Seguridad y democracia
CUANDO HABLAMOS de la seguridad nacional, no queremos indicar otra cosa que la necesaria protección y tutela, resguardo y estabilidad que tiene la población de un Estado, de toda su gente, respecto a su vida y bienes, a como también en atención a cuanta cosa resulte valiosa en el patrimonio de una nación. De allí que trasciende el concepto del acendrado respeto que se le debe, por principios del Derecho Natural, a todo ser humano. Adquiere, consiguientemente, plena vigencia el concepto vitalista que orienta el enfoque de la ineludible tutela del Estado en preservar nuestras vidas, nuestra integridad, honra y bienes. En virtud de ello, desde una perspectiva constitucional, eminentemente demoliberal, propia del Estado de Derecho, es que nuestra Constitución postula el sacramental principio de Derecho Público consistente en la obligatoriedad que tiene toda autoridad en nuestro país de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos y de los extranjeros, sean estos últimos residentes o transeúntes.
En ese sentido, recordamos las enseñanzas del maestro Dr. César A. Quintero, quien en sus lecciones de Derecho Constitucional recalcaba que la soberanía es un concepto ligado al de seguridad pública. En ese orden, desmembraba la soberanía en dos vertientes: la independencia interna y la externa. La primera entraña el orden público, la paz social, la tranquilidad y el sosiego doméstico que advienen como consecuencia del ejercicio de la autoridad del Estado para dirigir, aplicar, normar, sus propias reglas de funcionamiento, tanto para el Estado en sí como las referentes a las acciones y conductas de los particulares que componen la población del mismo. En el segundo enfoque, la soberanía no puede ser comprendida sin vincularla al concepto de la libre autodeterminación de una nación, en función de su propia gobernabilidad y de la capacidad que ostente el Estado para no permitir la ingerencia de otro en sus asuntos internos. Por ello, no se equivocan algunos autores cuando relacionan el concepto de la soberanía, también, con el de jurisdicción. En ambos casos, la existencia de un cuerpo policivo de seguridad y defensa es consustancial a la propia idea del Estado. La potestad soberana no se entiende, advertía el extinto Dr. Juan Materno Vásquez, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino en función de su foro jurisdiccional independiente. En consecuencia, seguridad nacional, soberanía y jurisdicción son conceptos interdependientes, complementarios, no excluyentes entre sí.
La seguridad de la sociedad implica o traduce la capacidad del Estado para tutelar los bienes jurídicos de los asociados, fundamentalmente, el primigenio de ellos: la vida. Sin embargo, bueno es preguntarse si esa capacidad es excluyente de la responsabilidad social, de todos los componentes de la sociedad, para contribuir a la paz y el sosiego doméstico en la nación? Creemos que no.
Todos estamos responsabilizados, como entes sociales, en converger en un solo haz de voluntades para la preservación de la tranquilidad y la paz del país. En la medida en que cada uno de nosotros nos excluyamos de esa responsabilidad colectiva, compartida, y depongamos el interés por nuestra propia seguridad ciudadana, seremos proporcionalmente responsables, vía omisión, propia de una actitud indolente, de la ausencia de un país en calma, sosegado, libre del flagelo de la violencia en las calles, en los barrios, en nuestro territorio, pero sustituido por un país en constante alboroto, escándalos, riñas callejeras, olas de crímenes, etc., y en donde la convivencia de los ciudadanos, al final de cuentas, resulte imposible. Se impone, luego, el manejo inminente de un concepto necesario: la seguridad nacional preventiva. ¿Qué debemos entender por ella? Pues, que la seguridad, lejos de hacer lectura en la palabra represión, demanda, primero, que se tomen en consideración todos los correctivos, métodos, técnicas, procedimientos, programas, etc., a fin de evitar la materialización o producción de corrientes generadoras de delincuencia. Se trata, prima facie, de prevenir el delito. Ahora bien, qué hacemos con la realidad delincuencial en nuestro medio? La respuesta es sencilla: tenemos que impulsar el deporte en nuestros jóvenes, destacar el papel preponderante que tiene la educación y la instrucción en ellos; inculcarles a nuestros muchachos valores: amor por la familia, a Dios; respeto a los padres, a los hermanos; amor por la escuela, franca devoción y altruismo por los estudios; cultivar en la juventud el amor por la Patria, el prójimo y repetirles, cuantas veces sea necesario, que la riqueza de un hombre está en función de su condición de ser digno. Esto también se puede hacer desde las cárceles. El patrimonio de la dignidad humana es la gran riqueza de todo ser humano.
