Si tienen derecho, ¿por qué de hecho?
La última huelga médica es un claro ejemplo de que vivimos una crisis generalizada, cuando profesionales de alta formación, utilizan una metodología violenta para obtener lo que se reconoce como justo en principio. Los mismos mecanismos ejercen los educadores, como los de Kuna Yala días atrás, para reclamar sus reivindicaciones. Con supuestos niveles altos de conciencia social, educadores, médicos y cuanto profesional o grupo organizado accionan como si, en esta sociedad, no viviéramos un Estado de derecho.
Pero es que el derecho de unos llega hasta donde empieza el derecho de los demás. Las reivindicaciones que generan huelgas normalmente son económicas o requieren de recursos económicos para suplirse, lo que produce iniquidad, porque este tipo de reclamaciones, los gobiernos, de alguna forma la atienden, pero le quitan a otros para darle a los huelguistas o manifestantes violentos.
Esta sociedad, deformada por 21 años de dictadura, llegó a concluir, parece, que todo se puede llegar a conseguir por la fuerza o por el tráfico de influencias. Si a persona o grupo le asiste el derecho de algo, en la mayoría de las ocasiones se opta por traficar influencias para obtener lo que de derecho le asiste. Los gremios u organizaciones de la llamada sociedad civil inician sus acciones reivindicativas vía tráfico de influencias; de no lograrlo, pasan a la vía de hecho, con movilizaciones y con huelgas.
Si les asiste el derecho, ¿por qué actuar de hecho para lograr los supuestos derechos? Será porque no sabemos vivir en un Estado de derecho. ¿Será porque estamos tan ignorantes de que existen vías dentro del orden jurídico de la nación para hacer nuestros reclamos?.
Si parte interesada envía nota petitoria a una autoridad, y ésta no contesta en treinta días o contestándole omite cumplir con sus derechos de servidor público, este funcionario se hace reo de ser procesado administrativa, penal y hasta civilmente. Si la situación es interpretativa de la Ley, allí está la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte incumple, también los magistrados que actuaron son reos de culpa. ¿Cuántos ciudadanos, cuántas organizaciones interponen denuncias ante las instancias adecuadas contra los funcionarios que incumplen con sus deberes? Me adelanto y creo que muchos me responderán que soy un iluso, que las denuncias no prosperarán, que está comprobado que lo que resulta es la fuerza. Bueno, respondo yo, porque lo que se ha usado es el tráfico de influencias y la fuerza, pero eso no cimienta el Estado de derecho, al contrario, lo socava y por eso, algunos funcionarios no entienden que son servidores públicos y también actúan de hecho, hasta que de hecho son enfrentados y viene la negociación.
Cuando me desempeñé como director de la Región de Salud de San Miguelito, los gremios médicos, trataron de traficar influencias con el ex ministro Terán, solicitándoles que me removiera del cargo porque me había extralimitado en mis funciones al supervisar la entrada y salida de los médicos. Terán desestimó la solicitud y retomaron campaña contra mí con el nuevo ministro Gracia, pero les desvirtué sus planteamientos, solicitando un arbitraje al Tribunal de Honor de mi gremio, la Asociación Odontológica Panameña, el cual falló a mi favor, cuando le demostré que más de la mitad de los facultativos cumplían menos de seis hora de ocho contratadas, incurriendo en una falta administrativa y moral. ¿Por qué no interpusieron denuncias penales contra mí, en lugar de tratar de traficar influencias? ¿Por qué ahora que refieren que les asistía el derecho de "cobrar horas extraordinarias", en lugar de hacer una huelga, no interpusieron un recurso ante la Sala Tercera de la Corte? ¿Será porque no creen en un Estado de derecho?.
Hoy nos debatimos en tráfico de influencias, en el juega vivo, en las acciones de hecho, pero ignorando el derecho. Argumentan que no vivimos en un Estado de derecho. Claro, si no creemos en el Estado de derecho, si no lo ejercemos, ¿cómo lo vamos a desarrollar y perfeccionar?.
Con la huelga médica, una agrupación de jubilados está creyendo y ejerciendo el Estado de derecho, al interponer denuncia criminal contra los directivos de la huelga, por atentar contra la salud de más de diez mil personas que perdieron citas de especialistas, y más de mil cirugías y procedimientos perdidos. Los denunciantes pueden proceder contra los funcionarios del Ministerio Público si incumplen funciones. Esperamos que huelgas injustas e ilegales, como la pasada huelga médica, sea la última que se produzca, o la anunciada de administrativos del Seguro Social no se dé, porque si les asiste el derecho como argumentan, no hay que actuar de hecho. Reforcemos el Estado de derecho ejerciéndolo.
