¿Sigue vigente la Revolución Francesa?
El comienzo de un nuevo milenio está marcado por el desenvolvimiento de una transformación social, económica, política y sobre todo cultural, más profunda todavía que la que marcó el fin de la Edad Media y el advenimiento de la época moderna, a saber lo que llamamos la globalización. Esta transformación es especialmente compleja. Ella significa la extensión de la modernidad a dimensiones de la sociedad donde no había llegado todavía incluso en sociedades desarrolladas, por ejemplo en el campo de las relaciones de pareja y de la vida familiar, así como en el campo de los problemas bioéticos, pero también en sociedades del llamado Tercer Mundo que se habían mantenido hasta ahora en buena parte tradicionales. Al mismo tiempo significa el surgimiento de perspectivas post-modernas principalmente en las sociedades ya modernizadas, pero también complementariamente aún en las sociedades en proceso de modernización.
Dada la radicalidad abarcadora de la globalización, pocos acontecimientos del pasado, especialmente de hace más de dos siglos, merecen ser considerados todavía como relevantes para nuestras sociedades y como fuentes de inspiración para su futuro. La mayoría de los eventos ocurridos en la época moderna agotan en esta misma época su "virtù" - el término es de Nicolò Machiavelli, uno de los pensadores más característicamente moderno, quien lo usaba para designar la energía humana a través de la cual el individuo forja su entorno social - y no transcienden hacia los nuevos tiempos que se dan a partir de la transformación globalizadora actualmente en proceso.
La Revolución Francesa es uno de esos acontecimientos que no han quedado encerrados en el pasado de sus propios límites históricos. Se proyecta aún desde el pasado hasta el presente y su potencial de significación y energía desborda hacia el futuro. Otro tanto se podría decir en sentido conexo y en menor grado de la Revolución Americana. Sería más cuestionable y controversial afirmar lo mismo de las revoluciones rusa y china.
En su conjunto estas revoluciones han dejado una marca indeleble en la conciencia política e incluso cultural de la humanidad, las dos primeras en el sentido de la libertad y de los derechos humanos y las dos últimas más limitadamente en el sentido de la igualdad y de los derechos de los pueblos. Esta tradición, en sus valores como en sus carencias, constituye uno de los ejes de la modernidad y más todavía de la humanidad. La matriz de origen de la misma fue sin duda la Revolución Francesa y por eso ella guarda más que las otras su relevancia continuada. Ella propuso, en efecto, la trilogía axiológica -"liberté, egalité, fraternité"- que ha estructurado la alternativa fundamental en la que se han debatido la reflexión y la acción socioeconómicas y políticas del mundo moderno, a saber la alternativa entre la libertad liberal-capitalista o la igualdad socialista-estatista. Pero más importante aún es el hecho de que esa trilogía apunta por su tercer componente al valor que le ha faltado al mundo moderno y a la necesidad de que en la transformación hacia un mundo-postmoderno ese valor prevalezca como principio rector de una nueva civilización.
Las primeras revoluciones fueron revoluciones de la libertad. Las que siguieron fueron revoluciones de la igualdad. Pero todas han experimentado serias limitaciones y contradicciones por su falta de fraternidad. Este último valor es el que debe hacer que la libertad se exprese en productividad acompañada de equidad, no de explotación, y debe hacer que la igualdad se concentre en las oportunidades al comienzo de la dinámica socioeconómica y política, no intente imponer resultados uniformes que se tornan en condiciones opresivas de esta dinámica. La revolución de la fraternidad es lo que la trilogía de la Revolución Francesa le descubre a la modernidad que le hace falta y, por lo tanto, le plantea a la post-modernidad que necesita realizar.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactada por el abate Sieyès, reclamada por La Fayette, el héroe de la Guerra de Independencia norteamericana, fue adoptada por la Asamblea Constituyente del 20 al 26 de agosto de 1789 y aceptada por el Rey de Francia, el malhadado Luis XVI, el 5 de octubre del mismo año. Constituye la expresión suprema de la Revolución Francesa y la mayor causa de su relevancia continuada.
