Sesiones siamesas
La decisión, a todas luces arbitraria, de convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias simultáneas para que se aprueben las reformas constitucionales del Pacto MAMI, evidencian que lo poco que restaba en Panamá del principio de legalidad ha terminado. En otras palabras, en lugar de tener una Constitución reformada, nos quedamos sin Constitución.
La función que deben cumplir las disposiciones constitucionales gira en torno a la limitación y la racionalización del poder y, de la garantía de libertad en el proceso de la vida política. En efecto, ya desde 1789, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, establecía con toda claridad: "Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la división de poderes no tiene Constitución". Sin embargo, los representantes del Ejecutivo saliente y entrante en nuestro país, han acordado practicar el desequilibrio de los poderes para que los derechos fundamentales y políticos de los ciudadanos sean trastocados permanentemente.
No cabe duda que las reformas constitucionales, desde el mismo momento que fueron presentadas por un reducido número de legisladores en el seno de la Asamblea al término de sus últimas sesiones ordinarias, estaban viciadas. Su vicio fundamental radica en el hecho de que no tienen como función crear, garantizar y desarrollar un acuerdo básico para la sociedad panameña, ni mucho menos garantizar la pluralidad en el Estado. Muy por el contrario, su redacción, discusión, aprobación e imposición lejos de tener como objetivo el bien común, persiguen el fortalecimiento de la partidocracia, el autoritarismo y la autocracia.
Nunca antes en la historia del derecho constitucional panameño se había asistido a tantas y tan flagrantes violaciones a todas las referencias teóricas y prácticas del constitucionalismo.
Los promotores, defensores, ejecutores y demás, de las denominadas reformas constitucionales han olvidado que: "Los textos, sobre todo las constituciones, ejercen una fascinación peculiar, afín a las religiones del Libro, incluso cuando son "superadas" por la historia o cuando ellas mismas no han "alcanzado" a la historia". (Haberle)
Al convocar a sesiones extraordinarias para discutir las reformas constitucionales se está violando la Constitución. Al no respetar el debido proceso, también se viola la Constitución. Estas violaciones la perpetran tanto los que convocan, como los que participan en el hemiciclo de las mismas y los que, desde la Corte Suprema no ordenan su suspensión. Pero los compromisos entre las cúpulas de los partidos políticos gobernantes (saliente y entrante), han pesado más para pisotear nuestros derechos ciudadanos.
Poco les ha importado, ni les importa, el grave daño moral que se le hace a nuestra sociedad, a sus esperanzas de mejores días. Unos por acción -y otros por omisión- han optado por impedirnos alcanzar una "responsabilidad mancomunada" en la garantía y actualización de la Constitución como expresión del contrato social entre todos los panameños.
Las posibilidades de poder contar con un Estado constitucional y con una sociedad constituida de ciudadanos se ve gravemente afactada por lo actuado durante estos días. Ello es socialmente riesgoso y peligroso, pero los "jerrymanders" locales al creer que se han salido con la suya, más bien dejan un campo minado en que el ejercicio del poder perjudicará permanentemente nuestras garantías judiciales y derechos políticos.
Sesiones sobre sesiones, sesiones siamesas acompañadas de un número plural de declaraciones insensatas y descabelladas de legisladores y ministros salientes y entrantes, nos alejan cada vez más de un Estado de derecho y nos conducen a un gobierno de facto. No les ha interesado entender que, de nuestros días, Estado constitucional democrático significa, se entiende y se vive a partir del poder constituyente del pueblo.
Lo que están haciendo -con premeditación, dolo y alevosía- con su sesiones siamesas, terminan por convertir la actual constitución en una simia y nos lleva a una peligrosa situación y condición ciudadana. Como lo recordaba alguien recientemente: "Salimos del zoológico para volver la selva".
La función que deben cumplir las disposiciones constitucionales gira en torno a la limitación y la racionalización del poder y, de la garantía de libertad en el proceso de la vida política. En efecto, ya desde 1789, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, establecía con toda claridad: "Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la división de poderes no tiene Constitución". Sin embargo, los representantes del Ejecutivo saliente y entrante en nuestro país, han acordado practicar el desequilibrio de los poderes para que los derechos fundamentales y políticos de los ciudadanos sean trastocados permanentemente.
No cabe duda que las reformas constitucionales, desde el mismo momento que fueron presentadas por un reducido número de legisladores en el seno de la Asamblea al término de sus últimas sesiones ordinarias, estaban viciadas. Su vicio fundamental radica en el hecho de que no tienen como función crear, garantizar y desarrollar un acuerdo básico para la sociedad panameña, ni mucho menos garantizar la pluralidad en el Estado. Muy por el contrario, su redacción, discusión, aprobación e imposición lejos de tener como objetivo el bien común, persiguen el fortalecimiento de la partidocracia, el autoritarismo y la autocracia.
Nunca antes en la historia del derecho constitucional panameño se había asistido a tantas y tan flagrantes violaciones a todas las referencias teóricas y prácticas del constitucionalismo.
Los promotores, defensores, ejecutores y demás, de las denominadas reformas constitucionales han olvidado que: "Los textos, sobre todo las constituciones, ejercen una fascinación peculiar, afín a las religiones del Libro, incluso cuando son "superadas" por la historia o cuando ellas mismas no han "alcanzado" a la historia". (Haberle)
Al convocar a sesiones extraordinarias para discutir las reformas constitucionales se está violando la Constitución. Al no respetar el debido proceso, también se viola la Constitución. Estas violaciones la perpetran tanto los que convocan, como los que participan en el hemiciclo de las mismas y los que, desde la Corte Suprema no ordenan su suspensión. Pero los compromisos entre las cúpulas de los partidos políticos gobernantes (saliente y entrante), han pesado más para pisotear nuestros derechos ciudadanos.
Poco les ha importado, ni les importa, el grave daño moral que se le hace a nuestra sociedad, a sus esperanzas de mejores días. Unos por acción -y otros por omisión- han optado por impedirnos alcanzar una "responsabilidad mancomunada" en la garantía y actualización de la Constitución como expresión del contrato social entre todos los panameños.
Las posibilidades de poder contar con un Estado constitucional y con una sociedad constituida de ciudadanos se ve gravemente afactada por lo actuado durante estos días. Ello es socialmente riesgoso y peligroso, pero los "jerrymanders" locales al creer que se han salido con la suya, más bien dejan un campo minado en que el ejercicio del poder perjudicará permanentemente nuestras garantías judiciales y derechos políticos.
Sesiones sobre sesiones, sesiones siamesas acompañadas de un número plural de declaraciones insensatas y descabelladas de legisladores y ministros salientes y entrantes, nos alejan cada vez más de un Estado de derecho y nos conducen a un gobierno de facto. No les ha interesado entender que, de nuestros días, Estado constitucional democrático significa, se entiende y se vive a partir del poder constituyente del pueblo.
Lo que están haciendo -con premeditación, dolo y alevosía- con su sesiones siamesas, terminan por convertir la actual constitución en una simia y nos lleva a una peligrosa situación y condición ciudadana. Como lo recordaba alguien recientemente: "Salimos del zoológico para volver la selva".
