Seguridad y realidad
Pocos fueron los que entendieron las urgencias delineadas por la administración de Álvaro Uribe, cuando, con la ayuda de Estados Unidos, puso en marcha la seguridad democrática, al amparo del tan cuestionado "Plan Colombia". Años después, una nueva situación le ha ido dando la razón. Previa a su política de seguridad, existían en Colombia remotas regiones que nunca habían visto a un policía, y menos sabían de las incidencias del Estado colombiano en algunas de sus manifestaciones. Un ejemplo: los propios colombianos no podían hacer turismo interno. Así que cuando se habla de la seguridad democrática de Uribe no se trata sólo de golpes dados a la guerrilla, sino de la capacidad de expandir el Estado, de hacerlo presente en todas las regiones del país, sobre todo en las más conflictivas.
En el caso de Panamá, a ciencia y paciencia en los últimos años, la población ha sido presa de la inseguridad ciudadana y pareciera que ningún esfuerzo fuera suficiente para detener las acciones delincuenciales y la irresponsabilidad de pandilleros de poca monta, que asesinan como en ruleta rusa, a cualquier ciudadano, adulto o niño, hombre o mujer.
El gobierno panameño habla de reformas a las leyes de seguridad, y la población se pregunta hasta dónde serán efectivas. Contrario a lo que ocurre en Colombia, el Estado pierde espacio y la delincuencia lo gana. ¿Faltará acaso un Plan Panamá?