En su prólogo, la Declaración califica los derechos humanos como "naturales, imprescriptibles e inalienables. En otras palabras, la Declaración supera la caracterización del sujeto de los derechos humanos como un pueblo en particular en una etapa precisa de su historia, tal que sucede con las prefiguraciones de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a saber la Magna Carta Libertatum, inglesa, de 1215, las Franquicias de Ginebra, helvéticas, de 1387, el Edicto de Nantes, francés, de 1598, y también el Bill of Rights, inglés, de 1689, impuesto por el Parlamento a María Estuardo y a Gillermo de Orange. Para la Declaración el sujeto de los derechos humanos es todo ser humano en todo tiempo y todo lugar. Con ella se inicia la universalidad de los derechos humanos
Las tres primeras estipulaciones de la Declaración se formularon así:
"1. Los hombres nacen y viven libres en derecho; las distinciones sociales no pueden justificarse más que en la utilidad común.
2. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, y ninguna institución ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella."
De esta manera, la Declaración consagra la libertad del individuo como el primer derecho humano y, al convertir al individuo libre en el fundamento del orden socio-político, opera un cambio radical en el principio de soberanía: se lo deniega al Rey y se lo atribuye a la nación, integrada por hombres que en su cohesión constituyen el pueblo. La Revolución Francesa, en razón de la primacía de los derechos humanos, transformó el principio de soberanía, antes que nada en la soberanía del pueblo.
Dos veces este mensaje de la Revolución Francesa ha sido decisivo en los últimos tiempos para la nación panameña. A finales del 1989, al ser anulados los resultados de las elecciones que fueron abrumadoramente favorables a la ADO-Civilista, Panamá se deshacía en los estertores de la dictadura y se corría el riesgo del incumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter. La OEA propició entonces un intento de negociación entre los representantes del general Noriega y la nómina presidencial de la Alianza de Oposición Civilista. En una de las sesiones más importantes de este intento uno de los representantes del régimen militar, el Dr. Rómulo Escobar Betancour, argumentó que había que salvaguardar en primer lugar la soberanía nacional y que la soberanía popular sobrevendría luego, con lo cual postergaba sine die la democratización que Panamá necesitaba con urgencia. Por lo contrario, la posición de la nómina de la ADO-Civilista, que me tocó formular, fue que, según la Revolución Francesa nos lo había enseñado, la soberanía nacional se enraizaba en y se asentaba sobre la soberanía popular y que sólo un pueblo cuya soberanía fuera ejercida y reconocida efectivamente a través de elecciones auténticas podía darse el gobierno democrático que nos urgía y podía, en consecuencia, afianzar su soberanía nacional. La negociación fracasó por el rechazo del régimen militar a honrar el principio que la Revolución Francesa reivindicó.
Poco tiempo después, la noche del 19 de diciembre de 1989, el Encargado de Negocios de los EE.UU. nos comunicó a los integrantes de la nómina presidencial panameña, ganadora de las elecciones, que el Presidente de dicho país, motivado por las provocaciones del dictador, había tomado la decisión de intervenir en Panamá. Nos preguntó además que haríamos ante tal decisión. Después de discutirlo solos entre nosotros, le contestamos que nos juramentaríamos como presidente y vicepresidentes de Panamá ante los dignatarios de la Comisión Panameña de Derechos Humanos, teniendo en mente el artículo 177 de la Constitución, de acuerdo con le cual "si por cualquier motivo el presidente o los vicepresidentes de la República no pudieren tomar posesión ante la Asamblea Legislativa, lo harán ante la Corte Suprema de Justicia; si no fuere posible, ante un notario público y, en defecto de éste, ante dos testigos hábiles".
Estábamos convencidos de que el reconocimiento de la soberanía popular panameña, en virtud de la cual habíamos ganado abrumadoramente las elecciones, era el presupuesto indispensable del rescate de nuestra soberanía nacional.
La historia ha demostrado que tuvimos razón en poner en práctica la lección de la Revolución Francesa. La insistencia en asentar el poder público sobre la voluntad popular expresada electoralmente garantizó la democratización del país y esta democratización evitó que se desconocieran los Tratados del Canal. Al mantener éstos su vigencia, se cumplió en la fecha prevista con la transferencia del Canal a Panamá. Así no sólo se reivindicó la soberanía popular, sino que se logró reafirmar y perfeccionar la soberanía nacional.