Pero es que el derecho de unos llega hasta donde empieza el derecho de los demás. Las reivindicaciones que generan huelgas normalmente son económicas o requieren de recursos económicos para suplirse, lo que produce iniquidad, porque este tipo de reclamaciones, los gobiernos, de alguna forma la atienden, pero le quitan a otros para darle a los huelguistas o manifestantes violentos.
Esta sociedad, deformada por 21 años de dictadura, llegó a concluir, parece, que todo se puede llegar a conseguir por la fuerza o por el tráfico de influencias. Si a persona o grupo le asiste el derecho de algo, en la mayoría de las ocasiones se opta por traficar influencias para obtener lo que de derecho le asiste. Los gremios u organizaciones de la llamada sociedad civil inician sus acciones reivindicativas vía tráfico de influencias; de no lograrlo, pasan a la vía de hecho, con movilizaciones y con huelgas.
Si les asiste el derecho, ¿por qué actuar de hecho para lograr los supuestos derechos? Será porque no sabemos vivir en un Estado de derecho. ¿Será porque estamos tan ignorantes de que existen vías dentro del orden jurídico de la nación para hacer nuestros reclamos?.
Si parte interesada envía nota petitoria a una autoridad, y ésta no contesta en treinta días o contestándole omite cumplir con sus derechos de servidor público, este funcionario se hace reo de ser procesado administrativa, penal y hasta civilmente. Si la situación es interpretativa de la Ley, allí está la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte incumple, también los magistrados que actuaron son reos de culpa. ¿Cuántos ciudadanos, cuántas organizaciones interponen denuncias ante las instancias adecuadas contra los funcionarios que incumplen con sus deberes? Me adelanto y creo que muchos me responderán que soy un iluso, que las denuncias no prosperarán, que está comprobado que lo que resulta es la fuerza. Bueno, respondo yo, porque lo que se ha usado es el tráfico de influencias y la fuerza, pero eso no cimienta el Estado de derecho, al contrario, lo socava y por eso, algunos funcionarios no entienden que son servidores públicos y también actúan de hecho, hasta que de hecho son enfrentados y viene la negociación.
Cuando me desempeñé como director de la Región de Salud de San Miguelito, los gremios médicos, trataron de traficar influencias con el ex ministro Terán, solicitándoles que me removiera del cargo porque me había extralimitado en mis funciones al supervisar la entrada y salida de los médicos. Terán desestimó la solicitud y retomaron campaña contra mí con el nuevo ministro Gracia, pero les desvirtué sus planteamientos, solicitando un arbitraje al Tribunal de Honor de mi gremio, la Asociación Odontológica Panameña, el cual falló a mi favor, cuando le demostré que más de la mitad de los facultativos cumplían menos de seis hora de ocho contratadas, incurriendo en una falta administrativa y moral. ¿Por qué no interpusieron denuncias penales contra mí, en lugar de tratar de traficar influencias? ¿Por qué ahora que refieren que les asistía el derecho de "cobrar horas extraordinarias", en lugar de hacer una huelga, no interpusieron un recurso ante la Sala Tercera de la Corte? ¿Será porque no creen en un Estado de derecho?.
Hoy nos debatimos en tráfico de influencias, en el juega vivo, en las acciones de hecho, pero ignorando el derecho. Argumentan que no vivimos en un Estado de derecho. Claro, si no creemos en el Estado de derecho, si no lo ejercemos, ¿cómo lo vamos a desarrollar y perfeccionar?.
Con la huelga médica, una agrupación de jubilados está creyendo y ejerciendo el Estado de derecho, al interponer denuncia criminal contra los directivos de la huelga, por atentar contra la salud de más de diez mil personas que perdieron citas de especialistas, y más de mil cirugías y procedimientos perdidos. Los denunciantes pueden proceder contra los funcionarios del Ministerio Público si incumplen funciones. Esperamos que huelgas injustas e ilegales, como la pasada huelga médica, sea la última que se produzca, o la anunciada de administrativos del Seguro Social no se dé, porque si les asiste el derecho como argumentan, no hay que actuar de hecho. Reforcemos el Estado de derecho ejerciéndolo.
