Seguridad y diplomacia preventiva
La paz mundial camina frágil frente a un terrorismo cada vez más fragmentado y globalizado que amenaza los valores democráticos y la seguridad internacional, así lo confirman los atentados en Nueva York, el Club Nogal en Bogotá, Colombia; una discoteca en Bali, Indonesia; un hotel en Casablanca, Marruecos; un complejo residencial en Riad, Arabia Saudita; un banco británico en Estambul, Turquía; las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania; el Metro de Moscú, Rusia; el ataque con explosivos a estaciones ferroviarias de Madrid; y más recientemente en Jerusalén y Gaza en Israel.
Esos hechos han sembrado a su paso la destrucción y la muerte, generando un sentimiento universal de solidaridad, precisamente porque el terrorismo, cualquiera que sea su naturaleza, se ha constituido en una forma de lucha particular que no discrimina entre sus víctimas a civiles no-combatientes. Ningún argumento ideológico, político o religioso justifica ese método de acabar con vidas humanas.
Por lejana que parezca esta situación, Panamá quedó marcado en el pasado con actos terroristas aún en investigación como la voladura de un avión de ALAS y el frustrado atentado con explosivos contra un Jefe de Estado; de allí la importancia de fundamentar el combate al terrorismo en los 15 instrumentos jurídicos internacionales ratificados por la nación, que de por sí constituyen un sólido marco jurídico que, a través de la implementación de medidas legislativas eficaces, permitirá prevenir y sancionar los delitos relacionados con atentados terroristas cometidos con bombas, la financiación de actividades terroristas, el apoderamiento ilícito de aeronaves, los actos contra la seguridad de la aviación civil, la toma de rehenes y los actos de violencia en aeropuertos internacionales y naves marítimas, etc. Estas medidas se complementan con la Ley 75 de 3 de diciembre de 2003, y se incorpora a nuestro ordenamiento la Convención Interamericana contra el Terrorismo que pone a disposición de las autoridades nacionales un régimen jurídico administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo, ampliando el marco de cooperación y el intercambio de información en los niveles nacionales e internacionales.
Los esfuerzos institucionales contra el terrorismo deberán inspirarse en el pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el derecho internacional humanitario; así como en los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Además, disponemos de la Ley No. 50 de 2 de julio de 2003, la cual adiciona un capítulo sobre el Terrorismo al Código Penal consecuente con la estrategia internacional de proscribir conductas delictivas y desalentar la financiación del terrorismo; mientras se encuentra en estudio un proyecto de ley con los parlamentos Centroamericanos y Panamá denominado "Acción Legislativa contra el Terrorismo", auspiciado por la OEA, iniciativa subregional para homologar leyes antiterroristas en nuestros naciones.
Consecuente, la Cancillería como el Ministerio Público y demás entidades especializadas deberán poner en marcha mecanismos bilaterales y multilaterales para acceder a la asistencia técnica y cooperación que facilitará el intercambio de información, la capacitación, el reforzamiento de los mecanismos de cooperación política, legal, financiera y operativa que prestan organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA.
La justicia penal panameña cuenta hoy con herramientas legislativas acordes a las normas del debido proceso para investigar, juzgar y condenar toda tentativa o comisión de actos de terrorismo, estableciendo sanciones ejemplares de cárcel para quienes incurran en delitos contra la seguridad colectiva y la estabilidad de las instituciones democráticas, como una señal disuasiva e inequívoca de que Panamá no será santuario para actividades terroristas reprochadas por la sociedad panameña y la comunidad internacional.
Un terrorismo fragmentado y globalizado tiene consecuencias imprevisibles y ello nos obliga a reflexionar ante los ostensibles riesgos que tiene la seguridad del Canal, a lo cual se suma el conflicto violento allende a nuestras fronteras que ubica a la vía interoceánica como un importante activo en la seguridad hemisférica. Por consiguiente, el nuevo gobierno tendrá entre sus prioridades el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública con efectivos controles migratorios fronterizos, aéreos y marítimos; y la dotación de una adecuada logística de prevención y administración de crisis para preservar la estabilidad democrática del país. Sin bien es cierto, no se puede permanecer neutral frente a esta realidad, también es cierto que la acción del Estado debe ser ponderada y consecuente para salvaguardar los intereses vitales del país, valorando toda presunción de terrorismo que pudiera comprometer nuestra política exterior y convertir al Canal en un blanco.
