Si no cambiamos el sistema, volveremos a tropezar

Si no cambiamos el sistema, volveremos a tropezar
Para tener una verdadera democracia, y no la caricatura que impera en Panamá, deber existir la postulación libre a todos los niveles, pero facilitada y no obstaculizada hasta el infinito por los partidos y el Tribunal Electoral.
Juan Manuel Castulovich
Abogado y político independiente
~~~~~~~~~~~~~~~~
EN MI artículo anterior anuncié que expondría algunas ideas sobre lo que debemos y podemos hacer los electores que no estamos inscritos en partidos y que somos abrumadora mayoría, para retomar el control de nuestro sistema electoral y, en consecuencia, decidir nuestro futuro político.
Sólo el 47% de los electores con derecho a votar en las elecciones del 2009 está inscrito en los siete partidos legalmente reconocidos. De ellos, si acaso un 1%, o sea, 10,000, son militantes; el otro 99%, son simples adherentes; es decir, miembros de número. Sin embargo, ese reducido grupo, controlado por los gamonales de cada uno de los partidos, es el que determina, y nos impone, "por quiénes debemos votar".
La "democracia panameña", tanto la anterior al golpe de estado de 1968 como la "restaurada en diciembre de 1989", es, esencialmente, electorera. Los partidos políticos, salvo muy esporádicos intentos, que terminaron engullidos por el sistema, han sido y son agrupaciones de intereses económicos cuya primera y única preocupación es dominar el poder, o compartirlo. Más que partidos, son partidas, regularmente en estado de letargo, del cual despiertan cuando se acercan las elecciones. Entonces, se activan frenéticamente para buscar su tajada de "la papa presupuestaria", usando y abusando de todas las garantías y privilegios que les otorga un sistema electoral diseñado, por ellos y para ellos, con la abierta complicidad del Tribunal Electoral.
Las ventajas y privilegios, absolutamente antidemocráticos, creados para favorecer a los partidos son las siguientes: 1) El monopolio de las candidaturas presidenciales. Las postulaciones presidenciales siempre han sido, y continúan siendo, un monopolio exclusivo de los partidos políticos. 2) El control disfrazado de las candidaturas para diputados. La reforma constitucional aprobada en el 2004, aparentemente, eliminó el monopolio de los partidos políticos sobre las postulaciones para diputados; pero, de hecho, las trabas y dificultades, deliberadamente impuestas por los partidos políticos, con la abierta complicidad del Tribunal Electoral, hacen prácticamente imposible poder concretarlas. 3) La polarización forzada, en dos candidaturas, de la elección presidencial. Al no existir un sistema de doble vuelta, los electores son obligados a escoger entre las dos candidaturas de mayores posibilidades, que siempre son el resultado de "acomodos" entre las fuerzas económicas que controlan los partidos. 4) Los subsidios electorales, que suman más de 20 millones de balboas, y mediante los cuales los partidos se reparten, de manera abusiva y antidemocrática, el dinero que aporta todo el pueblo, tanto los que están inscritos como los que no estamos inscritos en ellos. 5) El derecho, que es una monumental desvergüenza, de, además, y como si no bastara con los subsidios, de recibir y mantener secretas "las donaciones" para sus campañas, sean éstas lícitas o ilícitas.
Para que exista un verdadero sistema democrático no basta con contar los votos emitidos por los electores; es imprescindible, además, acabar, de una vez por todas, con la aberración antidemocrática que son los privilegios que el sistema electoral actual consagra a favor de los partidos.
Para tener una verdadera democracia, y no la caricatura que impera en Panamá, deber existir la postulación libre a todos los niveles, pero facilitada y no obstaculizada hasta el infinito por los partidos y el Tribunal Electoral.
El sistema de doble vuelta, que existe en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela, asegura que el presidente sea elegido por la mayoría de los electores. Si ninguno de los candidatos obtiene el 50% de los votos, hay una segunda votación para que el pueblo escoja entre los dos candidatos más votados. Ese método es infinitamente más democrático que el nuestro de mayoría relativa que, con fundadas razones, puede sostenerse que viola la Constitución vigente y permite, como ya ha ocurrido, que se pueda llegar a la presidencia con una mayoría relativa tan insignificante como el 32% con el que fue ungido el candidato declarado vencedor de las elecciones de 1994.
El artículo 177 de la Constitución, dice que "El Presidente de la República será elegido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos...". Esa norma ha sido interpretada antojadizamente. Bastaría que en Código Electoral se aclare que mayoría de votos es el 50% de los votos válidos, y que si ninguno de los candidatos alcanza esa cifra, habrá una segunda vuelta, para que sea el pueblo el que decida quién debe gobernarlo.
La candidatura libre o independiente, combinada con un sistema de doble vuelta, crearía el espacio para el surgimiento de nuevos liderazgos y evitaría la polarización que impone el sistema actual.
No existe justificación moral ni política para que los partidos panameños reciban los monstruosos subsidios electorales con los que se reparten los dineros que aportamos todos los electores. El Estado debe pagar y habilitar los espacios en los medios de comunicación y ponerles a disposición de todos los candidatos, sin privilegios de ninguna clase. Y ningún partido ni candidato debe recibir contribuciones, sin que lleven aparejada la obligación de divulgarlas. Esa es la mayor prueba de la corrupción del sistema, que confirma que nuestra política está dominada por mafias electorales. Y por allí debemos comenzar la tarea de saneamiento del sistema electoral panameño.
La tarea no es fácil. Pero si actuamos ahora podemos lograrlo. Por lo pronto, comencemos por exigirle a los todos los partidos que revelen todas las contribuciones que recibieron para la pasada campaña y que se comprometan a revelar todas las que reciban para las próximas elecciones; y tomemos la decisión, los que no pertenecemos a ningún partido, de no votar por aquellos partidos y candidatos que sigan ocultando esa información.