En ambas circunstancias, tanto de cara a nuestra comunidad nacional como de cara a la comunidad internacional, el principio de que la soberanía del Estado reside en la nación, concretamente en el pueblo, nos guió a los integrantes de la nómina presidencial de las fuerzas democratizadoras a defender la soberanía popular y sobre la base de ella a reafirmar la soberanía nacional. Ese principio nos vino del núcleo más esencial del mensaje de la Revolución Francesa, ese núcleo que hace que aún hoy día, en el proceso de transformación que vivimos con la globalización, sigamos encontrando inspiración en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Al celebrar otro aniversario del 14 de julio, tengamos presentes las palabras imperecederas por las que se inicia dicha Declaración: "la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos". (ariyan@sinfo.net).
Dada la radicalidad abarcadora de la globalización, pocos acontecimientos del pasado, especialmente de hace más de dos siglos, merecen ser considerados todavía como relevantes para nuestras sociedades y como fuentes de inspiración para su futuro. La mayoría de los eventos ocurridos en la época moderna agotan en esta misma época su "virtù" - el término es de Nicolò Machiavelli, uno de los pensadores más característicamente moderno, quien lo usaba para designar la energía humana a través de la cual el individuo forja su entorno social - y no transcienden hacia los nuevos tiempos que se dan a partir de la transformación globalizadora actualmente en proceso.
La Revolución Francesa es uno de esos acontecimientos que no han quedado encerrados en el pasado de sus propios límites históricos. Se proyecta aún desde el pasado hasta el presente y su potencial de significación y energía desborda hacia el futuro. Otro tanto se podría decir en sentido conexo y en menor grado de la Revolución Americana. Sería más cuestionable y controversial afirmar lo mismo de las revoluciones rusa y china.
En su conjunto estas revoluciones han dejado una marca indeleble en la conciencia política e incluso cultural de la humanidad, las dos primeras en el sentido de la libertad y de los derechos humanos y las dos últimas más limitadamente en el sentido de la igualdad y de los derechos de los pueblos. Esta tradición, en sus valores como en sus carencias, constituye uno de los ejes de la modernidad y más todavía de la humanidad. La matriz de origen de la misma fue sin duda la Revolución Francesa y por eso ella guarda más que las otras su relevancia continuada. Ella propuso, en efecto, la trilogía axiológica -"liberté, egalité, fraternité"- que ha estructurado la alternativa fundamental en la que se han debatido la reflexión y la acción socioeconómicas y políticas del mundo moderno, a saber la alternativa entre la libertad liberal-capitalista o la igualdad socialista-estatista. Pero más importante aún es el hecho de que esa trilogía apunta por su tercer componente al valor que le ha faltado al mundo moderno y a la necesidad de que en la transformación hacia un mundo-postmoderno ese valor prevalezca como principio rector de una nueva civilización.
Las primeras revoluciones fueron revoluciones de la libertad. Las que siguieron fueron revoluciones de la igualdad. Pero todas han experimentado serias limitaciones y contradicciones por su falta de fraternidad. Este último valor es el que debe hacer que la libertad se exprese en productividad acompañada de equidad, no de explotación, y debe hacer que la igualdad se concentre en las oportunidades al comienzo de la dinámica socioeconómica y política, no intente imponer resultados uniformes que se tornan en condiciones opresivas de esta dinámica. La revolución de la fraternidad es lo que la trilogía de la Revolución Francesa le descubre a la modernidad que le hace falta y, por lo tanto, le plantea a la post-modernidad que necesita realizar.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactada por el abate Sieyès, reclamada por La Fayette, el héroe de la Guerra de Independencia norteamericana, fue adoptada por la Asamblea Constituyente del 20 al 26 de agosto de 1789 y aceptada por el Rey de Francia, el malhadado Luis XVI, el 5 de octubre del mismo año. Constituye la expresión suprema de la Revolución Francesa y la mayor causa de su relevancia continuada.
En su prólogo, la Declaración califica los derechos humanos como "naturales, imprescriptibles e inalienables. En otras palabras, la Declaración supera la caracterización del sujeto de los derechos humanos como un pueblo en particular en una etapa precisa de su historia, tal que sucede con las prefiguraciones de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a saber la Magna Carta Libertatum, inglesa, de 1215, las Franquicias de Ginebra, helvéticas, de 1387, el Edicto de Nantes, francés, de 1598, y también el Bill of Rights, inglés, de 1689, impuesto por el Parlamento a María Estuardo y a Gillermo de Orange. Para la Declaración el sujeto de los derechos humanos es todo ser humano en todo tiempo y todo lugar. Con ella se inicia la universalidad de los derechos humanos
Las tres primeras estipulaciones de la Declaración se formularon así:
"1. Los hombres nacen y viven libres en derecho; las distinciones sociales no pueden justificarse más que en la utilidad común.
2. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, y ninguna institución ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella."
De esta manera, la Declaración consagra la libertad del individuo como el primer derecho humano y, al convertir al individuo libre en el fundamento del orden socio-político, opera un cambio radical en el principio de soberanía: se lo deniega al Rey y se lo atribuye a la nación, integrada por hombres que en su cohesión constituyen el pueblo. La Revolución Francesa, en razón de la primacía de los derechos humanos, transformó el principio de soberanía, antes que nada en la soberanía del pueblo.
Dos veces este mensaje de la Revolución Francesa ha sido decisivo en los últimos tiempos para la nación panameña. A finales del 1989, al ser anulados los resultados de las elecciones que fueron abrumadoramente favorables a la ADO-Civilista, Panamá se deshacía en los estertores de la dictadura y se corría el riesgo del incumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter. La OEA propició entonces un intento de negociación entre los representantes del general Noriega y la nómina presidencial de la Alianza de Oposición Civilista. En una de las sesiones más importantes de este intento uno de los representantes del régimen militar, el Dr. Rómulo Escobar Betancour, argumentó que había que salvaguardar en primer lugar la soberanía nacional y que la soberanía popular sobrevendría luego, con lo cual postergaba sine die la democratización que Panamá necesitaba con urgencia. Por lo contrario, la posición de la nómina de la ADO-Civilista, que me tocó formular, fue que, según la Revolución Francesa nos lo había enseñado, la soberanía nacional se enraizaba en y se asentaba sobre la soberanía popular y que sólo un pueblo cuya soberanía fuera ejercida y reconocida efectivamente a través de elecciones auténticas podía darse el gobierno democrático que nos urgía y podía, en consecuencia, afianzar su soberanía nacional. La negociación fracasó por el rechazo del régimen militar a honrar el principio que la Revolución Francesa reivindicó.
Poco tiempo después, la noche del 19 de diciembre de 1989, el Encargado de Negocios de los EE.UU. nos comunicó a los integrantes de la nómina presidencial panameña, ganadora de las elecciones, que el Presidente de dicho país, motivado por las provocaciones del dictador, había tomado la decisión de intervenir en Panamá. Nos preguntó además que haríamos ante tal decisión. Después de discutirlo solos entre nosotros, le contestamos que nos juramentaríamos como presidente y vicepresidentes de Panamá ante los dignatarios de la Comisión Panameña de Derechos Humanos, teniendo en mente el artículo 177 de la Constitución, de acuerdo con le cual "si por cualquier motivo el presidente o los vicepresidentes de la República no pudieren tomar posesión ante la Asamblea Legislativa, lo harán ante la Corte Suprema de Justicia; si no fuere posible, ante un notario público y, en defecto de éste, ante dos testigos hábiles".
Estábamos convencidos de que el reconocimiento de la soberanía popular panameña, en virtud de la cual habíamos ganado abrumadoramente las elecciones, era el presupuesto indispensable del rescate de nuestra soberanía nacional.
La historia ha demostrado que tuvimos razón en poner en práctica la lección de la Revolución Francesa. La insistencia en asentar el poder público sobre la voluntad popular expresada electoralmente garantizó la democratización del país y esta democratización evitó que se desconocieran los Tratados del Canal. Al mantener éstos su vigencia, se cumplió en la fecha prevista con la transferencia del Canal a Panamá. Así no sólo se reivindicó la soberanía popular, sino que se logró reafirmar y perfeccionar la soberanía nacional.
En ambas circunstancias, tanto de cara a nuestra comunidad nacional como de cara a la comunidad internacional, el principio de que la soberanía del Estado reside en la nación, concretamente en el pueblo, nos guió a los integrantes de la nómina presidencial de las fuerzas democratizadoras a defender la soberanía popular y sobre la base de ella a reafirmar la soberanía nacional. Ese principio nos vino del núcleo más esencial del mensaje de la Revolución Francesa, ese núcleo que hace que aún hoy día, en el proceso de transformación que vivimos con la globalización, sigamos encontrando inspiración en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Al celebrar otro aniversario del 14 de julio, tengamos presentes las palabras imperecederas por las que se inicia dicha Declaración: "la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos". (ariyan@sinfo.net).