Insisto, tenemos que revisar todo nuestro sistema legal, sobre todo el penal, y dar cabida a las tendencias contemporáneas de la desjudicialización de un gran número de delitos; la desprisionalziación y optar por los llamados subrogados penales -mecanismos de sustitución de la detención preventiva y de la pena de prisión-; aplicar la desprocesalización de los casos que lo ameriten. Los medios o mecanismos alternativos de solución de los conflictos penales tienen que aplicarse de una vez por todas: mediación penal, conciliación, amigable composición, etc. La cárceles, lo hemos dicho hasta la saciedad, no pueden ser concebidas como auténticas escuelas del crimen, universidades que profesionalizan a los delincuentes, depósitos degradantes de enormes contingentes de nuestros semejantes.
Una política de seguridad nacional, cónsona con las reglas de la dignidad humana, de cada uno de nuestros compatriotas y cuantos viven en esta tierra, es lo que habrá de servir como norte al nuevo director de la Policía Nacional que ha manifestado estar identificado con el fin de devolverle la paz, la confianza, el sosiego doméstico y la tranquilidad a la nación. Todo ello traduce un claro acto de valentía que busca, en medio de un flagelo social que nos amenaza a todos por igual, brindarnos un clima de calma social. Sin embargo, requiere nuestra colaboración consciente y desinteresada.
Ya lo había advertido Simón Bolívar: A la sombra de la ignorancia avanza el crimen, y agregamos por nuestra parte, nace, crece y se desarrolla el delito. A la luz de la educación y de la instrucción hagamos hombres y mujeres de razones e ideas de avanzada. En la ignorancia se cobija la idea criminosa que luego aflora en muerte, luto, dolor y aflicción.
(stekrakri@hotmail.com)
(jhpertuz@hotmail.com)
En ese sentido, recordamos las enseñanzas del maestro Dr. César A. Quintero, quien en sus lecciones de Derecho Constitucional recalcaba que la soberanía es un concepto ligado al de seguridad pública. En ese orden, desmembraba la soberanía en dos vertientes: la independencia interna y la externa. La primera entraña el orden público, la paz social, la tranquilidad y el sosiego doméstico que advienen como consecuencia del ejercicio de la autoridad del Estado para dirigir, aplicar, normar, sus propias reglas de funcionamiento, tanto para el Estado en sí como las referentes a las acciones y conductas de los particulares que componen la población del mismo. En el segundo enfoque, la soberanía no puede ser comprendida sin vincularla al concepto de la libre autodeterminación de una nación, en función de su propia gobernabilidad y de la capacidad que ostente el Estado para no permitir la ingerencia de otro en sus asuntos internos. Por ello, no se equivocan algunos autores cuando relacionan el concepto de la soberanía, también, con el de jurisdicción. En ambos casos, la existencia de un cuerpo policivo de seguridad y defensa es consustancial a la propia idea del Estado. La potestad soberana no se entiende, advertía el extinto Dr. Juan Materno Vásquez, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino en función de su foro jurisdiccional independiente. En consecuencia, seguridad nacional, soberanía y jurisdicción son conceptos interdependientes, complementarios, no excluyentes entre sí.