La vulnerabilidad que se percibe en el escenario mundial reduce la capacidad de maniobra y configura un cuadro muy delicado para la nueva administración del Estado panameño, a tal punto que plantea desafíos tan importantes como la reformulación del Plan Estratégico de Seguridad Nacional y la búsqueda de respuestas ajustadas a una diplomacia preventiva que ponga acento en las soluciones políticas y en los consensos diplomáticos regionales, manteniendo un alternado equilibrio entre la defensa de la neutralidad y los intereses compartidos con la comunidad internacional en la represión del terrorismo.
Esos hechos han sembrado a su paso la destrucción y la muerte, generando un sentimiento universal de solidaridad, precisamente porque el terrorismo, cualquiera que sea su naturaleza, se ha constituido en una forma de lucha particular que no discrimina entre sus víctimas a civiles no-combatientes. Ningún argumento ideológico, político o religioso justifica ese método de acabar con vidas humanas.
Por lejana que parezca esta situación, Panamá quedó marcado en el pasado con actos terroristas aún en investigación como la voladura de un avión de ALAS y el frustrado atentado con explosivos contra un Jefe de Estado; de allí la importancia de fundamentar el combate al terrorismo en los 15 instrumentos jurídicos internacionales ratificados por la nación, que de por sí constituyen un sólido marco jurídico que, a través de la implementación de medidas legislativas eficaces, permitirá prevenir y sancionar los delitos relacionados con atentados terroristas cometidos con bombas, la financiación de actividades terroristas, el apoderamiento ilícito de aeronaves, los actos contra la seguridad de la aviación civil, la toma de rehenes y los actos de violencia en aeropuertos internacionales y naves marítimas, etc. Estas medidas se complementan con la Ley 75 de 3 de diciembre de 2003, y se incorpora a nuestro ordenamiento la Convención Interamericana contra el Terrorismo que pone a disposición de las autoridades nacionales un régimen jurídico administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo, ampliando el marco de cooperación y el intercambio de información en los niveles nacionales e internacionales.
Los esfuerzos institucionales contra el terrorismo deberán inspirarse en el pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el derecho internacional humanitario; así como en los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Además, disponemos de la Ley No. 50 de 2 de julio de 2003, la cual adiciona un capítulo sobre el Terrorismo al Código Penal consecuente con la estrategia internacional de proscribir conductas delictivas y desalentar la financiación del terrorismo; mientras se encuentra en estudio un proyecto de ley con los parlamentos Centroamericanos y Panamá denominado "Acción Legislativa contra el Terrorismo", auspiciado por la OEA, iniciativa subregional para homologar leyes antiterroristas en nuestros naciones.
Consecuente, la Cancillería como el Ministerio Público y demás entidades especializadas deberán poner en marcha mecanismos bilaterales y multilaterales para acceder a la asistencia técnica y cooperación que facilitará el intercambio de información, la capacitación, el reforzamiento de los mecanismos de cooperación política, legal, financiera y operativa que prestan organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA.
La justicia penal panameña cuenta hoy con herramientas legislativas acordes a las normas del debido proceso para investigar, juzgar y condenar toda tentativa o comisión de actos de terrorismo, estableciendo sanciones ejemplares de cárcel para quienes incurran en delitos contra la seguridad colectiva y la estabilidad de las instituciones democráticas, como una señal disuasiva e inequívoca de que Panamá no será santuario para actividades terroristas reprochadas por la sociedad panameña y la comunidad internacional.
Un terrorismo fragmentado y globalizado tiene consecuencias imprevisibles y ello nos obliga a reflexionar ante los ostensibles riesgos que tiene la seguridad del Canal, a lo cual se suma el conflicto violento allende a nuestras fronteras que ubica a la vía interoceánica como un importante activo en la seguridad hemisférica. Por consiguiente, el nuevo gobierno tendrá entre sus prioridades el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública con efectivos controles migratorios fronterizos, aéreos y marítimos; y la dotación de una adecuada logística de prevención y administración de crisis para preservar la estabilidad democrática del país. Sin bien es cierto, no se puede permanecer neutral frente a esta realidad, también es cierto que la acción del Estado debe ser ponderada y consecuente para salvaguardar los intereses vitales del país, valorando toda presunción de terrorismo que pudiera comprometer nuestra política exterior y convertir al Canal en un blanco.
La vulnerabilidad que se percibe en el escenario mundial reduce la capacidad de maniobra y configura un cuadro muy delicado para la nueva administración del Estado panameño, a tal punto que plantea desafíos tan importantes como la reformulación del Plan Estratégico de Seguridad Nacional y la búsqueda de respuestas ajustadas a una diplomacia preventiva que ponga acento en las soluciones políticas y en los consensos diplomáticos regionales, manteniendo un alternado equilibrio entre la defensa de la neutralidad y los intereses compartidos con la comunidad internacional en la represión del terrorismo.
