Seguro social y cuestión de método (II)
Si casi todas las partes rehusasen aportar más dinero al Seguro, ¿de qué manera se salvaría la institución..?
Es necesario separar lo esencial de lo no esencial y separar lo aprobado de lo no aprobado. ¿En qué contribuiría al diálogo mencionar la falta de transparencia, el referéndum sobre el Canal o las intenciones "subversivas" de algunos dirigentes? ¡En nada!
Las reformas a la ley del Seguro Social fueron víctimas de una metodología equivocada. El gobierno pensó que la ley debía aprobarse luego de un breve debate en la Asamblea, pero se subestimaron las reacciones en contra. Tampoco el FRENADESSO aprovechó para explicar su posición en la Asamblea cuando fue invitado porque adujeron "no existir condiciones", algo incomprensible para muchos.
El FRENADESSO llamó a una huelga e incorporó a otras organizaciones, pero el gobierno se mantuvo en sus trece y sumó al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y a otros sectores importantes de la sociedad.
Torrijos manifestó que "el pueblo panameño"deseaba paz y diálogo. El FRENADESSO y los partidos de oposición afirmaban que el "pueblo panameño" pedía la derogación de la ley. ¿Quién representa al "pueblo panameño"? ¿Torrijos, quien ganó abrumadoramente las elecciones? ¿El FRENADESSO, que aglutina a decenas de representaciones obreras, docentes, estudiantiles, sectores de salud y otros, sin incluir a la totalidad? ¿Los partidos, carentes de credibilidad y poder de convocatoria, que pescan en aguas revueltas?
La invitación para participar en un diálogo durante tres meses mejoró la imagen del gobierno. Éste invitó a las organizaciones del FRENADESSO, mas no al frente en sí, que ha exigido participar en un solo bloque. El FRENADESSO exigió que el diálogo sea precedido por una suspensión de la Ley 17 durante el tiempo que duren las conversaciones y que dicho frente sea reconocido como representante del "pueblo panameño". El gobierno sugirió la intervención de mediadores u observadores, rechazados por el frente por provenir de una decisión "inconsulta". De modo que ambas partes y la oposición, han puesto condiciones a pesar de que todas dicen querer un diálogo "sin precondiciones de ninguna clase".
Torrijos manifestó que el propósito del diálogo era el de reglamentar la Ley y mejorar aspectos puntuales de la misma. Pero ello entrañaba dificultades de orden jurídico, porque no era posible modificar una ley que estuviese en vigor. Habría que suspenderla. El FRENADESSO consideró que la reglamentación de la Ley no resolvía problemas que se originaban en su articulado y que, por ende, era necesario suspender los efectos de la Ley.
Al ampliarse las protestas, Torrijos, a petición de amplios sectores (económicos, sociales, religiosos, profesionales, gremiales) de la sociedad, invitó a un nuevo diálogo entre todos para introducirle a la Ley los cambios que fuesen objeto de consenso entre las partes y afirmó que se suspendería su reglamentación, añadiendo que la nueva normativa sería integralmente retroactiva y asegurando su aprobación legislativa. Se nombró como facilitador al Presidente del Consejo de Rectores y, como mediadores, a la Iglesia Católica y al Comité Ecuménico.
El FRENADESSO arguye ahora que no es lo mismo suspender la reglamentación de la Ley 17 que suspender la Ley propiamente dicha. Si toda la Ley requiriese reglamentación, suspender la reglamentación equivaldría a suspender la Ley. Pero algunos artículos en vigor no requieren de reglamentación, de modo que la suspensión de la reglamentación de la Ley en nada afectaría la vigencia de tales artículos. No obstante, el presidente Torrijos ha asegurado que todos los artículos son modificables y que lo serían retroactivamente, de tal suerte que al final sí tendría el mismo efecto suspender la reglamentación que suspender la Ley. Por ejemplo, las deducciones hechas a los gastos de representación serían devueltas si el artículo que las autoriza sufriese modificación en sentido contrario.
Si las partes en el diálogo (obreros, enfermeras, docentes, empresarios, profesionales, gobierno) saldrán a defender sus intereses particulares, ¿cómo se armonizarán los intereses contradictorios y quién decidirá la redacción definitiva de los artículos? Si casi todas las partes rehusasen aportar más dinero al Seguro Social, ¿de qué manera se salvaría la institución que no fuese a través de aportaciones extraordinarias por parte del gobierno, ya que se saben insuficientes las otras medidas? ¿Quiénes tendrán el poder para recortar los cambios consensuados para ceñirlos al objetivo de que la CSS reciba más, y no menos, ingresos? No olvidemos que Panamá no es un país socialista; que todos debemos contribuir un poco y que, como dijo Voltaire: "Lo mejor es enemigo de lo bueno".