La seguridad de la sociedad implica o traduce la capacidad del Estado para tutelar los bienes jurídicos de los asociados, fundamentalmente, el primigenio de ellos: la vida. Sin embargo, bueno es preguntarse si esa capacidad es excluyente de la responsabilidad social, de todos los componentes de la sociedad, para contribuir a la paz y el sosiego doméstico en la nación? Creemos que no.
Todos estamos responsabilizados, como entes sociales, en converger en un solo haz de voluntades para la preservación de la tranquilidad y la paz del país. En la medida en que cada uno de nosotros nos excluyamos de esa responsabilidad colectiva, compartida, y depongamos el interés por nuestra propia seguridad ciudadana, seremos proporcionalmente responsables, vía omisión, propia de una actitud indolente, de la ausencia de un país en calma, sosegado, libre del flagelo de la violencia en las calles, en los barrios, en nuestro territorio, pero sustituido por un país en constante alboroto, escándalos, riñas callejeras, olas de crímenes, etc., y en donde la convivencia de los ciudadanos, al final de cuentas, resulte imposible. Se impone, luego, el manejo inminente de un concepto necesario: la seguridad nacional preventiva. ¿Qué debemos entender por ella? Pues, que la seguridad, lejos de hacer lectura en la palabra represión, demanda, primero, que se tomen en consideración todos los correctivos, métodos, técnicas, procedimientos, programas, etc., a fin de evitar la materialización o producción de corrientes generadoras de delincuencia. Se trata, prima facie, de prevenir el delito. Ahora bien, qué hacemos con la realidad delincuencial en nuestro medio? La respuesta es sencilla: tenemos que impulsar el deporte en nuestros jóvenes, destacar el papel preponderante que tiene la educación y la instrucción en ellos; inculcarles a nuestros muchachos valores: amor por la familia, a Dios; respeto a los padres, a los hermanos; amor por la escuela, franca devoción y altruismo por los estudios; cultivar en la juventud el amor por la Patria, el prójimo y repetirles, cuantas veces sea necesario, que la riqueza de un hombre está en función de su condición de ser digno. Esto también se puede hacer desde las cárceles. El patrimonio de la dignidad humana es la gran riqueza de todo ser humano.
Insisto, tenemos que revisar todo nuestro sistema legal, sobre todo el penal, y dar cabida a las tendencias contemporáneas de la desjudicialización de un gran número de delitos; la desprisionalziación y optar por los llamados subrogados penales -mecanismos de sustitución de la detención preventiva y de la pena de prisión-; aplicar la desprocesalización de los casos que lo ameriten. Los medios o mecanismos alternativos de solución de los conflictos penales tienen que aplicarse de una vez por todas: mediación penal, conciliación, amigable composición, etc. La cárceles, lo hemos dicho hasta la saciedad, no pueden ser concebidas como auténticas escuelas del crimen, universidades que profesionalizan a los delincuentes, depósitos degradantes de enormes contingentes de nuestros semejantes.
Una política de seguridad nacional, cónsona con las reglas de la dignidad humana, de cada uno de nuestros compatriotas y cuantos viven en esta tierra, es lo que habrá de servir como norte al nuevo director de la Policía Nacional que ha manifestado estar identificado con el fin de devolverle la paz, la confianza, el sosiego doméstico y la tranquilidad a la nación. Todo ello traduce un claro acto de valentía que busca, en medio de un flagelo social que nos amenaza a todos por igual, brindarnos un clima de calma social. Sin embargo, requiere nuestra colaboración consciente y desinteresada.
Ya lo había advertido Simón Bolívar: A la sombra de la ignorancia avanza el crimen, y agregamos por nuestra parte, nace, crece y se desarrolla el delito. A la luz de la educación y de la instrucción hagamos hombres y mujeres de razones e ideas de avanzada. En la ignorancia se cobija la idea criminosa que luego aflora en muerte, luto, dolor y aflicción.
(stekrakri@hotmail.com)
(jhpertuz@hotmail.com)
