Sesiones extraordinarias
Durante la pasada administración, las sesiones extraordinarias fueron utilizadas rutinariamente para tratar proyectos de ley que el Organo Ejecutivo consideraba justificaban el gasto adicional. En vista de que el nuevo gobierno está debatiendo la posibilidad de seguir ese ejemplo y dada la estrechez presupuestaria, el mismo debe, sin embargo, justificar el gasto adicional sometiendo proyectos de ley que contribuyan al desarrollo social o económico y no iniciativas legislativas con motivaciones meramente políticas.
Es irrefutable que el gobierno de Ernesto Pérez Balladares demostró una mayor capacidad para producir material objeto de consideración legislativa, lo cual lo forzó a recurrir regularmente a sesiones extraordinarias para considerar, entre otras, reformas al Código de Trabajo y al Código Fiscal, enmiendas integrales de las leyes de seguros y reaseguros, modificación del régimen sobre calumnia e injuria, la creación de la Defensoría del Pueblo, la aprobación de contratos estatales, la creación de comarcas indígenas, la delimitación de la Cuenca Hidrográfica del Canal, la revisión de la responsabilidad penal de los adolescentes, la fijación de la responsabilidad de los arrendadores de vehículos, la equiparación de oportunidades para personas con discapacidades, y la modificación de los regímenes legales del Banco Hipotecario Nacional, de la Dirección Metropolitana de Aseo y del IDAAN. Algunos fueron aprobados, mientras que otros no.
Hasta ahora, el gobierno de Mireya Moscoso no ha demostrado la misma capacidad para generar proyectos de leyes y la mayoría de los pocos que ha producido se han concentrado en asuntos meramente políticos como, por ejemplo, derogatoria de la ley sobre la Sala Quinta y la "Ley Chorizo". La falta de coordinación y colaboración entre el Ejecutivo y su estrecha mayoría en el Legislativo, aparte de lo que ocurre con el Presupuesto de Gobierno del próximo año, agrava la situación.
Las sesiones extraordinarias son costosas y causan desgaste en los legisladores y en personal clave del Organo Ejecutivo. Si el gobierno piensa convocar sesiones que sean justificables, más vale que sometan proyectos que lo ameriten, lo cual descalifica a la "Ley Chorizo", que lleva dos meses empantanada en la Asamblea.
Es irrefutable que el gobierno de Ernesto Pérez Balladares demostró una mayor capacidad para producir material objeto de consideración legislativa, lo cual lo forzó a recurrir regularmente a sesiones extraordinarias para considerar, entre otras, reformas al Código de Trabajo y al Código Fiscal, enmiendas integrales de las leyes de seguros y reaseguros, modificación del régimen sobre calumnia e injuria, la creación de la Defensoría del Pueblo, la aprobación de contratos estatales, la creación de comarcas indígenas, la delimitación de la Cuenca Hidrográfica del Canal, la revisión de la responsabilidad penal de los adolescentes, la fijación de la responsabilidad de los arrendadores de vehículos, la equiparación de oportunidades para personas con discapacidades, y la modificación de los regímenes legales del Banco Hipotecario Nacional, de la Dirección Metropolitana de Aseo y del IDAAN. Algunos fueron aprobados, mientras que otros no.
Hasta ahora, el gobierno de Mireya Moscoso no ha demostrado la misma capacidad para generar proyectos de leyes y la mayoría de los pocos que ha producido se han concentrado en asuntos meramente políticos como, por ejemplo, derogatoria de la ley sobre la Sala Quinta y la "Ley Chorizo". La falta de coordinación y colaboración entre el Ejecutivo y su estrecha mayoría en el Legislativo, aparte de lo que ocurre con el Presupuesto de Gobierno del próximo año, agrava la situación.
Las sesiones extraordinarias son costosas y causan desgaste en los legisladores y en personal clave del Organo Ejecutivo. Si el gobierno piensa convocar sesiones que sean justificables, más vale que sometan proyectos que lo ameriten, lo cual descalifica a la "Ley Chorizo", que lleva dos meses empantanada en la Asamblea.