Es necesario separar lo esencial de lo no esencial y separar lo aprobado de lo no aprobado. ¿En qué contribuiría al diálogo mencionar la falta de transparencia, el referéndum sobre el Canal o las intenciones "subversivas" de algunos dirigentes? ¡En nada!
Las reformas a la ley del Seguro Social fueron víctimas de una metodología equivocada. El gobierno pensó que la ley debía aprobarse luego de un breve debate en la Asamblea, pero se subestimaron las reacciones en contra. Tampoco el FRENADESSO aprovechó para explicar su posición en la Asamblea cuando fue invitado porque adujeron "no existir condiciones", algo incomprensible para muchos.
El FRENADESSO llamó a una huelga e incorporó a otras organizaciones, pero el gobierno se mantuvo en sus trece y sumó al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y a otros sectores importantes de la sociedad.
Torrijos manifestó que "el pueblo panameño"deseaba paz y diálogo. El FRENADESSO y los partidos de oposición afirmaban que el "pueblo panameño" pedía la derogación de la ley. ¿Quién representa al "pueblo panameño"? ¿Torrijos, quien ganó abrumadoramente las elecciones? ¿El FRENADESSO, que aglutina a decenas de representaciones obreras, docentes, estudiantiles, sectores de salud y otros, sin incluir a la totalidad? ¿Los partidos, carentes de credibilidad y poder de convocatoria, que pescan en aguas revueltas?
La invitación para participar en un diálogo durante tres meses mejoró la imagen del gobierno. Éste invitó a las organizaciones del FRENADESSO, mas no al frente en sí, que ha exigido participar en un solo bloque. El FRENADESSO exigió que el diálogo sea precedido por una suspensión de la Ley 17 durante el tiempo que duren las conversaciones y que dicho frente sea reconocido como representante del "pueblo panameño". El gobierno sugirió la intervención de mediadores u observadores, rechazados por el frente por provenir de una decisión "inconsulta". De modo que ambas partes y la oposición, han puesto condiciones a pesar de que todas dicen querer un diálogo "sin precondiciones de ninguna clase".
Torrijos manifestó que el propósito del diálogo era el de reglamentar la Ley y mejorar aspectos puntuales de la misma. Pero ello entrañaba dificultades de orden jurídico, porque no era posible modificar una ley que estuviese en vigor. Habría que suspenderla. El FRENADESSO consideró que la reglamentación de la Ley no resolvía problemas que se originaban en su articulado y que, por ende, era necesario suspender los efectos de la Ley.
Al ampliarse las protestas, Torrijos, a petición de amplios sectores (económicos, sociales, religiosos, profesionales, gremiales) de la sociedad, invitó a un nuevo diálogo entre todos para introducirle a la Ley los cambios que fuesen objeto de consenso entre las partes y afirmó que se suspendería su reglamentación, añadiendo que la nueva normativa sería integralmente retroactiva y asegurando su aprobación legislativa. Se nombró como facilitador al Presidente del Consejo de Rectores y, como mediadores, a la Iglesia Católica y al Comité Ecuménico.
El FRENADESSO arguye ahora que no es lo mismo suspender la reglamentación de la Ley 17 que suspender la Ley propiamente dicha. Si toda la Ley requiriese reglamentación, suspender la reglamentación equivaldría a suspender la Ley. Pero algunos artículos en vigor no requieren de reglamentación, de modo que la suspensión de la reglamentación de la Ley en nada afectaría la vigencia de tales artículos. No obstante, el presidente Torrijos ha asegurado que todos los artículos son modificables y que lo serían retroactivamente, de tal suerte que al final sí tendría el mismo efecto suspender la reglamentación que suspender la Ley. Por ejemplo, las deducciones hechas a los gastos de representación serían devueltas si el artículo que las autoriza sufriese modificación en sentido contrario.
Si las partes en el diálogo (obreros, enfermeras, docentes, empresarios, profesionales, gobierno) saldrán a defender sus intereses particulares, ¿cómo se armonizarán los intereses contradictorios y quién decidirá la redacción definitiva de los artículos? Si casi todas las partes rehusasen aportar más dinero al Seguro Social, ¿de qué manera se salvaría la institución que no fuese a través de aportaciones extraordinarias por parte del gobierno, ya que se saben insuficientes las otras medidas? ¿Quiénes tendrán el poder para recortar los cambios consensuados para ceñirlos al objetivo de que la CSS reciba más, y no menos, ingresos? No olvidemos que Panamá no es un país socialista; que todos debemos contribuir un poco y que, como dijo Voltaire: "Lo mejor es enemigo de lo bueno".
