Sin alternativas residentes de "Casa Grande"
Son frecuentes las denuncias sobre el desalojo de la "Casa Grande", uno de los nombres con que se le conoce a la antigua pensión García, ubicada a un costado de la Paza Herrera en el corregimiento de San Felipe, pero no es una decisión fácil para las autoridades involucradas, ya que no tienen ninguna solución que ofrecerles.
Mientras, los vecinos dicen que es el Gobierno quien debe sacar a los residentes del inmueble porque es lamentable la vida que llevan, lo cual representa un mal ejemplo para los pocos niños que habitan el lugar.
De acuerdo con los vecinos de la Plaza Herrera, no todos los que viven en el lugar son delincuentes como se dice; también hay familias que lo hacen porque no tienen otra alternativa y "para vivir bajo un puente mejor están allí, aunque eso conlleve riesgos".
Los riesgos son encontrarse en las escaleras con drogadictos, homosexuales, lesbianas y alcohólicos, quienes son mayoría en el edificio, indicaron.
No obstante, un antiguo residente del inmueble, quien todavía lo frecuenta, dijo al Panamá América, que "muchos quieren irse del lugar, pero no tienen trabajo para pagar una vivienda digna" y los piedreros no tienen a dónde ir porque sus familias no los quieren.
Sostiene que el Gobierno debe darles oportunidad de cambiar su vida, "internarlos en programas de rehabilitación para que se desintoxiquen y puedan buscar un trabajo para mantenerse", de lo contrario, ellos continuarán habitando el inmueble y nunca se podrá terminar con el problema.
Mientras, una residente del edificio que no quiso ser identificada, sostiene que el problema no son ellos, sino las autoridades que no les prestan la atención debida, lo cual implica reparar el edifico para que esté en mejores condiciones.
Por su parte el representante de San Felipe, Mario E. Kennedy, señala que el Gobierno es quien debe presentar una alternativa, porque él no puede sacarlos, o han exigido residentes del área.
Cabe mecionar que la "Casa Grande" es propiedad de un ciudadano español, quien ha querido desocupar el lugar que ha sido condenado, para darle un mejor uso, pero a falta de soluciones de viviendas para quienes han hecho de esos cuartos su hogar, el Ministerio de Vivienda (MIVI) le paga más de mil balboas para que los inquilinos no sean lanzados.
Mientras, los vecinos dicen que es el Gobierno quien debe sacar a los residentes del inmueble porque es lamentable la vida que llevan, lo cual representa un mal ejemplo para los pocos niños que habitan el lugar.
De acuerdo con los vecinos de la Plaza Herrera, no todos los que viven en el lugar son delincuentes como se dice; también hay familias que lo hacen porque no tienen otra alternativa y "para vivir bajo un puente mejor están allí, aunque eso conlleve riesgos".
Los riesgos son encontrarse en las escaleras con drogadictos, homosexuales, lesbianas y alcohólicos, quienes son mayoría en el edificio, indicaron.
No obstante, un antiguo residente del inmueble, quien todavía lo frecuenta, dijo al Panamá América, que "muchos quieren irse del lugar, pero no tienen trabajo para pagar una vivienda digna" y los piedreros no tienen a dónde ir porque sus familias no los quieren.
Sostiene que el Gobierno debe darles oportunidad de cambiar su vida, "internarlos en programas de rehabilitación para que se desintoxiquen y puedan buscar un trabajo para mantenerse", de lo contrario, ellos continuarán habitando el inmueble y nunca se podrá terminar con el problema.
Mientras, una residente del edificio que no quiso ser identificada, sostiene que el problema no son ellos, sino las autoridades que no les prestan la atención debida, lo cual implica reparar el edifico para que esté en mejores condiciones.
Por su parte el representante de San Felipe, Mario E. Kennedy, señala que el Gobierno es quien debe presentar una alternativa, porque él no puede sacarlos, o han exigido residentes del área.
Cabe mecionar que la "Casa Grande" es propiedad de un ciudadano español, quien ha querido desocupar el lugar que ha sido condenado, para darle un mejor uso, pero a falta de soluciones de viviendas para quienes han hecho de esos cuartos su hogar, el Ministerio de Vivienda (MIVI) le paga más de mil balboas para que los inquilinos no sean lanzados.
