadura a candidaturas parlamentarias supranacionales es una latente y potencial amenaza al orden civil y democrático.
El tema de la impunidad y la seguridad debe estar en nuestras mentes a la hora de emitir el voto el 2 de mayo venidero.
