Setenta y seis años de secuestro

Mañana se cumplirán exactamente, setenta y seis años del secuestro del constitucionalismo en Panamá. El constitucionalismo es "el esfuerzo por racionalizar ejercicio del poder político, sometiéndolo a la Ley". Hace cuarenta años el golpe de estado militar interrumpió la vida institucional. Hace treinta seis años se impuso una constitución militarista, que aún rige. El acto de fuerza, que todavía algunos festejan, secuestró el control político y el control jurídico que los ciudadanos tenemos derecho a ejercer sobre el poder.

A lo largo de todas estas décadas de permanentes violaciones de los Derechos Humanos de la población y, más concretamente, de las flagrantes violaciones de todas las garantías judiciales y del derecho a la protección judicial al no haberse hecho las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos ocurridos desde aquel fatídico 11 de octubre de 1968, hemos estado secuestrados como ciudadanos

En un artículo escrito en julio de 1987, César Pereira Burgos (q.e.p.d.) acotaba atinadamente: "Desde el golpe de 1968, el régimen ha tenido una sola fachada, cuando en realidad, ha construido varios andamiajes de poder. Si no se comprende esto, no se comprende lo que está pasando ahora. Varias roscas han coexistido o se han remplazado y por esto, muchos favoritos de la vía imperial se han rezagado o retirado púdicamente...". Y, efectivamente, las fachadas fueron variando en el terreno político en función del guión del momento, y también en el terreno jurídico con las reformas a la constitución militarista en 1978 y luego, en 1983... "Muchos aprovechados del proceso quedaron fuera del camino, hartos de ganancias, pero fuera del poder".

La realidad que encontramos hoy día marca el largo camino que nos corresponde recorrer para dejar de seguir secuestrados política y jurídicamente. Ello es así puesto que las secuelas del secuestro que suma 76 años, las encontramos en un Estado:

1. Incapaz de administrar justicia, ni de conservar el orden público sino es recurriendo a las concepciones autoritarias y arbitrarias.

2. No ha sabido crear las condiciones que le permitan al país lograr una mejor y equitativa distribución de la riqueza.

3. No se ha planteado, como meta prioritaria, la búsqueda de la justicia social.

4. Nuestras instituciones, grupos e inclusos las clases, carecen de cohesión, de conciencia compartida, de representación eficaz, de aptitud y actitud para defender sus intereses y proyectos, para negociar, para coincidir y articularse en coaliciones.

5. Los partidos políticos están cada vez más obsoletos por su rechazo a la innovación coherente, transparente, necesaria y por sus acciones excluyentes de sus integrantes y del resto de la ciudadanía.

Para salir del secuestro hace falta un Estado de Derecho Constitucional, que sea reacio a aceptar cualquier origen autoritario y arbitrario, o sea, que esté despojado de todo principio que rechace la participación de la ciudadanía y que tampoco admita la concentración de poderes económicos o políticos.